La licencia es un arma de vida o muerte

Sólo el 2% de los accidentes de tránsito suceden por vacas volando

La República Dominicana afronta desafíos importantes en materia de movilidad y sostenibilidad. Como hemos expresado en piezas anteriores, la incidencia de la falta de aplicación de una estrategia efectiva en este sentido, impacta la calidad de vida de todas las personas.

Días atrás conversamos con el equipo del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTRANT). En esta ocasión, nos acercamos al diputado Tobías Crespo, quien ha tenido un papel significativo en el diseño de la Ley 63-17, de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

Entre los puntos que abordamos en el diálogo, nos interesamos por conocer su perspectiva en torno a los principales desafíos que enfrenta la movilidad urbana en la República Dominicana. Crespo, lo centró en tres direcciones, incluyendo la accesibilidad. “Yo priorizara tres aspectos: educación, insertando accesibilidad en los estudiantes; en los corredores, desde donde la gente se desplaza y hacia donde se desplaza. Y finalmente, en las empresas”.

Tobías explicó que parte de la necesidad de educar alrededor de accesibilidad y movilidad tiene que ver con la generación de una mayor cultura ciudadana. La idea de priorizar el rol de la ciudadanía deriva a soluciones como la identificada por el estado de Xalapa, en México.

Ante el caos generado por la gran cantidad de vehículos, el número ascendente de viajes diarios y la mancha urbana, organizaciones sociales, líderes del Estado e instituciones públicas crearon el Consejo Municipal de Movilidad Urbana de Xalapa: “Es así que se crean espacios de diálogo y reflexión en los que por lo menos una vez al mes se toman decisiones que buscan anteponer el bienestar de la ciudadanía, bajo una filosofía de dar prioridad y protección al peatón, para que a su vez, con ciclistas, usuarios de transporte público y vehículos de motor, podamos desplazarnos equitativa, democrática y armónicamente”, Isis Chang, para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2015.

La solución encontrada en Xalapa coincide con el rol que Crespo adjudica a empresas e instituciones públicas. El diputado señala que en la Ley 63-17 se contempla que estas entidades participen activamente en la búsqueda de soluciones para prevenir la pérdida de “horas hombre”.

Y en un sentido estricto, este rol de las organizaciones públicas y privadas remite a la unificación de esfuerzos entre los distintos sectores económicos y sociales de la ciudad. Pero la óptica citada por Crespo, también busca abordar los siniestros en contextos laborales.

El congresista dijo que la mayoría de los accidentes de tipo laboral ocurren en el camino de ida o de vuelta al trabajo. Y agregó que: “Los informes de la Organización Mundial de la Salud dicen que más del 40 por ciento de los accidentes de tránsito ocurren en ese tramo, en las horas ocupacionales”.

Un punto que llama a la atención es que, aunque Tobías Crespo aborda el tema de las responsabilidades de las aseguradoras y otros instrumentos de protección ante accidentes, destaca que las principales políticas deben dirigirse a prevenir los siniestros viales. Esta visión se justifica en el hecho de que el gasto en salud, por temas viales, supera los 60,000 millones de pesos, sin contar con el gasto de las familias o el tiempo de recuperación de fracturas y traumatismos.

Este enfoque cobra mayor relevancia cuando se considera que el 98 por ciento de los siniestros viales son evitables. “Hay que crear la consciencia en la gente de que, de los factores de riesgo, en el 98 por ciento está el factor humano”.

Y explica que, “aunque un cinco por ciento es la vía, otro cinco por ciento es la condición del vehículo y un 90 por ciento el peatón, el conductor o el pasajero; al final, si yo soy el conductor… va a depender de que yo prevea”.

Sobre los accidentes de tránsito, “se dice que sólo un dos por ciento es la casualidad: un maremoto, un terremoto, una vaca volando”.

También le preguntamos a Crespo si había hecho alguna comparación entre la participación de la ciudadanía de otros países y la dominicana, a partir de la aplicación de sus marcos normativos. La respuesta no puede ser más esclarecedora sobre la relevancia de las estrategias de movilidad, los regímenes de consecuencias y la responsabilidad ciudadana.

Contestó que, en la década de los 90, en España morían más de 6,800 españoles en accidentes en la vía pública. Tras la aplicación de la ley, el país logró reducir las muertes a unos 1,040 decesos anuales.

Cabe destacar que España tiene una población cuatro veces mayor a la de la República Dominicana. Pero, para alcanzar este nivel de efectividad, Crespo explica que junto a la ley, hubo capacitaciones, régimen de consecuencias, recursos económicos, voluntad política y el modelo de licencia por puntos. “La licencia no es un pan, es un arma de vida o muerte”.

Hay que destacar que, en los últimos meses el INTRANT anunció la puesta en marcha de este modelo. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hay dos ideas muy claras, que se refuerzan a partir de la conversación con Crespo. La primera, en la construcción de un sistema de seguridad vial mucho más robusto, la cultura ciudadana es determinante. Y en segundo aspecto, urge incrementar la voluntad política, la disposición de recursos para la movilidad urbana y un ´régimen de consecuencias estricto.

Estos acercamientos con diversos actores de la vida pública, forman parte de la preparación para el congreso de accesibilidad urbana “Movilidad, Empleabilidad y Productividad en la República Dominicana”. Lo celebrará la Fundación Francina, el 20 de octubre, en el Embassy Suites by Hilton.