Los moradores de unas 38 comunidades entre municipios, distritos, secciones y parajes de las provincias fronterizas de Santiago Rodríguez y Dajabón, están atormentados, preocupados y arropados por la incertidumbre, cuando observan las maquinarias que con frecuencia operan en la zona, incluidos helicópteros, en busca de oro, plata y cobre en las áreas cercanas al Parque Nacional Nalga de Maco y la sierra Pico del Gallo, donde nacen varios ríos.
El Ministerio de Energía y Minas mediante la resolución R-MEM-CM-038-2022 otorgó la concesión de exploración minera “Piedra Pintada” a la empresa Bohío Resources DR S.A.S, representada por William Matías Ramírez. El permiso es por un periodo de tres años para con una extensión superficial de cuatro 4 mil 365 hectáreas mineras.
Según la resolución de Energía y Minas, el proyecto abarca las siguientes comunidades de Santiago Rodríguez y Dajabón: El Pino, Restauración y Villa Los Almácigos, distrito Manuel Bueno Boca de Vereda, Cerca de la Piña, Colonia El Naranjito, El Guayabal, El Jengibre, El Manguito, El Maniel, Higo Bonito, La Canastica, La Ceiba de Bonet, La Gina, La Jagua Abajo, La Jagua Arriba, La Luisa, La Penda, Loma de Cana, Loma de Sabana, Las Auyamas, Los Jengibres, Los Naranjos, Musú, Palma Larga, Pelagio y Yaya Picada; secciones: Ceiba de Bonet, La Ginita, La Luisa, Los Cerezos y Manuel Bueno.
Llama la atención que la solicitud del permiso de exploración se sometió el 20 de mayo de 2022 y ya el 29 de noviembre de ese mismo año había sido firmado por el titular de la institución. Es decir, en poco más de 5 meses, se otorgó el permiso, lo que genera curiosidad por la lentitud que caracteriza al Estado en materia de permisología.
En todo caso, las autoridades deben explicar a los moradores de esas comunidades el alcance de ese proyecto y su posible impacto ambiental para evitar que falsos ambientalistas se aprovechen de la situación para otros fines.
Según versiones las autoridades de la iglesia católica, la institución de mayor credibilidad en el país, han empezado a organizar a la comunidad para hacer resistencia a un posible proyecto de explotación minera por el impacto negativo a los recursos naturales de esa zona.
