En su calidad de secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio ha emprendido un viaje que lo ha llevado a El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y, finalmente a República Dominicana con el objetivo de desarrollar una agenda común que, entre otros temas, comprende la lucha común contra el narcotráfico, la expansión comercial de China en la región, el problema de la migración, y algunos temas específicos propios de uno de estos países.
Pienso que no habrá inconvenientes respecto a los dos primeros temas, pues el país ha tenido desde los años 2004 en adelante una estrecha cooperación con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y de hecho, los organismos norteamericanos que se ocupan del tema mantienen una relación estrecha con sus pares dominicanos; y en lo concerniente a los negocios con China, con la que establecimos relaciones diplomáticas en los años finales del gobierno de Danilo Medina, la actual administración desde sus inicios declaró que cualquier inversión de ese país sería bienvenida, excepto en las áreas de telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, precisamente, los aspectos que preocupan a los norteamericanos. Por lo demás, hasta ahora, las inversiones y el endeudamiento con China han sido muy limitados, a diferencia de lo que ha acontecido en algunos países sudamericanos.
Ahora bien, el tema de las migraciones sí puede suscitar algunas inquietudes, aunque hasta ahora el país viene recibiendo compatriotas deportados que son enviados por los Estados Unidos en aviones comerciales fletados. En efecto, tanto bajo el gobierno de Obama, el anterior de Trump como el de Biden, cada semana la prensa nacional reseñaba la llegada al país de un centenar de deportados, la mayoría por haber cumplido condena por la comisión de un determinado delito.
No obstante, ahora se han anunciado deportaciones masivas, y se estima que casi 200 mil dominicanos se encuentran sin papeles en territorio norteamericano, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya tiene fichados a más de 12 dominicanos indocumentados, algunos con expedientes delictivos. Si el anuncio de la deportación se cumple es obvio que generará problemas, pues ocasionará tensión en el mercado de trabajo, impactando sobre la oferta y los salarios, y afectará el envió de remesas, con lo cual se perjudicarán familias que dependen de ellas y se incrementará la prima del dólar.
Aunque estas deportaciones masivas no han comenzado, ya se iniciaron las redadas en barrios poblados por inmigrantes, y en estos se escuchan noticias alarmantes de comerciantes que denuncian que sus negocios están vacíos, que en las calles no se ve un alma, que los obreros dejan de ir a sus empleos. En fin, toda una alarma que ha sembrado un estado de desasosiego que merma los ingresos en dólares de estos hermanos dominicanos.
Desde luego, un tema que no podrá estar ausente en el diálogo que se sostendrá en el país es el de Haití, un estado colapsado, hoy dominado por bandas de criminales. Haití también sufrirá la deportación de sus indocumentados, y es necesario recordar que una alta proporción de estos está acogido al Programa Temporal de Protección (TPS), el cual acaba de ser anulado por la administración Trump, lo cual provocará que miles de haitianos sean deportados, y aunque los reciba su país, la situación allí es tan calamitosa que harán todo lo posible por emigrar de nuevo, lo que redundará en una presión migratoria sobre la República Dominicana.
La situación no puede ser más preocupante, y especialmente en estos momentos en que los Estados Unidos ha anunciado, al menos temporalmente, la suspensión inmediata de su contribución a la Misión Especial para la Seguridad de Haití (MSS), que con unos pocos efectivos militares de Kenia trata de controlar el caos desatado por las bandas que asolan este país.
República Dominicana debe demandar, que los Estados Unidos mantengan una política de cooperación hacia Haití, ya que la comunidad internacional se ha mostrado indiferente, pues nosotros hemos hecho lo que nuestra realidad económica nos ha permitido, y más en estos momentos en que debemos afrontar ingentes retos con la llegada de los compatriotas deportados y la eliminación por parte de las autoridades norteamericanas de programas que eran financiados total o parcialmente por su Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), varios de ellos de fuerte impacto social, como los destinados a la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia (VIH) y a la rehabilitación de personas con discapacidad.
El mundo se prepara a vivir horas convulsas. Tal parece que la era de la globalización y la libertad de comercio, que precisamente impulsaron los Estados Unidos a partir de 1990 comienza a ser desmontada para retornar a la época de las aduanas y los aranceles prohibitivos a las importaciones. La batalla comercial entre grandes potencias ha comenzado, y en su fragor, países pequeños como el nuestro pueden resultar afectados. Más que nunca, se necesita de buen juicio.