Es muy probable que nuevamente sea pospuesta la discusión de una reforma fiscal y aunque es indiscutible que el momento de crisis que vive el mundo como consecuencia de la pandemia que lo sigue azotando es poco propicio, con alzas en los precios de los insumos, los fletes, los combustibles, etc. que están afectando los suministros, aumentando los costos, demorando las entregas e impactando servicios fundamentales como el de energía, y acentuando aún más las desigualdades, no menos cierto es que en realidad para muchos nunca será el momento adecuado porque simplemente no desean enfrentarlo.
Todo lo que conlleve un aumento de impuestos, de precios, de tarifas o que implique una disminución de los ingresos es de difícil discusión, pero es importante tener claro el muy distinto impacto para unos y otros, lo que debe ser la guía de la razonabilidad de las decisiones tomadas. Igualmente es conflictivo intentar eliminar lo que a algunos se les ha dado con justificada razón o sin ella, porque los beneficiarios se resisten y muchas veces primará más el poder que tengan que la justicia, en salir premiados o agraviados.
Aunque muchos se sientan aliviados cuando se aplaza una medida necesaria pero indeseada, la realidad es que solo estamos agravando más el problema y postergando decisiones que al final se impondrán en peores circunstancias y todos pagaremos el costo de la postergación, aunque desafortunadamente en desigual medida, pues los que menos tienen siempre son los más castigados por la falta de racionalidad económica en la toma de decisiones.
Una mayoría abrumadora de nuestros senadores reaccionó de forma cínica e inapropiada a las críticas que con mucha razón se han hecho desde hace tiempo al burdo negocio de la venta de sus exoneraciones para la importación de vehículos sin ningún límite de precio y cilindraje, del cual es justo decir que no todos los que han sido legisladores han participado, negocio que por demás desnaturaliza el fundamento de tal exención impositiva pues no se trata de facilitar un vehículo razonable para dichos funcionarios sino de darle una patente para que algunos puedan negociarla al mejor precio posible para así aumentar sus ya altos ingresos o para compensar sus gastos de campaña.
Si bien todos los sectores defenderán el régimen tributario que tengan y las exenciones de que gocen mientras el gobierno por su parte proclama que para desmontar el déficit y los niveles de endeudamiento se requiere una racionalización de estos y aumentar los ingresos, es indiscutible que algunas exenciones tendrán más justificación que otras, por lo que intentan promover, proteger o impulsar.
Basta leer el documento presentado por los senadores para que salte a la vista que no podemos comparar la Ley 96-88 que autoriza la importación de máquinas tragamonedas en casinos de juegos o la Ley 57-96 sobre exoneraciones a miembros del poder legislativo, con incentivos al desarrollo de fuentes renovables de energía o al turismo, así como que los efectos de tales regímenes especiales sobre el desarrollo de la economía, la generación de empleos y la competitividad del país en distintos sectores y las consecuencias de las modificaciones que puedan hacerse, son de interés nacional.
Mientras sucede este bochornoso espectáculo al otro lado de la frontera un repugnante jefe de una banda criminal intenta hacer un trueque entre la dimisión del primer ministro por su supuesta implicación en el asesinato del presidente, y permitir la distribución del combustible, cuya carencia tiene fuera de servicio hospitales y demás instituciones, así como comercios y empresas, complicando aún más su delicadísima situación.
El chantaje siempre es la vía equivocada, aunque se quiera revestir de justificación como intentaron hacer los senadores al decir que son partidarios de la igualdad y solidaridad, pero es inaceptable cuando se trata de representantes de un poder del Estado quienes deben velar por los mejores intereses del país, y no jugar al cinismo y la provocación sin medir las consecuencias con tal de preservar lo que ellos entienden intocable y la sociedad rechaza por injustificable
