Es bastante obvio que la globalización está bajo ataque. Y ahora no es tanto desde la izquierda social que se manifestó contra la OMC y los acuerdos de libre comercio, ni la política que desde varios gobiernos de América Latina descarriló el ALCA en 2005. En la actualidad es desde la derecha conservadora, con Donald Trump a la cabeza.
El orden económico retado
El amplio descontento de los excluidos de la globalización ha servido de base para las acciones contra el orden económico global que se impuso desde finales de los ochenta. Ese orden tiene tres pilares vinculados entre sí. Primero, libre movilidad de las inversiones y del comercio garantizada por acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales. Segundo, libre movilidad de los flujos financieros que le ha conferido un poder inigualable a los grandes bancos y fondos de inversión de los países ricos. Tercero, la conformación de redes globales o internacionales de producción bajo el comando de corporaciones globales, las cuales explican hoy una elevada proporción de la producción mundial. Hoy muchos de los productos no se fabrican en un solo país, sino que la producción pasa por numerosos países, y en cada uno de ellos transforman los insumos de alguna manera particular.
Sin pretender que todos los efectos de ese proceso han sido negativos, algunos resultados de ese arreglo han sido la exacerbación de la concentración de la riqueza. Pero también una concentración del conocimiento, del desarrollo tecnológico y de sus beneficios derivados en cada vez menos empresas y personas. Pocos países en desarrollo han podido aprovechar oportunidades en ese entorno. Las claras excepciones han sido algunos países del Sudeste de Asia y China.
Al inicio del gobierno de Trump, parecía dudoso que sus amagos pudieran traducirse en cambios significativos en ese orden. Hoy hay que reconocer que la duda es menor. Y aunque el orden seguramente no será cambiado de manera severa porque el tinglado de poder que le da sustento sigue incólume, al menos habrá disrupción.
Frente al desafío que Trump le está presentando al orden global, es natural que las personas y los sectores excluidos en todo el mundo, aquellos que han sido o están a punto de ser afectados y que no han sido compensados ni han sido beneficiarios de previsiones frente a lo inminente, vean en la coyuntura una oportunidad para hacerse sentir y avanzar sus reclamos. Ese es el caso del sector agropecuario dominicano, el gran perdedor del DR-CAFTA.
Siguiendo el ejemplo
El razonamiento es claro: si Estados Unidos habla de su comercio con China y México como uno que resulta de arreglos injustos, la República Dominicana también puede hacer lo mismo, y así como el gobierno estadounidense reclama revisar los términos de los acuerdos con esos países, al país le asiste el derecho de hacer lo propio, en el caso de los productos agropecuarios.
Vale indicar que, aunque sea Trump quien enarbole ese discurso (no es difícil rechazar, sin reflexión alguna, todo lo que venga de él; esa alergia que tiene buena parte del mundo a él, se la ha ganado él solito) y aunque sea claro que no es verdad que Estados Unidos ha sido perdedor de los acuerdos comerciales (por el contrario, se ha beneficiado mucho, solo que hay quienes han perdido), el reclamo estadounidense de revisarlos y de proteger actividades prioritarias no puede ser acusado de ilegítimo.
Tampoco lo es el reclamo del sector agropecuario dominicano.
El mal estuvo en otro lado: en el totalitarismo del libre comercio que se impuso en los acuerdos comerciales, en unos tratados que no dejaban resquicios, que no daban libertades mínimas ni consideraban excepciones relevantes, y que cerraron en demasía los espacios para proteger, por ejemplo, sectores socialmente sensibles y evidentemente incapaces de aguatar el rigor de la competencia de las corporaciones globales o de nuevos jugadores que se abrían espacio en el comercio internacional. También lo estuvo en la indiferencia de quienes tenían poder para apoyar la reconversión productiva de empresas y de personas.
Incógnitas sobre el estado del reclamo
Respecto al posible reclamo dominicano, en este momento sólo tenemos una declaración del Ministro de Agricultura sobre la intención de convocar a consultas. Por lo menos por el momento, no está claro que la convocatoria tenga o vaya a tener apoyo político al más alto nivel.
Aunque habría que esperar, hay dos señales que hacen dudar de eso. Primero, el hecho de que se desconozca el resultado del trabajo de la comisión designada para elaborar propuestas sobre el comercio de productos agrícolas bajo el DR-CAFTA. Segundo, el nivel de influencia que se percibe tienen sobre la cúpula ejecutiva algunos sectores, como el de zonas francas, los cuales tienen intensas aprehensiones sobre plantear la discusión.
Tampoco hay claridad sobre la postura de los gobiernos y los gremios agropecuarios de Centroamérica. En la medida en que se trata de un acuerdo multilateral, todos los países deberían involucrarse. Si los gobiernos de esa región, enfrentados a las mismas presiones y contradicciones que el nuestro, no le hacen coro al país, difícilmente se mueva algo.
La agenda estadounidense
Pero aun despejándose esas incógnitas y concretándose el llamado a consultas, la pregunta que sigue sería: ¿Qué Estados Unidos (¿y Centroamérica?) pediría a cambio? ¿Cuáles son los temas que ese país pondría sobre la mesa? Frente a una propuesta tan seria como la de modificar calendarios de desgravación u otros textos del acuerdo, Estados Unidos podría reclamar darle un trato recíproco para algunos productos dominicanos. Pero cualquier cosa que digamos al respecto en este momento es especulación.
Lo que no es especulación es un listado de ocho temas que son, en la actualidad, una espina en el zapato de Estados Unidos respecto al cumplimiento del DR-CAFTA por parte del país, y sobre los que han venido insistiendo sin que se perciban progresos significativos. Estos son recogidos por el “2018 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers” (algo así como Informe Nacional sobre Barreras al Comercio en el Extranjero 2018) de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Estos son:
1. Las importaciones de varillas. Estados Unidos se queja de que la forma en que la regulación dominicana es implementada discrimina contra las importaciones porque las someten a pruebas que las dilatan y encarecen, no responden a estándares internacionales, no hay tratamiento similar de las varillas dominicanas, y no son suficientemente transparentes. Ceder en esto para ganar en agricultura va en detrimento de los poderosos fabricantes nacionales de varillas.
2. Etiquetado de alimentos. Se argumenta que la norma que exige que el etiquetado en español sea puesto por el fabricante (distinto a la práctica de re-etiquetado local) puede estar distorsionando el comercio innecesariamente. Aceptar ese argumento iría en detrimento de los fabricantes locales y sus suplidores agropecuarios, que son a quienes, precisamente, se pretende proteger.
3. Cuotas de importación de productos agropecuarios. Estados Unidos se queja de que la asignación de cuotas se ha venido haciendo muy tardíamente, varios meses después de haber iniciado el año, perjudicando a sus proveedores (no fue el caso de 2018). Además, dice que las cuotas, especialmente de habichuelas y lácteos, se manejan discrecionalmente con el objetivo no legítimo de influir en el volumen de importaciones.
4. Vehículos usados. Exportadores de vehículos usados de Estados Unidos dicen que frecuentemente las autoridades imponen trabas argumentando que no tienen forma de verificar si el producto es efectivamente estadounidense (origen), negándole la liberación de los aranceles.
5. Compras públicas. Proveedores estadounidenses se quejan de la falta de transparencia y que la corrupción es un problema.
6. Propiedad intelectual. República Dominicana está en la lista de vigilancia de Estados Unidos porque las autoridades muestran falta de voluntad política, recursos y capacidades para cumplir sus obligaciones. Las preocupaciones se centran en la piratería de la señal de satélites, productos falsificados, softwares sin licencias, y denegaciones administrativas de solicitudes de ajuste del plazo de patentes.
7. Telecomunicaciones. Se quejan de que no hay garantías de un proceso rápido y transparente para la renovación de los acuerdos de concesión, y que no se impide que los proveedores dominantes apliquen tasas por encima de los costos, poniendo a los competidores y posibles nuevos entrantes en desventaja.
8. Corrupción. Muchos inversionistas y ciudadanos de ese país se quejan de la corrupción en el gobierno y en la justicia, y perciben que los tiempos administrativos y judiciales son opacos, inconsistentes y muy largos.
Este listado ayuda a identificar “por donde podrían venir los tiros” y a los actores que, además de los exportadores de bienes de mayor peso, pudieran oponerse, abiertamente o de forma encubierta, a renegociar la agricultura en el DR-CAFTA.
