El X Censo Nacional de Población y Vivienda se ha convertido en un tema político cuya dimensión podría quedarse en el ruido de ahora de quienes lo critican, pero también se podría extender, por la sensibilidad del tema que se cuestiona.
Los nacionalistas, con la familia Castillo, los Vincho, como mayores exponentes, critican aspectos del censo, bajo el argumento de que no se especifica sobre la nacionalidad de las personas.
Sobre esa cuestión, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas, afirmó: “El dato que vamos a dar es la población nacida en otro país… no vamos a preguntar nacionalidad, no nos corresponde, es un tema de política migratoria”.
Acerca de ese punto, ayer el presidente Luis Abinader, que fue el primero en ser censado en su casa, dijo lo siguiente: “Hemos hablado de ese tema. Las preguntas de este censo son las mismas de todos los países, es exactamente el mismo. Aquí no se va a cambiar a nadie, si es dominicano o si es extranjero.
Aquí lo que vamos es a contar quiénes son los dominicanos, cuántos hay y qué necesita cada uno”.
El tema haitiano es delicado y más en este momento por la situación que vive el vecino país y la cantidad de sus nacionales que se observa en las calles dominicanas. Sus efectos podrían tener un alto precio político para los dirigentes, del Gobierno o de la oposición que no lo manejen de manera adecuada.
Hasta ahora, el presidente Abinader ha navegado con éxito con ese tema. La última muestra fue ayer, luego del llamado del representante de la ONU de detener las deportaciones de ilegales, el gobernante lo paró en seco. Dijo que no solo continuarán las deportaciones, sino que las va a incrementar.
De paso, con esa declaración, el presidente Abinader “se enfría” con los Vincho que lo tienen en capilla ardiente por no haberlos complacido con las exigencias de incluir la nacionalidad de los censados o posponer el censo hasta que se lograra mayor consenso.
Este tema es largo, interminable y da para terminar este año y hasta que concluya la campaña del 2024. Y el tiempo, que no se detiene, dirá si tendrá un costo político para el Gobierno.
