Es responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE) tomar las medidas que entienda necesarias para la regulación de los procesos internos de los partidos y para la buena administración de las elecciones. Por tal razón, es deber de este órgano elaborar los reglamentos y tomar las resoluciones que se requieran para el efectivo cumplimiento de la Constitución y las legislaciones política y electoral. La JCE tiene que superar su tradicionalmente débil intervención en la regulación de las elecciones y la vida de los partidos. La actual Junta ha dado muestra de que asumirá la facultad que le da la Constitución de reglamentar todo lo concerniente a las elecciones.
Otro reto del órgano electoral es mantener una comunicación fluida y una estrecha relación con los partidos políticos. Estos son los protagonistas principales en el proceso electoral. Por lo tanto, deben ser escuchados y tomados en cuenta para que las decisiones de la JCE no solo gocen de legitimidad, sino que sean las idóneas para un proceso electoral justo, libre y transparente. Sin embargo, hay que entender que las opiniones de los partidos no son vinculantes. La JCE los consulta y puede o no tomar en cuenta sus propuestas. La decisión sobre las medidas electorales más convenientes la tiene el pleno de la JCE.
La resolución que estableció un plazo de 75 días para que los partidos decidieran sobre el método para escoger a sus candidatos, armó todo un revuelo. Fueron diversas las críticas de dirigentes políticos contra la Junta, al tiempo que se presentó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo contra de la Resolución No. 03/2018 sobre los Plazos para Organizar Primarias Simultáneas. Esta semana se realizó una caldeada reunión con los partidos, que llevó a la JCE a ampliar el plazo indicado por 30 días más. Esta es una decisión correcta, que esperamos los partidos puedan cumplir sin dilación.
La anterior es apenas una pequeña decisión de muchas otras que tendrá que tomar la JCE para la efectiva aplicación de la Ley de Partidos y para la reglamentación de las elecciones del año 2020.
Dada la complejidad de este proceso, los partidos políticos no pueden ser obstáculos, sino colaboradores entusiastas para que por primera vez en el país se tenga una relativa regulación del proceso electoral. Con la reglamentación de las elecciones, la JCE debe garantizar equidad en la competencia electoral y transparencia en el financiamiento político. En estos temas, junto a la regulación del acceso a los medios de comunicación, el órgano electoral debe contar con el total apoyo de los partidos políticos.
