Sacude al país el hecho de que el más íntimo círculo del expresidente Danilo Medina: hermanos, cuñados y la cabeza de su seguridad militar cuando gobernaba, son objeto de investigaciones sobre posibles acciones delictivas en perjuicio de los fondos públicos.
Medina, presidente y jefe del principal partido de oposición, el PLD, fue desde 2012 la expresión personal del ejercicio de un poder que mantuvo arriba en base al reparto, la depredación de los bienes públicos y el clientelismo político, según proyectan las primeras indagatorias a sus allegados.
De la tiranía del sable de Trujillo entramos a una interminable transición a la democracia en la que no pudimos rebasar ensayos infecundos que cuajaron como pujos e imposiciones de grupos y de familias para agenciarse pedazos del tesoro nacional, pero no como proyectos de nación, de país.
Fue una etapa de negocios non santos mediante los cuales empresarios, políticos, abogados y militares robaron bienes públicos, empresas, instalaciones, tierras, equipos, dinero en efectivo y otros bienes que traspasaron a sus propiedades personales y familiares.
En general, políticos, empresarios, militares y abogados han actuado como aves de rapiña contra el erario, desguazándolo y ”legalizándolo” como parte de sus bienes. El irrespeto a la Constitución y las leyes, los desórdenes y los abusos de poder han sido mecanismos de encubrimiento para mal tapar el latrocinio de los bienes públicos.
Para legalizar esos robos y desórdenes, los políticos y empresarios se han valido de funcionarios judiciales que han apañado con fallos y sentencias de insostenible legalidad, verdaderas casas con techos de cristal frágil, listos a quebrarse ante el más elemental sacudimiento que los cuestione.
Negando la dilatada complicidad con el crimen, abierto o disimulado, hoy vemos a jueces y fiscales actuando para negar el pasado abyecto de sus colegas que apañaron el saqueo de los fondos públicos.
Fondos públicos de un pueblo pobre al que le falta todo, y fondos públicos indispensables para empezar a erradicar pobreza e impulsar desarrollo.
Si estos jueces y fiscales actúan a la altura de su responsabilidad histórica, se estarán casando con la gloria, como decía José Francisco Peña Gómez cuando clamaba por un coronel que como Francis Caamaño quisiera acompañar al pueblo a dar grandes brincos para saltar arrítmicas lagunas de su aciaga historia.
Esta vez los jueces y fiscales no tienen el pretexto de que desde Palacio se les envían encomiendas que distorsionen su buen juicio, pues desde el primer día de su gobierno el presidente Luis Abinader advirtió que solo debían responder al dictado de las leyes.
