“Nadie es tan insensato para preferir la guerra a la paz; en tiempos de paz, los hijos entierran a sus padres; en tiempos de guerra los padres entierran a sus hijos”.
Heródoto
El escenario para la confrontación estaba preparado y ésta no tardaría en presentarse. Aun antes de apoderarse formalmente a la OEA de la acusación venezolana, la sede del organismo regional presenció el primer choque de lo que sería una de las más descarnadas batallas diplomáticas de su historia.
Los miembros del Consejo fueron convocados el 29 de junio por su presidente, el embajador Vicente Sánchez Gavito, para dejar constancia de la consternación que el atentado había producido en todo el Continente y expresar su complacencia por los informes de que el Presidente Betancourt se recuperaba satisfactoriamente. El homenaje provocó el primer altercado directo entre los representantes de Venezuela y de República Dominicana después de los hechos del 24 de junio. Al dar las gracias al presidente del Consejo por sus palabras de simpatía, el delegado venezolano dijo que sólo podía aceptar la solidaridad de 19 miembros del Consejo. Hacía una excepción con el delegado dominicano. La razón era que si ese país “lamenta algo, es que la intentona de asesinato no tuviese éxito”.
El embajador Díaz Ordóñez se levantó inmediatamente de su asiento para protestar por la referencia directa de su colega, replicando que se trataba de “una falsa acusación más en el torrente de falsas acusaciones contra el gobierno de la República Dominicana”. La sesión casi degenera en un tumulto.
Parecía que el tema llegaría a la OEA precedido de fuertes encontronazos retóricos, puesto que en Ciudad Trujillo, el Canciller Herrera Báez acusaba a su igual venezolano, Arcaya, de ser uno de los principales promotores de las tensiones existentes en el Caribe por sus “gratuitos ataques” y su presunto empeño de crear “un clima de violencia y de subversión” en la nación antillana.
Herrera Báez llamaba la atención respecto a declaraciones formuladas por Arcaya en una conferencia de prensa celebrada en Caracas en la cual “no tuvo ningún recato” en declarar la existencia de un estado de guerra entre los dos países. Ese tipo de declaración, se quejaba el Canciller dominicano, propicia un clima de beligerancia entre las partes. En una clara advertencia al organismo regional que se preparaba para conocer de las acusaciones venezolanas contra el gobierno de su país, el diplomático dijo que esa actitud “debe tomarse muy en cuenta” por parte de quienes se interesen en restablecer un verdadero clima de convivencia. Responsabilidad ésta que recae principalmente en los organismos “a quienes corresponde examinar con imparcialidad y con genuino espíritu de justicia el origen de las tensiones existentes en la zona desde que Rómulo Betancourt asumió el poder en Venezuela”.
Mientras tenían lugar estas escaramuzas, los aprestos de una verdadera guerra diplomática hacían inminente el choque. Para el cuatro de julio, diez días después de ocurrido el fallido intento de asesinato de Betancourt, Venezuela estaba lista para asumir la iniciativa, dando el primer gran paso dentro de su estrategia para aislar de la comunidad internacional al régimen trujillista.
Los eventos empezaron ese día con una nota del embajador Falcón Briceño al presidente del Consejo. Solicitaba una convocatoria inmediata y con carácter de urgencia del Órgano de Consulta, de acuerdo con el Artículo 6° del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para considerar los actos “de intervención y agresión” del Gobierno dominicano contra el Gobierno venezolano “que culminaron en el atentado contra la vida del Jefe del Estado Venezolano el 24 de junio último”.
En virtud de esta solicitud, Venezuela demandaba la adopción de medidas que convengan para la defensa de su soberanía y el “mantenimiento de la paz y seguridad del Continente”. En su exposición, Falcón Briceño puntualizaba que los actos imputados al régimen dominicano contra su país “constituyen un desafío al sistema interamericano y una negación de los principios fundamentales del derecho público”.
Sólo “el comedimiento” del Gobierno de Venezuela y de su pueblo, su adhesión a las normas e instituciones jurídicas y su vocación decidida por el imperio del derecho en las relaciones internacionales, añadía, “son los factores que han detenido, ante los actos de intervención y de agresión del Gobierno de la República Dominicana, una reacción que, aún cuando de legítima defensa, habría causado víctimas y daños irreparables a la solidaridad americana”.
Venezuela reiteraba “su firme convicción” de que los procedimientos consagrados en los instrumentos interamericanos, “si se les aplica adecuadamente y con firmeza, son capaces de evitar tales actos de intervención y de agresión y, en consecuencia, de asegurar el mantenimiento de la paz en América”. A tales efectos, solicitaba, a la mayor brevedad posible, convocar a sesión extraordinaria, al Consejo de la organización.
Dos días después, el 6 de julio, en el curso de una sesión extraordinaria, el Consejo recibió del embajador Falcón Briceño informes sobre los hechos básicos de su denuncia. Los planteamientos venezolanos originaron, como era de esperarse, un prolongado y encendido debate. El representante de Honduras, Celso Dávila, en su condición de presidente interino del Consejo, dio apertura a la sesión calificando el asunto de “suma gravedad”, que amerita estudiarse y resolverse en todos sus aspectos, dadas las proyecciones que los hechos denunciados por Venezuela pudieran tener “para la conservación del sistema” en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores como Órgano de Consulta.
Este discurso inaugural no podía ser más incómodo para la delegación dominicana. “Si se prueba que ha habido cualquier participación de un gobierno extranjero en el atentado contra la vida del Presidente de Venezuela, debe imponerse forzosamente una actuación de toda la OEA para que no vuelva a repetirse un delito de esta magnitud”. En su opinión, hechos tan graves como los que ocupaban la atención del organismo constituían una amenaza muy seria para los postulados que fundan el Sistema Interamericano.
No era Venezuela el único país afectado con este caso, sino todo el Hemisferio. Por lo tanto no se podía guardar silencio y urgía de inmediato la investigación más acuciosa “para que un crimen internacional de esa magnitud no vaya a prosperar”. Se necesitaba, pues, en opinión del presidente interino del Consejo, “una investigación imparcial, serena y cuidadosa, para que puedan deducirse las responsabilidades”.
Los sentimientos generales de los miembros del Consejo estaban resumidos, de hecho, como pudo observarse más adelante, en este discurso de apertura. Muy pronto se percibió de cuán poca simpatía gozaba la posición de Trujillo. El embajador colombiano Carlos Díaz de Santamaría resaltaba los vínculos de amistad entre su país y la República Dominicana que siempre habían sido “entrañables”, “intensos” y “vigorosos”, para caer en la conclusión de que el comportamiento internacional del régimen trujillista había afectado esa relación. “Las sombras de los últimos tiempos han sido simplemente con un Gobierno que parece no respetar sus relaciones con los demás países y que no tiene respeto por la dignidad humana”.
El embajador Escudero, del Ecuador, respaldó a Venezuela y se extendió en consideraciones sobre “ciertas expresiones enconadas y venenosas” del embajador Díaz Ordóñez. A esta exposición siguieron las de Bolivia, Perú y otros países abiertamente contrarias a Trujillo.
Díaz Ordóñez intervino en varias oportunidades protagonizando enconados enfrentamientos con los delegados de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Su primera intervención de hora y media provocó protestas de sus colegas que le acusaron de descender al plano personal. Tras contracusar a Venezuela de intervenir en los asuntos internos de su país, Díaz Ordóñez se quejó de que el Consejo de la OEA jamás actuara sobre una denuncia dominicana a raíz de expediciones armadas contra su territorio en 1959. Este pedido había sido retirado hacía un año, pero ahora podría ser renovado
El debate alcanzó su grado máximo de calor, cuando el diplomático dominicano, al responder a la larga lista de acusaciones venezolanas, dijo que los cargos contra el régimen de su país eran merecedores “de ser incluido en un libro de historietas fantásticas para niños; niños anormales”.
La posición de Estados Unidos era que la situación creada demandaba una acción inmediata de la OEA. Ello resultaba esencial para eliminar las tensiones y restaurar las condiciones para una convivencia pacífica entre los estados miembros del organismo regional.
Antes de que se procediera a la votación, Venezuela propuso la designación por el Consejo de un grupo investigador que visitara Caracas para comprobar por su propia cuenta las pruebas en que basaba su acusación. Por supuesto, esperaba que el Gobierno dominicano accediera a permitir también inspecciones en su territorio.
Tras determinarse que algunos delegados se verían imposibilitados de votar porque debían recabar instrucciones, como eran los casos de Brasil y Cuba, el embajador Falcón Briceño propuso entonces la convocatoria de una nueva reunión en un plazo de 48 horas, lo cual fue aprobado.
El Consejo volvió a reunirse el viernes 8 de julio y aprobó, luego de extensos debates, una resolución convocando al Órgano de Consulta. Actuando provisoriamente como Órgano de Consulta, el Consejo autorizó a su presidente a nombrar una Comisión encargada de investigar “los hechos denunciados y sus antecedentes” y con la obligación de rendir un informe de los resultados de su trabajo. El grupo quedó compuesto por los embajadores Erasmo de la Guardia, de Panamá; Emilio Donato del Carril, de Argentina; Henry Clinton Reed, de Estados Unidos; Vicente Sánchez Gavito, de México y Carlos Clulow, de Uruguay.
La Comisión se instaló formalmente al día siguiente, designándose a De la Guardia, como presidente de la misma. Miguel Aranguren y Modesto Lucero, del personal de la Unión Panamericana, fueron designados Secretario y Pro-Secretario, respectivamente. Acto seguido, se estableció el procedimiento de trabajo, invitándose a los representantes de Venezuela y República Dominicana a comparecer ante ella. Al mismo tiempo, solicitó de la Comisión Interamericana de Paz “la información que, en concepto de esta última, pudiera serle útil en el cumplimiento de su mandato”.
Tres días después, la Comisión reanudó su labor reuniéndose con el embajador Falcón Briceño, quien amplió la información que su país, por intermedio suyo, había proporcionado en la sesión del 6 de julio al Consejo. Asimismo entregó documentos relativos a los hechos en que fundaba la denuncia señalando que Venezuela limitaba su acusación a “actos de intervención y agresión” cometidos recientemente. La posición venezolana precisaba que con ello se refería: 1) al incidente de los volantes denunciado ante la Comisión Interamericana de Paz el 25 de noviembre de 1959; 2) a la ayuda suministrada por el Gobierno de la República Dominicana al ex general venezolano Jesús María Castro León para organizar el movimiento rebelde de mediados de abril de 1960, y 3) al atentado contra la vida del Presidente Betancourt, perpetrado el 24 de junio.
Al día siguiente, 13 de julio, la Comisión recibió al embajador dominicano Díaz Ordóñez, quien reiteró los conceptos por él emitidos en la sesión del Consejo del día 6, en el sentido de que la acusación del Gobierno de Venezuela carecía de fundamento. Tras comprometerse a aportarle los documentos que ésta solicitare para el desempeño de la labor que le había conferido el Consejo, el diplomático solicitó que se le mostrara la documentación presentada por Venezuela para sustentar su acusación contra el régimen de Trujillo.
En resumen, la documentación incluía, por parte de Venezuela, un legajo con las declaraciones rendidas por algunos de los implicados en el atentado y un informe del Ministro de Justicia, doctor Andrés Aguilar, consistente en una versión compendiada de las autoridades policiales acerca de la forma en que se habían desarrollado los hechos. Accediendo a la petición de Díaz Ordóñez, la Comisión acordó, dos días más tarde, el 15 de julio, hacerle entrega del citado informe. En la nota de remisión, reclamaba, por su parte, del representante dominicano “informes sobre los hechos que, en el documento de referencia, se afirma ocurrieron en el territorio de su país”.
El 27 de julio, el representante dominicano dirigió una nota a la Comisión, entre cuyos anexos incluyó un memorándum en el cual se contradice la versión de las autoridades venezolanas. Contenía informaciones adicionales encaminadas a demostrar que algunos de los hechos presentados en contra del Gobierno de su país “no pudieron haber ocurrido”.
El grupo de cinco miembros acordó entonces, tras el estudio de las documentaciones presentadas por las partes, trasladarse a Caracas, para realizar allí una investigación sobre el terreno. Partió de Washington el sábado 16 de julio y arribó a Maiquetía a las 4:30 del día siguiente. Los embajadores de Argentina y Uruguay designaron para reemplazarlos en este viaje a los representantes suplentes de sus respectivos países ante el Consejo, Dardo Cúneo y Pablo Guffanti, respectivamente, quedándose los titulares en Washington adelantando las investigaciones en los Estados Unidos. También formaron parte de la delegación, el secretario y pro-secretario de la Comisión, así como Robert J. Redington, miembro de la delegación norteamericana ante el Consejo.
Durante su permanencia en Caracas, la Comisión dijo haber recibido “la más amplia colaboración” de las autoridades, las que pusieron a su disposición, para ser interrogados sin la presencia de funcionario alguno, a los detenidos en la Cárcel Modelo, bajo la inculpación de haber tomado parte en el atentado. Estas personas eran Juvenal Zavala, Manuel Vicente Yáñez Bustamante, José Morales Hernández, Eduardo Morales Luengo, Luis Cabrera Sifontes y Juan Manuel Sanoja, quienes admitieron haber estado en la República Dominicana en relación con la trama que culminara con el intento de asesinato del Presidente Betancourt.
En un informe al Consejo, la Comisión diría después que “como resultado de esos interrogatorios, se ha formado el juicio de que las declaraciones ante las autoridades venezolanas, de las personas (mencionadas) fueron rendidas libremente, sin coacción de ninguna especie”. Sanoja se negó a declarar ante la comisión sobre los hechos básicos, tal como se había negado a hacerlo ante las autoridades venezolanas. Por su parte, Morales Hernández se concretó a ratificar las declaraciones que había hecho a las autoridades. Sobre los interrogatorios a los cuatro restantes, informó haber obtenido datos complementarios, “numerosos indicios de que, esos individuos, al referirse a los hechos que constituyen el objeto de la investigación, se han producido, en términos generales, con verdad”.
Existían, naturalmente, discrepancias en los testimonios pero la Comisión consideraba que éstas apenas alcanzaban cuestiones incidentales “y no suscitan duda acerca de la veracidad de los testimonios sobre los hechos fundamentales”.
Un punto a favor de Venezuela residía en el impacto que había producido entre los comisionados, el dispositivo utilizado para hacer funcionar los explosivos a control remoto. Las autoridades mostraron al grupo este dispositivo electrónico, además de los expedientes del caso, entre los que figuraban las declaraciones de varias personas confirmando los datos proporcionados a la comisión por Zavala, Yáñez Bustamante, Morales Luengo y Cabrera Sifontes, en relación con los dos vuelos del avión de RANSA entre Maiquetía y San Isidro, los días 17 y 18 de junio. Finalmente, la comisión realizó un recorrido de inspección donde había tenido lugar el atentado.
Estando aún en Caracas, el presidente del Consejo, embajador Sánchez Gavito, recibió un telegrama de fecha 18 de julio del Canciller dominicano Herrera Báez. El ministro solicitaba del organismo determinar si era cierto, como se informara en diferentes medios internacionales de prensa, que autoridades venezolanas, incluyendo al propio Presidente Betancourt, habían formulado amenazas implícitas y veladas contra la República Dominicana. Herrera Báez pedía también a Sánchez Gavito poner en conocimiento de los demás investigadores los términos de su mensaje.
El embajador De La Guardia, respondió el 5 de agosto la comunicación del Canciller dominicano. Le expresaba, en comunicación remitida a través del embajador Díaz Ordóñez, que después de haber estudiado “detenidamente” su planteamiento, se pudo llegar a la conclusión que se trataba de un asunto fuera de su competencia ya que ésta había quedado definida en el texto de la resolución del Consejo del 8 de julio que la creó, en el sentido de “investigar los hechos denunciados y sus antecedentes” y someter, con posterioridad, un informe al propio Consejo.
La comunicación de Herrera Báez constituía un clásico ejemplo de las argucias trujillistas en el campo internacional. Su texto ayuda a comprender, en cierto modo, la estrategia de diversión que se había ya forjado el dictador para hacer frente a la acusación venezolana y que el propio Canciller contribuyera a crear con su propuesta de contra acusar a su acusador.
El texto de ese memorable cablegrama es el siguiente: “Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para solicitarle llevar al conocimiento de la Comisión investigadora del Órgano de Consulta en el recurso interpuesto por el Gobierno de Venezuela ante el honorable Consejo de la OEA en fecha 6 de julio en curso, la solicitud que por este medio le somete el Gobierno dominicano en el sentido de que en relación con las investigaciones que realiza relativas a dicho recurso, se sirva tomar las siguientes iniciativas: Primero determinar si es cierto que con fecha 6 de julio del corriente en el mensaje dirigido a los 139 subtenientes de la promoción “General Pedro León Torres” que egresó ese día de la Escuela Militar de la República de Venezuela, mensaje que, según noticia publicada por El Universal de Caracas del 7 del corriente mes bajo el título de “Si la OEA no sanciona a Trujillo Venezuela lo hará unilateralmente”, fue leído en el patio de honor de la Escuela Militar por el ministro de Relaciones Interiores doctor Luis Augusto Dubuc, durante un acto de entrega de sables a los nuevos oficiales, se expresa entre otras consideraciones lo siguiente: “Esa dictadura será sancionada por sus agresiones a Venezuela; o la sancionan colectivamente los organismos internacionales o la sanciona unilateralmente Venezuela”.
La comunicación agrega:
“Considera igualmente el Gobierno dominicano que procede que la Comisión investigadora determine si es cierto que con fecha 16 de julio el Presidente de la República de Venezuela señor Rómulo Betancourt, en un programa de televisión en el que participó en ese día hizo declaraciones cuyo texto tal como aparece transcrito en despacho de la agencia de noticias internacionales Prensa Unida Internacional (UPI) de fecha 16 de julio en curso dice así: “La República Dominicana está directamente implicada en la intentona de asesinato del 24 de junio. En este respecto debo decir palabras claras. Si la organización no adopta medidas que signifiquen la erradicación de una dictadura del Caribe, Venezuela por su sentido de dignidad nacional aplicará sanciones unilaterales para el caso”. Segundo: que en caso de que llegara a confirmar que tales declaraciones fueron en efecto hechas, incluya en su informe el resultado de su comprobación a este respecto y se pronuncie además sobre si conforme al artículo 2 párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas que copiado a letra dice así: “Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas” y el artículo primero del Tratado Interamericano de Asistencia recíproca de 1947 que dice así: ‘Las altas partes contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado’ es lícito que un gobierno habiendo amparado una jurisdicción internacional en una controversia con otro gobierno amenace con adoptar medidas de fuerza contra otro Estado en caso de que la decisión de esa jurisdicción internacional no concuerde necesariamente con las pretensiones de ese gobierno”.
La Comisión regresó a Washington el 20 de julio. Siete días más tarde, fue informada mediante una nota del embajador Díaz Ordóñez de la decisión del Gobierno dominicano de facilitar el desarrollo de su labor en territorio de ese país. “…nos adelantamos a ofrecerle las seguridades de que será bien recibida (si decidía visitar Ciudad Trujillo) y de que encontrará la mejor cooperación para sus propósitos de parte de las autoridades dominicanas”. La comunicación anexaba un legajo de cinco documentos con los cuales el Gobierno dominicano pretendía destruir los argumentos de la acusación venezolana.
En vista de tal actitud, “y por si el Gobierno dominicano deseara entregarle información adicional a la que ya había suministrado”, la Comisión resolvió nombrar una subcomisión, lo que de hecho implicaba un menor interés que el prestado a los planteamientos de la parte acusadora, presidida por el embajador De La Guardia e integrada por Cúneo y Reed, para trasladarse inmediatamente a la República Dominicana acompañada del secretario Aranguren.
El grupo de trabajo llegó a la capital dominicana el 30 de julio. Luego resumiría su actuación allí diciendo que esa misma tarde se entrevistó con el Canciller “a quien manifestó su disposición de recibir cualquier información nueva o adicional”. El viaje estuvo lleno de inconvenientes. El primero a consecuencia del retraso en el trayecto Washington-Nueva York, a causa de una fuerte turbulencia que por poco les hace perder la conexión a Ciudad Trujillo. Los miembros de la Comisión sufrieron luego las molestias ocasionadas por la pérdida de sus equipajes, que el avión de la Pan American había dejado en el aeropuerto de Nueva York, lo que no les permitió cambiarse de ropas hasta el día siguiente.
En el informe rendido posteriormente, la Comisión expuso que el Canciller Herrera Báez “después de ofrecer la más amplia colaboración, hizo una exposición sobre varios aspectos de las relaciones entre su país y Venezuela, en lo concerniente al asunto sometido a la Comisión”. Asimismo, aludió a un artículo publicado en un periódico de Caracas, según el cual las declaraciones de los inculpados ante las autoridades venezolanas habían sido obtenidas “mediante métodos psicológicos que dan mejores resultados que la tortura física”. Herrera Báez dijo a los representantes de la OEA que la citada publicación sugería la aplicación a los detenidos del sistema conocido como “lavado de cerebro”.
Al mediodía del 31 de julio, la subcomisión regresó a su sede en Washington. La fase investigativa llegaba a su final. Ahora sólo faltaba el veredicto. De él dependía la suerte del régimen que estrangulaba económica y políticamente a los dominicanos por más de treinta años.
Tras una semana de evaluación de los hechos, según los elementos de juicio reunidos en sus viajes a Caracas y Ciudad Trujillo y el análisis de las documentaciones presentadas por las partes, la Comisión investigadora designada por el Consejo de la OEA actuando como Órgano de Consulta, estaba lista para presentar sus conclusiones.
En resumen, el grupo había podido establecer que los acontecimientos que habían dado lugar a los cargos contra el Gobierno dominicano evolucionaron a partir del 8 de mayo. Ese día, Juan Manuel Sanoja, salía de Venezuela con rumbo a la República Dominicana, vía Haití. Debido a sus relaciones familiares en la República Dominicana, donde viviera alrededor de catorce años, Sanoja seguía teniendo intereses materiales en ese país. Allí residían, además, varios de sus hijos. En los últimos años, había hecho desde Venezuela numerosos viajes a esa nación, según podía desprenderse de las anotaciones en su pasaporte venezolano. Pero en cuanto al viaje del 8 de mayo, la Comisión presumía que Sanoja había contado con la ayuda de las autoridades dominicanas “ya que está establecido que, procedente de Haití, entró a territorio dominicano sin que aparezcan en su pasaporte venezolano la visa o anotaciones correspondientes”.
Sanoja viajó de Ciudad Trujillo a Madrid, provisto de pasaporte dominicano expedido el 12 de mayo, escasamente cuatro días después de su llegada a la primera. De acuerdo con el informe presentado al Consejo “sus pasajes fueron proporcionados por autoridades dominicanas y el objeto del viaje fue llevar a la República Dominicana a Eduardo Morales Luengo, exiliado ex capitán de Navío de la Marina venezolana. Su llegada a Madrid tuvo lugar el 17 de mayo, poniéndose en contacto inmediato con el objetivo de su visita, a quien informó de los preparativos de un golpe militar contra Betancourt. Sanoja dijo a Morales Luengo que su presencia era requerida para encabezar ese golpe y que por tanto debía trasladarse a la República Dominicana “y permanecer allí hasta que se le pudiere trasladar a Venezuela”.
Puestos de acuerdo, ambos se trasladaron a Ciudad Trujillo el 30 de mayo. Según el informe, el Gobierno de ese país sostiene que ambos salieron de su territorio hacia Haití el 2 de junio siguiente y que Morales Luengo, durante su breve permanencia en la capital dominicana, “no tuvo contacto con ningún funcionario importante”, hospedándose en un hotel “y no en la casa” señalada por la acusación venezolana, perteneciente a un familiar del propio Trujillo.
El informe destaca que Morales Luengo, por su parte, declaró a la Comisión, durante los interrogatorios practicados por ésta en Caracas, que su pasaje Madrid-Ciudad Trujillo había sido adquirido por Sanoja con dinero proporcionado por el Generalísimo; que fue recibido en la capital dominicana por el coronel Abbes García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, quien lo condujo, en compañía de Sanoja, ante el dictador “habiéndole manifestado éste último que estaba a sus órdenes para cualquier cosa que necesitara en relación con el movimiento militar” para derrocar a Betancourt. Terminada dicha reunión, fue llevado por Pedro José Trujillo, sobrino del “Jefe”, a casa de Romeo Trujillo, otro pariente de aquél, en donde permaneció alojado hasta la llegada del avión de RANSA que lo transportó a Venezuela, el 18 de junio.
Las conclusiones del informe rebatían los argumentos de la defensa dominicana. Por ejemplo que durante la primera quincena de junio, Sanoja regresó a Venezuela vía Haití, utilizando su pasaporte venezolano. En el recorrido a Haití, Sanoja fue acompañado desde Ciudad Trujillo hasta la frontera por Morales Luengo y, según éste, también por Pedro y Romeo Trujillo y el coronel Abbes García. Una vez en Venezuela, Sanoja avisó a otros de los implicados en el complot de la presencia de Morales Luengo en República Dominicana “dispuesto a trasladarse a Venezuela cuando lo fueran a recoger”.
A continuación el informe relata los dos viajes del avión de RANSA, los días 17 y 18 de junio, y los contactos de sus cómplices con Trujillo y otros responsables del régimen, así como la manera en que trasladaron las armas y explosivos utilizados en el atentado.
“Para comprobar que esto no pudo haber ocurrido, el Gobierno de la República Dominicana ha presentado a la Comisión un certificado, extendido el 9 de julio último, por un teniente coronel dominicano, al parecer encargado de la citada base (de San Isidro), en que se asienta que jamás ha aterrizado en la misma un avión perteneciente a una compañía de aviación civil venezolana y, a mayor abundamiento, que el único avión civil que ha aterrizado en la referida Base, desde que se inauguró en marzo de 1953, fue uno de Pan American Airways que lo hizo por equivocación el 7 de julio de 1960”, continuaba el informe.
A pesar de este alegato, la Comisión, basada en las declaraciones del piloto de la nave venezolana y de los demás acusados, llegaba a la conclusión de que el aterrizaje “se llevó a cabo en el lugar y la forma descritos”, con lo cual rechazaban categóricamente el elemento básico de la defensa dominicana. También concluía aceptando como “verdad” las afirmaciones de los implicados de que Morales Luengo los había conducido, luego de haber llegado a San Isidro, “a la casa en que había estado viviendo”, propiedad de un pariente de Trujillo.
Además, había llegado a la conclusión adicional de que Cabrera Sifontes y Yáñez Bustamante “se hospedaron en esa casa hasta el día siguiente”, 18 de junio, mientras los dos aviadores, acompañados de Morales Hernández, “regresaron a Venezuela para evitar que las autoridades sospecharan que habían faltado a la verdad al declarar su punto de destino”. Durante las veinticuatro horas, aproximadamente, en que Morales Luengo, Cabrera Sifontes, Yáñez Bustamante y Sanoja estuvieron juntos en dicha casa “fueron visitados por los menos en dos ocasiones” por Trujillo y tres o cuatro veces por el coronel Abbes García.
A continuación, el informe pasaba a detallar lo ocurrido durante el tiempo en que los implicados permanecieron en la capital dominicana: “Cabrera Sifontes refirió al Jefe de las Fuerzas Armadas sus puntos de vista sobre la situación interna de Venezuela y describió las fuerzas con que contaban los conspiradores así como los planes del golpe de estado en contra del gobierno de dicho país. El Jefe de las Fuerzas Armadas les ofreció la ayuda que necesitaran para derrocar el régimen venezolano y aconsejó que procedieran con rapidez y decisión”.
Abbes García fue el primero en mencionar el aparato electrónico utilizado después en el atentado. Conforme la confesión de uno de los detenidos, el oficial dominicano “también insinuó que el aparato” era adecuado para un atentado contra la vida del Presidente de Venezuela. Los conspiradores recibieron más adelante de manos del coronel Abbes García y otro coronel no identificado “dos fotografías de automóviles volcados e incendiados como demostración de la efectividad del dispositivo electrónico”. Los dos militares enseñaron, igualmente, por lo menos a uno de los venezolanos, “cómo instalar la bomba para poder hacerla estallar mediante dicho dispositivo”.
Para poder ejecutar los planes de derrocar al Presidente Betancourt, los conspiradores solicitaron de las autoridades dominicanas “armas para doscientos civiles, colaboradores de los elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas” supuestas a participar en la conjura. Esta petición fue atendida cuando menos en parte y las autoridades venezolanas mostraron a la Comisión, explicaba ésta en su informe, “algunas de las sub ametralladoras, pistolas, fusiles y cartuchos o proyectiles que los implicados transportaron a Venezuela”. También obraban en poder del grupo de la OEA, fotografías de las granadas de mano que, según los propios conspiradores, éstos llevaron consigo desde la República Dominicana a Venezuela.
Tras enumerar los pasos siguientes de la trama y la manera en que se llevó a cabo el atentado criminal contra Betancourt, la Comisión revelaba que había localizado en Miami, Florida, al piloto del avión YV-C-ARI, Jesús García, sin poder obtener declaraciones de éste por haberse negado a prestarlas. El Gobierno de Venezuela, agregaba, ha dictado contra García orden de detención “y ha iniciado gestiones para lograr su extradición de los Estados Unidos”.
Con esos elementos de juicio, la Comisión pudo llegar entonces, en su informe al Consejo de la OEA, a las conclusiones siguientes:
- El atentado contra la vida del Presidente de Venezuela, perpetrado el 24 de junio de 1960, fue un episodio de un complot fraguado para derrocar al Gobierno de dicho país.
- Los implicados en el atentado y complot de referencia recibieron apoyo moral y ayuda material de altos funcionarios del Gobierno de la República Dominicana.
- Dicha ayuda consistió, principalmente, en brindar a los implicados facilidades para viajar y para ingresar y residir en territorio dominicano en relación con sus planes subversivos; en haber facilitado los dos viajes del avión de matrícula venezolana hacia y desde la Base Aérea Militar de San Isidro, República Dominicana; en proveer armas para el golpe contra el Gobierno de Venezuela y el dispositivo electrónico y la bomba que se utilizaron en el atentado; así como en haber adiestrado, en el funcionamiento del dispositivo electrónico de dicha bomba, a quien la hizo explotar y demostrado a éste la fuerza destructiva de la misma.
En Ciudad Trujillo la apariencia de normalidad escondía las fuertes tensiones que paulatinamente iban cercando al régimen nacido en 1930. Pero el hombre fuerte de República Dominicana no estaba aparentemente dispuesto a darse por vencido. Los titulares y editoriales de la prensa controlada desde el Palacio Nacional arreciaron sus ataques contra la OEA y Betancourt. Y mientras en todo el país se celebraban manifestaciones de respaldo al Generalísimo, la radio llenaba de epítetos al Presidente de Venezuela, al que ahora llamaba “la rata de Miraflores”.
En vez de ablandarlas, el curso que tomaba el debate diplomático en la OEA endureció las medidas de represión interna. A los dominicanos comenzó a hacérsele todavía más difícil trasladarse de un sitio a otro dentro del mismo país. Los puestos de chequeo en caminos y carreteras controlaban los movimientos de salida y llegada de cada ciudadano a cualquier ciudad o poblado del interior. Un virtual toque de queda redujo al mínimo las actividades nocturnas de las principales ciudades y los informes de nuevas redadas y arrestos llenaron todos los ambientes de la temerosa sociedad dominicana.
Los argumentos de la defensa insistían en que los cargos contra el Gobierno eran “un documento preparado y ajustado al interés” de la parte acusatoria. A juicio de la Cancillería dominicana, éste era un documento ad-hoc, una conspiración levantada contra Trujillo. Los desmesurados ataques personales contra Betancourt evidenciaban, empero, la desesperación y la debilidad de la férrea dictadura, enfrentada esta vez a fuerzas que parecían cada vez más difíciles de dominar.
En la fase agónica a que lo arrastraban inexorablemente la presión internacional y el aumento de la resistencia interna, el despotismo trujillista intentaría escudarse en la adelante en la más impenetrable coraza de dureza y crueldad que se hubiese conocido a lo largo de sus treinta años de existencia.
Las conclusiones de la Comisión investigadora abrían el camino para la adopción de sanciones enérgicas de la comunidad hemisférica contra el Gobierno dominicano. Ahora sólo faltaba esperar que el Consejo, actuando como Órgano de Consulta, se reuniera para evaluar este informe y adoptara las medidas solicitadas por Venezuela.
De nada le habían valido a Trujillo sus intentos de neutralizar la acusación en contra de su régimen apelando a escaramuzas diplomáticas. Tampoco le habían servido de mucho las gestiones del ex Presidente de México, Emilio Portes Gil, quien, tras encabezar una conferencia internacional de juristas celebrada durante diez días en Ciudad Trujillo, criticara acremente los trabajos de investigación del grupo investigador de la OEA como una trama contra el Generalísimo y, de vuelta en México, insistiera en defender a Trujillo presentándolo como un abanderado de la paz y la democracia en el Continente.
El informe de la Comisión era, en todos los sentidos, una derrota para Trujillo. Se creaba la situación más embarazosa por la que jamás hubiera pasado en sus tres décadas como “rector y guía” del país del cual se hacía titular “Benefactor y Padre de la Patria”. Betancourt se anotaba un tanto a su favor, en la etapa más crítica del partido entre ambos.
