“Como todo filme, cada historia verídica tiene un final”.Anónimo.
La imposición de sanciones a la República Dominicana, por las razones expuestas a lo extenso de esta obra, sometió al pueblo de ese país a innúmeras restricciones. Miles de pacíficos ciudadanos perdieron sus empleos y otros tantos se vieron urgidos de abandonar el ejercicio de sus profesiones y buscar el sustento de sus familias en trabajos manuales, pobremente remunerados, para los cuales además no estaban adiestrados. Los problemas ocasionados al régimen por el aislamiento internacional al cual fue condenado por la comunidad de naciones americanas, en vez de ablandar la dictadura la endurecieron.
Ciertamente fue un costo muy alto para el pueblo dominicano. Pero como resultado de esa acción multilateral se inició para Trujillo la cuenta regresiva que culminaría once meses después en la emboscada que pusiera fin a su vida.
Los dominicanos parecían conscientes de la necesidad de pagar un precio y éste fue su precio. Se explica así la obstinación con que las multitudes reclamaban en las calles el mantenimiento de las sanciones durante todo aquel agitado período transcurrido entre la muerte del tirano, el 30 de mayo de 1961, y la formación del Consejo de Estado, el 1º de enero de 1962.
Los dominicanos estaban convencidos de la extraña conexión entre esas medidas punitivas y sus esperanzas de libertad y democracia. Temían que un eventual levantamiento del embargo continental diluyera la única posibilidad real de enfrentar con éxito las tentativas de Ramfis y Balaguer de preservar alguna forma de trujillismo. Habían probado ya el sabor de la libertad y no estaban dispuestos a renunciar a ella, cualquiera que fuese el precio a pagar por mantenerla.
Una especie de signo trágico rodeó la vida de los hombres involucrados en el intento de asesinato del Presidente Betancourt, quien paradójicamente le sobrevivió a todos.
Sólo transcurrieron once meses y seis días desde la explosión en la Avenida de Los Próceres y el tiroteo en el cual cayó abatido Trujillo. Jhonny Abbes García, el siniestro jefe de los servicios de represión, no tuvo mejor suerte. El once de julio, casi mes y medio después del tiranicidio, fue obligado a salir del país por orden del Presidente Balaguer, con un cargo consular en Japón. El pasaporte diplomático le sería cancelado semanas después y no regresaría jamás a su país. Incapaz de adaptarse a la vida normal, continuó en el extranjero moviéndose en los sórdidos mundos de la intriga política.
Como “asesor” de seguridad del régimen vitalicio haitiano del Presidente François (Papa Doc) Duvalier, su existencia prosiguió alrededor de oscuras habitaciones palaciegas y sombrías ergástulas. Terminó como había vivido, marcado por el signo de la violencia.
Los diarios dominicanos publicaron tiempo después las circunstancias de su muerte, en un accidente de tránsito en una carretera haitiana. Nunca se sabrían los detalles ni las causas del suceso.
El parte informativo se limitaba a señalar que junto a él habían perecido también su esposa e hijos.
Igual final les depararía el destino a los demás implicados en la conspiración del 24 de junio.
El 16 de diciembre de 1965, cinco años y tres meses después del intento de magnicidio, el juez II de primera instancia en lo penal, Gonzalo Rodríguez Corro, dio a conocer el veredicto en virtud del cual condenaba a treinta años de presidio a los cuatro principales acusados del hecho terrorista: Juan Manuel Sanoja, Luis Cabrera Sifontes, Eduardo Morales Luengo y Manuel Vicente Yáñez Bustamante.
Este último murió de un infarto veinte horas antes de hacerse público el veredicto. Las versiones del caso publicadas en la prensa venezolana de la época sugieren que Yáñez Bustamante se impresionó tanto por la inminencia de la condena que le sobrevino un ataque cardíaco fulminante. Se encontraba recluido en un hospital al momento de producirse su deceso.
Sanoja, por razones de edad, fue puesto en libertad en 1963. Contaba entonces más de 70 años. Pero no estuvo en condiciones de disfrutar del privilegio emanado de la ley. Murió poco después.
Los abogados de la defensa apelaron la sentencia de treinta años. Al momento de producirse el atentado, en 1960, cuatro años antes de la reforma del Código Penal, alegaron, la pena máxima existente era sólo de veinte. Era un buen argumento.
La Corte Suprema redujo a la nueva pena máxima la sentencia contra Cabrera Sifontes y remitió al Tribunal de Reenvío el expediente contra Morales Luengo, condenado finalmente a veinte años.
Ninguno de los dos llegaría a cumplirla. Morales Luengo enfermó gravemente y fue trasladado al Hospital Militar donde murió de un tumor cerebral el 13 de agosto de 1973, después de cumplir trece años de prisión.
La historia de Cabrera Sifontes es más larga y dramática. Había sido el último de los conspiradores detenidos, diez días después del atentado. El 4 de julio de 1960, fue apresado en la Alcabala de Cerrito Blanco, en la población de Quibor, Estado de Lara, cuando disfrazado trataba de escapar a Colombia montado sobre un asno. Su arresto se produjo en circunstancias tan tragicómicas como la que rodearían su vida a partir de entonces. Aquejado de un cáncer en la garganta, logró del Presidente Rafael Caldera una autorización de traslado a la Jefatura Civil de Catia La Mar, en el litoral central de Venezuela, a comienzos de 1972.
En su nueva prisión, gozaba de privilegios no concedidos a otros reos, permitiéndosele salir los días feriados con la obligación de regresar voluntariamente al día siguiente.
El viernes 27 de abril, aprovechando el puente de un fin de semana largo, pidió permiso como de costumbre y no regresó. Debido a su fuga el Gobierno destituyó y envió a la justicia, bajo el cargo de “negligencia” al jefe civil y al secretario de La Jefatura de Catia La Mar, Efrén Hernández y José Mayora, respectivamente. Después de una larga travesía por tierra, Cabrera Sifontes logró penetrar a Colombia, donde permaneció por varios meses, realizando trabajos de construcción de viviendas. De allí se trasladó a Lima, donde fue detenido por la Interpol y extraditado a Venezuela el 17 de octubre de 1974.
El cáncer en la garganta se le agravó y debió ser recluido en el Hospital Oncológico Padre Machado donde falleció el 25 de febrero de 1977, después de infructuosos esfuerzos por lograr su indulto.
Otros cómplices del intento de magnicidio –capitán de aviación Carlos Chávez, Juvenal Zabala, Ramón D. Borges, Carlos González Rincones, Beltrán Lares Escolana, Carlos Russian, Lorenzo Mercado, Ángel Morales Luengo, Yolanda Chávez y Clara Gamero de Trómpiz- fueron absueltos por el tribunal en 1965 después de cumplir cinco años de prisión. Los demás acusados cumplieron penas menores.
La muerte de Trujillo y la caída de su régimen interrumpieron las carreras diplomáticas del canciller Herrera Báez y el embajador Díaz Ordóñez. El primero se estableció en el extranjero, en un exilio voluntario.
Años después se trasladó a Barcelona, España, desde donde todavía, a finales de 1994, envía colaboraciones esporádicas a El Caribe. Díaz Ordóñez, el grandilocuente orador que solía despertar con su verbo la admiración de sus colegas latinoamericanos, renunció al puesto y se quedó residiendo en Washington.
Murió en 1968 y su cadáver fue trasladado al país por su hijo Virgilio Díaz Grullón, escritor que había combatido a Trujillo, y sepultado con honores en el cementerio municipal de su natal San Pedro de Macorís. En 1973 fue objeto de un homenaje póstumo con la publicación de sus obras poéticas, que él firmaba como Ligio Vizardi, un seudónimo extraído de las letras de sus apellidos.
Ya libres de Trujillo, los dominicanos iniciaron un difícil tránsito hacia la democracia. Después de instalado el Consejo de Estado y la marcha al exilio del derrocado Presidente Balaguer, se organizaron libremente los partidos y la República Dominicana se encaminó hacia sus primeras elecciones verdaderamente libres y democráticas. Estas fueron celebradas el 20 de diciembre de 1962 y en ellas resultó electo el profesor Juan Bosch, amigo de Betancourt, quien tomó posesión el 27 de febrero siguiente.
Siete meses después, en la madrugada del 25 de septiembre de 1963, Juan Bosch fue derrocado por un golpe militar derechista y forzado a salir al exilio. Un año y siete meses después, una rebelión militar encaminada a reponerle en el poder, degeneró pronto en una guerra civil y una posterior intervención militar norteamericana, que costaría más de cinco mil vidas. Un acuerdo de pacificación puso término a las hostilidades y garantizó la celebración de nuevas elecciones el 1º de junio de 1966. Balaguer aprovechó la oportunidad para retornar al país y se presentó como candidato de una nueva fuerza, el Partido Reformista.
Basando su campaña en el lema de “revolución sin sangre”, Balaguer recuperó el poder venciendo por amplio margen a Bosch. El hombre a quien Trujillo designara “Presidente”, en agosto de 1960, para tratar de hacer creer a la OEA que la dictadura entraba en un proceso de “liberalización” y evitar así la aplicación de las sanciones en su contra, preservó el poder por doce años hasta 1978, cuando perdió una tentativa de reelección para un cuarto mandato. Tras permanecer ocho años en la oposición, volvió a ganar las elecciones en 1986, reeligiéndose nuevamente en 1990 y 1994 en medio de fuertes denuncias de fraude.
En 1992 se dictó una ley prohibiendo las actividades “trujillistas” y exiliando de por vida a connotadas figuras de la dictadura. La medida estaba vigente todavía a finales de 1994.
NOTAS SOBRE CAPITULOS
CAPITULO 1: Entre las fuentes utilizadas en este capítulo merecen destacarse los documentos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) relativos a la Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de Órgano de Consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), celebrada en San José, Costa Rica, en agosto de 1960. Estos papeles incluyen los documentos en los cuales el Gobierno de Venezuela sustentó su acusación contra el Gobierno dominicano y los argumentos de defensa presentados por éste. Merecen mencionarse también los voluminosos archivos de la Fundación Rómulo Betancourt, en Caracas, y los documentos del caso en los archivos del Palacio Nacional y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de Santo Domingo.
Fueron de enorme utilidad, asimismo, las decenas de entrevistas realizadas en Santo Domingo y Caracas, a personas que vivieron esos hechos, entre las cuales se encuentran el editor venezolano José Agustín Catalá, amigo personal y colaborador de Betancourt, y los ex presidentes venezolanos Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez, este último historiador, quien fuera Secretario General y luego Ministro de la Presidencia durante el Gobierno de Betancourt.
En Santo Domingo, las entrevistas a los doctores Rafael Kasse Acta y Antonio Rosario, quienes conocieron y trataron en distintas épocas al general Sanoja o a sus hijos, así como las realizadas a distintas personas en la ciudad de Moca, fueron de vital interés para describir los años en que ese hombre viviera en la República Dominicana.
CAPITULO II: Las fuentes para este capítulo referente a la personalidad tanto de Betancourt como de Trujillo, se explican en el mismo. Sin embargo, vale la pena resaltar la importancia que para el autor tuvieron algunas entrevistas a personalidades dominicanas y venezolanas citadas en la obra y a muchas otras que hablaron a condición de permanecer en el anonimato.
CAPITULO III: La historia de la rivalidad Trujillo-Betancourt fue extraída de libros, citados en el capítulo y los documentos encontrados en los archivos de la Fundación Rómulo Betancourt, del Palacio Nacional dominicano y la OEA. Las entrevistas con los ex presidentes venezolanos Pérez y Velázquez y el señor Catalá resultaron fundamentales y permitieron ampliar, en algunos casos, detalles de acontecimientos esenciales para la comprensión de la hostilidad que caracterizó las difíciles relaciones entre los gobernantes.
CAPITULO IV: Los documentos de la OEA y los archivos oficiales ya citados, así como las ediciones de los periódicos dominicanos de la época El Caribe y La Nación y los venezolanos La Esfera, Ultimas Noticias, El Nacional y El Universal, constituyeron las principales fuentes de información para este capítulo. Como en los casos anteriores, las fuentes bibliográficas son citadas en el capítulo.
CAPITULO V: Los detalles del atentado de la Avenida de Los Próceres fueron reconstruidos mediante los papeles contentivos de la acusación venezolana y los argumentos de la defensa dominicana, que la OEA publicó en 1973 como se cita en la bibliografía. También se recurrió a las ediciones de los periódicos de entonces, tanto de Venezuela como de República Dominicana. El doctor Ramón J. Velázquez aportó documentación adicional de extraordinario valor histórico. La colección de papeles de archivo de Ediciones Centauro y los papeles de Betancourt enriquecieron la documentación y dieron una perspectiva mucho más amplia del caso.
CAPITULO VI: Diversas fueron las fuentes utilizadas en este capítulo, mereciendo especial mención los papeles personales del líder venezolano, revisados por el autor en la Fundación Rómulo Betancourt en Caracas. Igualmente, los distintos ejemplares de la Colección Centauro, sobre la vida de Betancourt de la Editora Catalá, que aparecen en la bibliografía y fundamentalmente la magnífica biografía titulada Multimagen de Rómulo, de Juan Liscano y Carlos Gottberg.
Una historia como la expuesta en esta obra requiere, básicamente, del testimonio de aquellos que fueron de manera directa e indirecta, protagonistas de los acontecimientos que sacudieron la época. Fueron por tanto de incalculable valor para describir las situaciones y emociones que caracterizaron y se derivaron de aquellos hechos históricos, las entrevistas ya mencionadas, así como las realizadas a periodistas y ciudadanos en la capital venezolana.
Fueron del mismo modo útiles decenas de entrevistas hechas en Santo Domingo entre junio y agosto de 1994 a personas que estuvieron ligadas al régimen de Trujillo, como por ejemplo a quien fuera su asistente personal Luis Rodríguez Bergés, y a muchos otros que hablaron a condición de no se mencionados. Entre los líderes del exilio dominicano anti-trujillista, las conversaciones con el doctor Dato Pagán Perdomo y Poncio Pou Saleta, entre muchos, ayudaron en la redacción de este y otros capítulos. También resultaron de extraordinario valor los archivos del Palacio Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores en Santo Domingo.
CAPITULO VII: La mayor parte de los detalles acerca del regreso de Betancourt a Miraflores, luego de abandonar el Hospital Universitario, están basadas en entrevistas personales a funcionarios de Betancourt. El autor se valió además de lo que el propio Betancourt escribiera después, recogido en los libros de sus papeles editados por la Fundación que lleva su nombre. Las ediciones de entonces de los diarios caraqueños Últimas Noticias, El Nacional y El Universal, añadieron detalles inapreciables al relato.
Como en capítulos anteriores y subsiguientes, lo referente a las investigaciones del atentado, fue extraído de los documentos presentados a la OEA por ambos gobiernos. La parte relacionada con la reacción de Trujillo fue construida con informaciones de diversas fuentes, entre ellas El Caribe y La Nación, de la capital dominicana y allegados al dictador. Las demás fuentes bibliográficas son citadas en el propio capítulo, como sucede a lo extenso de la obra.
CAPITULO VIII: Las distintas versiones recogidas en este capítulo provienen, en su mayor parte, de los periódicos de la época, ya mencionados, tanto en Venezuela, como en República Dominicana. Como ya se explicara más arriba, las citas de fuentes bibliográficas son debidamente identificadas. Los testimonios personales de testigos y protagonistas de los hechos abarcados por esta obra agregaron elementos imposibles de encontrar en archivos y libros.
CAPITULOS IX, X Y XI: Los detalles, debates, acusaciones y contraacusaciones de las reuniones donde se discutieron los cargos de “agresión” e “intervención” presentados por el Gobierno de Venezuela contra el Gobierno de la República Dominicana pudieron ser descritos por los documentos disponibles en la OEA y los archivos oficiales dominicanos y venezolanos, así como por diversas fuentes privadas, una de las cuales es la Fundación Rómulo Betancourt. Las colecciones de los diarios de los dos países, repetidamente mencionados, e innumerables entrevistas personales proporcionaron al autor la información suplementaria para estos tres capítulos.
CAPITULO XII: La descripción del período de agonía en que las sanciones sumieron al régimen de Trujillo y las circunstancias en que ocurre su muerte a tiros, poco más de once meses después, provienen de los periódicos de la época, citados, y entrevistas diversas. La documentación extraída de otras publicaciones aparece meticulosamente identificada.
CAPITULO XIII: La redacción de este capítulo final, referente a los últimos años de Betancourt, se apoyó en la extensa bibliografía existente, parte de la cual se detalla en la sección correspondiente más adelante. Los volúmenes de Ediciones Centauro, del editor José Agustín Catalá, proveyeron parte sustancial de la información. Los periódicos de la época, tanto venezolanos como dominicanos, contribuyeron también a hacerlo posible.
EPILOGO: Los detalles de cómo terminaron los personajes involucrados en los acontecimientos históricos relatados en esta obra, se obtuvieron de los archivos a los cuales tuvo acceso el autor, de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de Venezuela y de los principales periódicos de Caracas y Santo Domingo. Las referencias bibliográficas aparecen en cada mención.
