Que en medio de una crisis sanitaria sin precedentes como la que azota el mundo desde inicios del pasado año 2020 en nuestro país el número de fallecimientos por causa de ingesta de bebidas adulteradas con elementos altamente tóxicos como el metanol, en determinados momentos sobrepase por mucho las víctimas del covid-19, 95 solo en el presente mes y casi 350 desde el año pasado, es una vergüenza y una patética muestra de nuestros niveles de ilegalidad e impunidad.
Y no solo se trata de falta de sanciones, sino también de un vicio muy común en nuestras autoridades de falta de seguimiento a los planes que se anuncian cuando la marea sube para provocar titulares y calmar los ánimos y que se olvidan tan pronto baja, así como de la sospechosa tendencia a la búsqueda de las más costosas supuestas soluciones a los problemas, que generalmente conllevan enormes ganancias para los contratistas del Estado y para sus intermediarios que facilitan tales contratos.
Al dolor que han experimentado las familias víctimas de estas pérdidas y al gran daño que significa para estas y para el país la desaparición de personas en la mayoría de los casos jóvenes por algo tan reprochable como esto, hay que sumar las graves consecuencias que esto entraña para la imagen del país.
Recordemos que nuestro pujante sector turístico tan golpeado por esta pandemia debido al confinamiento que impone, el cual ha afectado los desplazamientos y la recreación en todo el mundo, venía de sobrepasar una crisis por fallecimientos de turistas que fueron asociados al parecer maliciosamente a ingestas de bebidas alcohólicas, por lo que las noticias sobre esta aberrante situación podrían afectar la importante labor que están llevando a cabo nuestras actuales autoridades, no solo para sortear la crisis lo mejor posible, sino para prepararnos para estar colocados en primera línea y salir primeros en la carrera cuando finalmente se levanten las restricciones.
El problema de las adulteraciones de bebidas que trasciende por sus consecuencias apocalípticas es parte de un mal generalizado de comercio ilícito y falsificaciones de bebidas, medicamentos, cigarrillos y otros muchos productos, que no ha tenido las debidas consecuencias y ha sido tolerado y ha proliferado con la complicidad de autoridades, el cual, como generalmente, solo es objeto de denuncias por parte de las empresas formales perjudicadas por la competencia desleal que merma sus negocios y de las autoridades tributarias víctimas de la evasión fiscal, a pocos les ha importado, pues la banalidad lleva a cerrar los ojos ante la ilegalidad y sus peligros, con tal de adquirir productos a menor precio.
El tráfico de ilícitos esconde sórdidas redes que las autoridades han tenido poca voluntad en enfrentar, por eso quizás las anteriores optaron por la vía fácil de contratar la imposición de estampillas fiscales para bebidas a pesar de las advertencias de distintas asociaciones empresariales de que no eran una solución efectiva para luchar contra el mercado ilegal, pues no atacan las causas del mal.
Detectar quiénes importan el metanol y a quiénes se lo están vendiendo para fines ilegales, quiénes fabrican estas mortíferas bebidas y quiénes las venden a sabiendas de que son ilegales, algunas de las cuales incluso se promovían sin que las autoridades de salud hicieran nada a pesar de no tener registros sanitarios, debería ser tan fácil como detectar quienes compran los metales robados y los exportan, pero nunca ha habido ojos para ver lo que no se tiene interés de mirar, ni interés para sancionar lo que tiene un trasfondo que no se quiere tocar.
Que las tantas vidas inexcusablemente perdidas por esta causa provoquen una firme voluntad, no solo para detener transitoriamente esta industria de la muerte, sino para atacar contundentemente las causas de esta terrible plaga del comercio ilícito, pues tal cual sucede con la hierba mala, sino se arranca de raíz, penosamente pronto volverá a crecer.
