El Sistema Dominicano de Seguridad Social que instituye la Ley 87-01 sometida hoy como declarada intención a su “revisión integral”, no se limita solo a los seguros de salud y pensiones.
Procede tener muy presente las prestaciones por riesgos laborales, que comprenden los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.
Se recuerda como al comienzo de la pandemia se dispuso que el costo del programa FASE de auxilio económico desde el Estado a la población se cubriría, como oficialmente se informó, de una parte “de los RD 12,000 millones provenientes de los recursos de las reservas técnicas en exceso que tiene el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de los Riesgos Laborales (Idoppril)”.
Se entiende y se justifica la respuesta de emergencia; pero no se entiende lo del “exceso” de 12 mil millones de pesos, sin aceptar al mismo tiempo muy serios problemas de concepción y enfoque de la Seguridad Social en la materia.
No es cierto que en el país se pueda justificar reservas técnicas en exceso en la cobertura de los riesgos laborales. El problema está en superar los estrechos límites de una concepción de la Seguridad Social que la realidad laboral y de la población en general de países como el nuestro ya más que trasciende; pero aun así no ha encontrado las pertinentes y no menos creativas respuestas que requieren de nuevas rutas y enfoques.
El propio desarrollo histórico de la Seguridad Social ya marcó esa otra ruta. No olvidar el cambio de paradigma de la Seguridad Social que introduce William Beveridge en el Reino Unido a partir del año 1945 asumiendo como meta a toda la población y que iluminó al mundo, superando el enfoque originario de los Seguros Sociales instituido por Otto Von Bismark en Alemania desde el año 1883 solo entonces para el sector laboral formal. Se entiende que el enfoque de Beveridge requiere ser reasumido a nivel mundial a partir de las lecciones de la pandemia.
Pero aún solo en el estricto marco de la población laboral procede tomar en cuenta que más del 50 % de las trabajadoras y trabajadores dominicanos pertenecen al mercado laboral informal totalmente fuera de la protección en cuanto a riesgos laborales; solo mirar el lado profundamente humano de lo que acontece con los “motoconchistas”- primer lugar en accidentes de tránsito- que transportan diariamente a miles de ciudadanas y ciudadanos, incluyendo niñas y niños.
Si va en serio lo de la revisión integral de la Ley 87-01 se tiene en los riesgos laborales una gran oportunidad para innovar, cubrir grandes vacíos y avanzar.
