El Instituto Caribeño Para el Estado de Derecho (ICED) hizo público un documento titulado «Pandemia y Justicia: Retos del Poder Judicial en tiempos de distanciamiento físico» suscrito por varios juristas de reconocida capacidad.
Se trata de un análisis de la realidad de la justicia dominicana luego del COVID-19 y los retos que encara frente a la necesidad de que los tribunales y otras dependencias vuelvan a operar tomando en cuenta que el servicio que brinda la justicia es indispensable. El Consejo del Poder Judicial ya había habilitado audiencias virtuales que solo estaban funcionando en materia penal y, de manera específica, en las oficinas de atención permanente. Los demás tribunales y dependencias permanecían cerradas.
Consciente de que resultan necesarias las medidas de seguridad e higiene para evitar la propagación de la enfermedad, el ICED plantea la posibilidad de ampliar el uso de los sistemas virtuales para que una gran mayoría de los trámites administrativos y de las audiencias -en todas las materias- puedan ser celebradas por esta vía hasta que podamos volver de la «nueva normalidad» a la normalidad absoluta.
Los trámites realizados de manera personal y la celebración de audiencias presenciales se reducirían a aquellos casos en que la naturaleza de la diligencia, el tipo de proceso y el ejercicio del derecho de defensa no se vean considerablemente afectados o disminuidos por la virtualidad. En esos casos, sugiere, que se establezcan los protocolos de higiene y seguridad que resulten oportunos.
El documento advierte que para algunos aspectos la puesta en práctica de la virtualidad requerirá, probablemente, de intervención legislativa que debería realizarse a la mayor brevedad.
La publicación hecha por el ICED ha tenido una amplia acogida por parte de la comunidad jurídica y por las autoridades judiciales, quienes han dado una rápida respuesta a su contenido.
La situación de emergencia en que nos encontramos es una oportunidad para que el Poder Judicial fortalezca su gestión de casos y ya está mostrando que hará lo necesario para volver a la «nueva normalidad» a la mayor brevedad brindando su servicio a la ciudadanía sin desmedro de la salud de sus usuarios y prestadores.
Resulta urgente que otras dependencias del sistema de justicia, como el Ministerio Público, hagan los ajustes pertinentes para asegurar que la vuelta a la «nueva normalidad» tenga vigencia en todos los ámbitos y con todas las previsiones.
