Como máxima experiencial, quizás resulte ocioso determinar cuándo fue acuñada la frase paremiológica de que los jueces hablan por sus sentencias. Empero, sin parar mientes en la datación histórica de semejante aserto, cabría preguntarse si hoy el mundo de la judicatura puede interaccionar para lograr empatía con la ciudadanía concurrente ante la justicia, cuando en nuestros días las estructuras mediáticas divulgan mensajes noticiosos redactados bajo versión monocromática, tras procesarse la información recibida, a través del prisma periodístico, cuyo contenido sensacionalista gira en torno a un solo hecho, dotado de novedad y actualidad.
A la judicatura de antaño, hablar únicamente por sus sentencias, tal vez le resultaba conveniente, puesto que así mantenía su investidura sacrosanta dotada de indemnidad, pero este proceder permitió que la figura del juez adquiriese un perfil impropio de persona de carne y hueso, hasta el punto de dársele imagen y semejanza con Dios, dizque por aquello de tener la potestad de juzgar en el mundo terrenal la conducta de sus congéneres, ciclópea tarea reservada al creador de todo cuanto existe en el universo.
En efecto, la justicia suele mostrarse con grafía inicial en mayúscula o minúscula para adquirir doble acepción. Así, representada con letra capital significa valor absoluto y trascendental, cuyo fuero supremo le pertenece a Dios, pero en la otra modalidad escritural cabe poner de manifiesto el servicio público, cuyo resultado puede ser calificado como justo e injusto. Luego, debido a dicha apreciación valorativa existen estructuras judiciales de primer y segundo grado con miras a permitir que las jurisdicciones de alzada queden apoderadas, en aras de corregir sentencias o resoluciones torticeras.
Por todo cuanto ha quedado sentado, cabe reconocer que la judicatura requiere contar con una vocería oficial de la justicia, ya que en la sociedad hodierna, donde hay estructuras mediáticas dotadas de la conectividad prohijada en la internet, lo cual le permite concitar cobertura global de forma sincrónica y asincrónica, por cuya razón el Poder Judicial amerita tener un portavoz empoderado, a través de los conocimientos pertinentes sobre derecho y comunicación, en busca de asumir no solo la entrega de información e insumos a la prensa, sino también para diseñar estrategias propias del área periodística, a fin de trabajar en el mejoramiento de la imagen institucional y legitimar esta función pública que persigue la pacificación social.
De cuando en vez, a propósito del surgimiento de algún barullo con epicentro en la jurisdicción penal, entonces resulta apremiante que exista la portavocía oficial de la justicia, debido a la crítica destructiva que suele emprenderse en contra de la judicatura o en desmedro del juez particular que dictó la decisión judicial objeto de cuestionamiento público. Así, frente a semejante situación, el vocero institucional puede ocuparse de mostrar a la ciudadanía la versión completa del expediente, cuyo fardo probatorio aportado propició la adopción de la sentencia o resolución causante de dicha disonancia cognitiva.
De todas las jurisdicciones, huelga decir que la justicia penal tiende a concitar interés inusitado en la ciudadanía, por cuanto guarda relación con los hechos que mueven a las personas hacia el reproche de los actos sindicados como impropios para los seres humanos, tras considerarse que los hombres y mujeres por su educación escolarizada e informal, así como por su capacidad de discernimiento, deben abstenerse de entrar en conflicto con el ordenamiento jurídico.
A resultas de similar propensión, los profesionales de la prensa procuran primicias en las fuentes judiciales de la justicia penal, dizque para mantener informada a la ciudadanía, pero dicho propósito puede quedar truncado, debido a la forma en que se procesan los insumos recibidos o datos investigados, cuyo tratamiento obedece a la lógica del trabajo periodístico que impele a prestar atención a los criterios de novedad, actualidad y sensacionalismo, sin parar mientes en la completitud del expediente.
Como se trata de una fuente noticiosa de primer orden, la judicatura no debe permitir que siga campeando por sus fueros la desinformación, por lo que cabe concluir diciendo que el Poder Judicial como responsable de la pacificación social requiere del portavoz oficial de la justicia para que este experto pueda lograr que la ciudadanía empatice con el trabajo de los jueces, interaccionando con las estructuras mediáticas, en aras de evitar que las prenociones continúen cobrando visos de veracidad o verosimilitud.
