En poco más de dos meses, el Senado de la República tendrá que escoger a los nuevos miembros de la JCE, que tendrán la responsabilidad de organizar las elecciones de 2028.
Luego de que la ley 33/18 le otorgó a la JCE la responsabilidad de organizar las primarias de los partidos políticos, el órgano comicial tiene que organizar tres procesos electorales distintos en poco más de ocho meses.
La desconfianza en el resultado de las elecciones ha sido la principal marca del órgano en la historia democrática, en ocasiones con razón y en otras, sin fundamento, pero esa realidad ha sido una constante. La confianza no es un intangible que se regala ni se compra, se gana.
La actual gestión de la JCE trabajó para ganarse la confianza de los actores políticos y la ciudadanía. Un ejemplo es que cuando la oposición política emitió un pliego de condiciones para participar en las elecciones de mayo, luego de las votaciones municipales de febrero, los miembros de la JCE en lugar de negar las quejas de los partidos políticos y las observaciones que hizo la OEA, atendió esos reclamos.
La JCE también se colocó del lado de los partidos de oposición que reclamaron los recursos que por ley les correspondían y que fueron recortados por el gobierno central. El órgano acató las sentencias de los tribunales a pesar de que en algunos casos, esos fallos retaron el montaje de las elecciones.
El resultado de las elecciones se dio en tiempo récord, tanto en febrero como en mayo, a pesar del voto y conteo manual. El registro civil no ha estado sometido a escándalos y las denuncias que se hayan hecho han sido respondidas por la autoridad de la JCE, con la debida diligencia.
La apuesta del Senado y el país en el proceso de selección de la nueva JCE debe ser hacia el fortalecimiento de la confianza ganada en las elecciones recién concluidas. Un retroceso en la conformación sería generar incertidumbre a la población y afectar la democracia.
Son muchos los episodios vinculados a la desconfianza en el órgano electoral, tan recientes como las elecciones de 2020. La apuesta debe ser preservar la confianza ganada por el bien de la democracia.
