El crecimiento del acervo cultural de una nación, sin lugar a dudas, contribuye a mejorar las condiciones de vida de la gente.La música popular, el folclor, la literatura y las artes plásticas aparecen listadas dentro de las categorías de patrimonio cultural inmaterial y mueble. Lo mismo sucede con el cine. Con razón se señala que el cine representa y construye la personalidad, el pasado y la historia de una sociedad, generando un valor documental que es necesario analizar y preservar. Por ello la UNESCO lo incorpora en el listado de elementos que definen el patrimonio cultural de una nación.
Fue eso lo que motivó al Gobierno dominicano a someter al Congreso Nacional un proyecto de ley de incentivo tributario para estimular la actividad cinematográfica, el cual fue convertido en la Ley 108-10 del 2010 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (Ley de Cine).
Han pasado 7 años desde la aprobación de esa ley. No hay dudas de que la misma ha estimulado la desviación de recursos hacia la actividad cinematográfica, tal y como se deseaba. No creemos, sin embargo, que los resultados de la inversión de esos recursos han contribuido a elevar el acervo cultural de la República Dominicana tal y como aspiraban los propulsores de la iniciativa.
Posiblemente, la UNESCO tendría dudas de asentar dentro del patrimonio cultural dominicano la mayoría de las producciones cinematográficas que comenzaron a emanar a partir del 2011 bajo el amparo de la Ley de Cine. A primera vista, resalta la elevada participación que tienen las comedias en el inventario acumulado de nuestras producciones cinematográficas. No debe culparse a las empresas productoras de cinematografía de este resultado. Estas han aquilatado muy bien lo que el mercado demanda y han ofertado, en consecuencia, lo que este solicita.
Dado que la Ley de Cine no discrimina en el otorgamiento de incentivos dependiendo de la categoría de la película, las empresas productoras, actuando racionalmente, han leído bien las señales de un mercado que lo que quiere, aparentemente, es divertirse y reírse en el cine. No es por casualidad que las películas de producción doméstica más taquilleras son las comedias.
Uno entendería que, en un país económicamente estancado y postrado, con elevadísimo desempleo e inflación y, en consecuencia, con una población anímicamente deprimida, el Estado sacrifique una parte de sus ingresos fiscales para otorgar subsidios a empresas que se dediquen a hacer reír a la gente produciendo y llevando comedias al cine. Pero hacerlo en la economía más vibrante de la región durante el 2011-2016, con una de las tasas de inflación y desempleo más bajas en el Continente, resulta contraproducente.
Ese es el riesgo que se corre cuando se conceden exenciones fiscales generalizadas. La culpa no es de los políticos que apadrinaron esta legislación. La culpa la tiene nuestra clase profesional, la de los economistas. Los economistas que diseñaron el esquema de incentivos de esta ley, probablemente incurrieron en el error de importar supuestos que podrían ser válidos en sociedades social, educativa y culturalmente más desarrolladas que la nuestra. Al hacer esos supuestos, previeron que la Ley de Cine iba a generar producciones de calidad, capaz de competir en los escenarios donde se premia la mejor cinematografía global.
El caso de la cinematografía dominicana ameritaba un enfoque focalizado de incentivos del Estado. La exención de impuestos no era ni es la vía adecuada. La forma correcta para apoyar el cine dominicano es el subsidio estatal. Al igual que existe en otros países, el Gobierno podría establecer el Fondo para el Fomento de la Industria Cinematográfica (FFIC), el cual tendría una asignación anual en el Presupuesto General del Estado de RD$250 millones. El FFIC sería manejado por un patronato conformado exclusivamente por representantes de la sociedad civil y cultural del país. A dicho fondo podrían aportar también las grandes empresas industriales, comerciales, financieras y de telecomunicaciones que hoy, de los impuestos que deben pagar a la DGII, deducen el 100% de lo que invierten en producción de comedias cinematográficas, entre otras. Los recursos del FFIC se utilizarían para subsidiar la producción cinematográfica de los mejores guiones seleccionados por el patronato del FFIC. Un subsidio de RD$50 millones a cada uno de los mejores guiones llevados a la pantalla serían los ladrillos que permitirían construir el patrimonio cinematográfico dominicano. Terminaríamos así con la aberración de dar exenciones para producción de comedias, precisamente, el género cinematográfico de mayor demanda y que, por tanto, menos apoyo estatal requiere. No olvidemos que “Perico Ripiao”, la más taquillera de las películas dominicanas de todos los tiempos, se produjo en el 2003, cuando no teníamos Ley de Cine.
El Gobierno se ahorraría más de RD$1,100 millones al año si se tiene en cuenta que, en el 2017, el gasto tributario de las exenciones de la Ley de Cine se estimó en RD$1,402 millones. Además de apoyar la producción de cine de calidad, el Gobierno tendría un elevado retorno político, pues en cada producción, como sucede en otros países, se indicaría que la misma cuenta con el apoyo económico del Estado. En la actualidad, el apoyo quien lo da, a través de exenciones, es el Gobierno. Pero como eso está difuso en el Presupuesto, las empresas que se benefician de las exenciones usurpan el apoyo, lo hacen suyo y le sacan, además del tributario, provecho publicitario. Definitivamente, “van de robo”.
