Si queremos tener una idea de la globalidad del flagelo, asomémonos, así sea a modo de ilustración, al informe “Barómetro sobre la Corrupción Global en la Unión Europea 2021” que auspicia Transparencia Internacional y descubriremos que el fenómeno no tiene frontera geográfica-cultural. En consecuencia, como expusimos en la primera parte, el flagelo corrupción pública-privada es histórico-estructural y sistémico (no hay o no ha habido, sistema socioeconómico histórico establecido inmune al fenómeno; así sea en una que otra modalidad). Por supuesto, sí hay sociedades, altamente desarrolladas, como Nueva Zelandia y Dinamarca, si tomamos como fuente el “Índice de Percepción de la Corrupción en 2020” -IPC-, donde el flagelo es bajísimo. Pero en ese mismo informe, como reseña Rosa Fernández, se destacan “los aspectos que se tienen en cuenta al calcular la percepción de los niveles de corrupción de los países que son: el soborno de funcionarios públicos, las comisiones en la contratación pública, malversación de fondos estatales y eficacia de los esfuerzos del sector público contra la corrupción”. ¿Qué país, en vía de desarrollo está exento de una u otra práctica? ¡Ninguno!
No obstante, queremos, en esta segunda parte, hacer énfasis en cómo “filtraciones” o declaraciones de operadores judiciales y sesgo político-mediático en la lucha contra la corrupción e impunidad no siempre se traduce en políticas públicas o acciones institucionales sistemáticas en procura de “…la eficiencia de los esfuerzos del sector público contra la corrupción” y caen, directa o indirectamente, en parte de la comunicación estatal en aras de capital político que puede generar una “percepción pública” inducida o la obvia selectividad. Ejemplos de esos aspectos distorsionantes de la lucha contra la corrupción, lo podemos observar cuando se divulgan o se “filtran” a la prensa las acciones persecutorias del Ministerio Público y todo se convierte en crónica “periodística” anunciada; o peor, cuando un medio cualquiera titula una noticia sobre un operativo de lucha contra la corrupción que, prácticamente, incrimina; pero cuando se va al cuerpo de la noticia -que, muchas veces, la gente no lee- se descubre que se trata de que “según” tal instancia judicial o tal expediente arrojó, prima facie, “indicios suficientes”; y así por el estilo como manda un periodismo ético-profesional (ya elCaribe, editorializó al respecto, e hizo énfasis en principios universales: presunción de inocencia y debido proceso). En consecuencia, ese doble rasero judicial-periódico-mediático (filtrar y titular-condenar) -que se traslada, en el acto, a las redes sociales- debilita y le resta credibilidad pública a los procesos judiciales que persiguen sancionar la corrupción pública-privada.
Por ello, insistimos que si queremos sentar un precedente sistemático-institucional a largo plazo e irreversible -una suerte de ruptura-, en la lucha contra la corrupción pública-privada, se hace necesario desterrar las mencionadas practicas distorsionantes; y así dejamos lo mediático-político y nos centramos en combatir un flagelo de “acumulación rápida” de riqueza a costa del desarrollo integral, los impuestos y deuda pública que pagamos. De lo contrario, tendremos “lucha” cíclica-política contra la corrupción; pero jamás lucha sistemática e institucional. Por más buenas intenciones y precedente loable que implemente un determinado Gobierno.
Epilogo:
1- Países mejor posicionados: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza.
2- Países de la región con más Índice de Percepción de Corrupción (IPC-2020)- que República Dominicana: Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Bolivia.
3- Países con peores ICP-2020: Corea del Norte, Yemen, Sudán del Sur, Siria y Somalia
Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción (ICP) 2020.
