“Rectitud, Libertad, Trabajo y Moralidad”.
Lema del Partido Dominicano, grabado en todos los edificios públicos
del país. Cada una de las cuatro palabras correspondía a las iniciales
del nombre del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina.
A las pocas horas de haberse producido el atentado contra la vida del Presidente Betancourt, las sospechas apuntaban ya hacia el hombre fuerte de la República Dominicana. Aunque no se disponían de pruebas concretas todavía, en las primeras horas de la tarde el Gobierno formuló su primera apreciación de los hechos. La tirantez entre los dos países entraba así en un peligroso estado de guerra no declarada. Era una situación sin precedentes en la historia de las convulsiones políticas y estallidos sociales en el Caribe.
Poco después del mediodía, mientras tenía lugar en Miraflores la reunión de emergencia del Consejo de Ministros convocada por el Secretario General de la Presidencia, Acción Democrática informaba por primera vez al pueblo de los fatales acontecimientos ocurridos en la avenida de Los Próceres. En un discurso difundido por Radio Nacional de Venezuela, el secretario nacional del partido oficialista, doctor José Ángel Filiberto, dijo que la gravedad “y la tendencia de esta alevosa aventura, propia de pistoleros políticos” demostraba la existencia de una “vasta conspiración de tipo eminentemente reaccionaria” con vinculaciones dentro y fuera del país. “Es evidente, además, que la conspiración cuenta con poderosos aliados desde el exterior, representados por la despreciable dictadura de Rafael Leonidas Trujillo”.
A las tres de la tarde, el ministro del Interior, Luis Augusto Dubuc, luego de terminada la reunión de emergencia del Consejo de Ministros, se dirigió al país por radio y televisión para informar brevemente de la acción terrorista. En la misma habrían participado, dijo, sectores ligados al trujillismo y al perezjimenismo.
Exactamente media hora después, la Estación Monitora de la Dirección General de Telecomunicaciones de Ciudad Trujillo, bajo el control del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), terminó la transcripción del discurso captado en Radio Progreso, de La Habana, y pasó el mensaje al Generalísimo. Esta dependencia permanecería durante todo el resto del mes y el siguiente, rastreando todos los servicios telefónicos del Continente. El coronel Abbes García impartió la orden de que los boletines se transcribieran “tal y como fueron escuchados”.
De esta forma, Trujillo se mantuvo permanentemente informado de cuanto se decía sobre él y su régimen. Este rápido y efectivo servicio de comunicación permitiría al Gobierno dominicano anticipar algunas acciones que en el curso de las semanas siguientes se adoptaron en su contra. Tal vez no le fue muy útil a los fines de evitar las consecuencias de esas acciones, pero evitó verse sorprendido por iniciativas imprevistas.
Al final de la tarde de ese día, los servicios de inteligencia llevaron a Trujillo el texto de una declaración de repudio al atentado, difundida minutos antes por Radio Rumbos, del denominado Frente Democrático Independiente Dominicano, con sede en Caracas, en el que se calificaba de “cobarde” el atentado y se le acusaba de ser “con toda seguridad instigador y financiador principal”. La declaración estaba suscrita por Luis Aquiles Mejía, Juan Isidro Jiménez Grullón, Miguel A. Gómez Rodríguez, Luis F. Mejía, Julio Sánchez Feliz, Luis A. Febles, Horacio Ritz, Francisco Canto, Francisco Carvajal, Joaquín Montero y Rafael Mejía Lluberes. El grupo representaba todas las corrientes del exilio dominicano. Tras leer la transcripción, Trujillo exclamó: ¡Esos pendejos!
Los primeros arrestos vinculados con la acción dinamitera, robustecieron la impresión en las autoridades venezolana de que estaban en el camino correcto. El Ministro de Defensa, general López Henríquez, herido en el atentado junto al Presidente, reveló que a medida que avanzaban las investigaciones de los cuerpos de inteligencia policial “se evidenciaba más y más la participación de Trujillo y sus secuaces”.
Difundido a las 6:45 de la mañana del sábado 25, a menos de veinticuatro horas de ocurrido el atentado, la declaración preocupó profundamente a los servicios de seguridad del Gobierno dominicano. Como él mismo había autorizado, el contenido de la declaración fue copiado por los equipos de monitoreo del coronel Abbes García, pasando la información a Trujillo. Luego en la noche, antes de que el texto completo de la alocución dirigida desde Miraflores por Betancourt llegara a la sala de redacción de El Caribe, se detuvo ante el despacho del “Jefe” en el Palacio Nacional. El diario requería de su previa autorización para publicarlo.
En los círculos oficiales dominicanos comenzó a cobrar cuerpo el temor de que las extravagancias internacionales del hombre que regía a la nación con mano de hierro desde 1930, sumieran esta vez al país en una situación explosiva. De alguna manera la onda expansiva del estallido que había estremecido el pavimento de una avenida lejana en Caracas, acabaría sacudiendo los cimientos de un régimen que a muchos de sus viejos colaboradores llegó a parecerle inconmovible y eterno.
Trujillo debía prepararse para afrontar tal vez el más grande de los desafíos a los que su temeridad y poder le habían arrastrado jamás. Su plan había obviamente fracasado. Betancourt se hallaba a salvo y los hombres responsables de ejecutarlo estaban siendo detenidos. Era evidente que algunos de ellos habían ya confesado su complicidad. Esta vez la suerte parecía haberle sido adversa.
Otro resultado negativo del fallido atentado criminal consistía en haber paralizado las pugnas políticas internas venezolanas. Costábale a Trujillo aceptar como un hecho natural y cierto que las agrias rivalidades entre los principales partidos de aquel país, en un gesto de solidaridad ante un ataque tan brutal y violento, se hicieran a un lado por el momento. La versión dada por Radio Moscú y captada por la Estación Monitora acerca del apoyo ofrecido al Gobierno por los líderes de Unión Republicana Democrática, Jóvito Villalba y de Copei, Rafael Caldera, al hablar en el Congreso de la República, tuvo en el ánimo de los principales colaboradores de Trujillo el efecto de la carga explosiva hecha estallar en la Avenida de Los Próceres.
El domingo 26 empezó a hablarse de un enfrentamiento militar. El influyente periódico La Esfera comentó: “Tenemos una escuadra aguerrida y fuerte y una aviación moderna, que puede pulverizar a la isla siniestra (República Dominicana)”. El órgano advertía contra la inutilidad de la acción diplomática como castigo por la agresión. Dentro del marco de la OEA, ello equivaldría a “unir a nuestra negligencia del pasado la burla sangrienta de nuestros enemigos”. No era la única voz clamando por represalias directas. El diario Últimas Noticias reclamaba en un editorial: “Nos han declarado la guerra y nos han lanzado una bomba. ¿Es que no tienen proyectiles nuestros barcos?”.
En medio de tan delicada situación había espacio para la fantasía periodística. Los equipos de monitoreo del Generalísimo captaron una emisión de la estación XEW de Ciudad México que hablaba de una fuerte actividad de la marina y la aviación venezolanas sobre sus costas, en vista de informes de que “una embarcación se dirigía a Venezuela con armas para grupos de conspiradores, que contaban ya con la muerte violenta del Presidente Betancourt”.
La noche del lunes 27, tres días después del atentado, Venezuela formuló la primera acusación formal responsabilizando a Trujillo de la conspiración. El Canciller Ignacio Luis Arcaya declaró públicamente que el Gobierno, por intermedio suyo, había denunciado ante todas las cancillerías americanas al Gobierno dominicano como partícipe principal del intento de asesinato del Presidente venezolano. En Washington, la delegación dominicana pudo percibir que el ambiente se encaminaba en dirección a un doloroso y prolongado proceso diplomático que la mantendría ocupada por mucho tiempo. Nuevamente, las primeras informaciones sobre aquellos sucesos llegaban al escritorio del dictador desde las maquinillas de la Estación Monitora del Servicio de Inteligencia.
La reacción dominicana no tardó en hacerse sentir. En directa referencia a los cargos formulados por el canciller Arcaya, el Vicepresidente Joaquín Balaguer reafirmaba la irrestricta adhesión de su gobierno a la política de no intervención en los asuntos internos de otros países. Las acusaciones contra Trujillo significaban, según Balaguer, una “calumnia más” contra la República Dominicana. “Lo demuestra el hecho de que todo acontecimiento adverso contra Betancourt se atribuya al gobierno dominicano, del mismo modo que es técnica de Fidel Castro atribuir a los Estados Unidos todo aquello que se considere perjudicial a la revolución cubana”.
Se quejaba Balaguer de informaciones presuntamente propaladas desde Caracas, resaltando que la radio dominicana informara del atentado antes de que ocurriera. Eso, dijo, “constituye un alarde de imaginación para dar visos de realidad a una hipótesis que carece de todo fundamento”. En declaraciones a la prensa, el Vicepresidente insistía en la existencia de un plan venezolano para crear animosidades en el exterior contra República Dominicana. Con ello se buscaría aumentar la tirantez en el Caribe. Las pruebas podían encontrarse en las “provocaciones” de la prensa caraqueña exhortando a actos de agresión y a acciones bélicas en gran escala contra el país.
La prensa venezolana nunca atribuyó a la radio dominicana de haberse anticipado al hecho, informando del atentado antes de que se produjera, como protestara el Vicepresidente Balaguer. Lo cierto es que La Voz Dominicana transmitió un primer boletín mucho antes de que las autoridades venezolanas autorizaran el primer parte oficial del atentado. Entre ese “flash” informativo leído por el locutor Guillermo Peña, en medio de una programación especial con motivo del aniversario de la muerte trágica de Carlos Gardel y la breve alocución del secretario nacional de Acción Democrática, José Ángel Filiberto, mediaron alrededor de una hora, según ha podido establecerse con precisión.
El ambiente guerrero no dominaba únicamente en esferas políticas y periodísticas venezolanas. En Ciudad Trujillo, el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, general José García Trujillo, declaraba en conferencia de prensa la puesta en estado de alerta de todas las unidades militares dominicanas. La medida, debido al peligro de un ataque desde el exterior, incluía las milicias civiles y todas las fuerzas vivas del país. El jefe militar protestaba de la puesta en marcha de una fuerte campaña periodística en Venezuela a favor de una ofensiva bélica contra el territorio de la República. En efecto, la prensa venezolana estaba llena de comentarios como el del columnista Rodolfo José Cárdenas, llamando a acciones más drásticas contra Trujillo: “¿Vamos a seguir poniendo mejillas que ya hemos agotado por completo, mientras Trujillo cada mañana despierta con una maquinación y cada noche madura un nuevo atentado?”
La decisión ese mismo día, 28, del Senado dominicano de convocar al Congreso bicameral para estudiar una ley de emergencia nacional ante el peligro que para la soberanía e integridad territorial implicaban las incitaciones a un ataque armado provenientes de Venezuela, fue recibido en las esferas gubernamentales de ese país como una virtual declaración de guerra. La ley facultaba al Poder Ejecutivo y con ello de hecho a Trujillo, a disponer, mediante decretos, mientras durara ese estado de excepción, “todas las medidas que considere indispensables para garantizar la seguridad exterior y el orden interno”. Tales poderes eran en adición a otras facultades excepcionales que ya le confería la Constitución.
Al clima de tensión creciente contribuía, en especial, la línea editora de El Caribe, que Trujillo controlaba desde el Palacio. Insistía en una campaña de desinformación que seguía especulando sobre la posibilidad de que Betancourt hubiera muerto en el atentado y que las intrigas por la sucesión desataran una sórdida y soterrada lucha por el poder. El diario se remontaba a acontecimientos de mediados de la década de los treinta, diciendo, en un comentario publicado el día 29 de junio: “Venezuela tiene antecedentes de la situación en que se encuentra ahora y del ocultamiento de la verdad al pueblo. Cuando en 1936 murió Juan Vicente Gómez, cuyo sólo nombre hacía temblar a la gente, después de 27 años de un despotismo sombrío de sangre y de hierro, de martirio y de muerte, que hizo de Venezuela un lúgubre cementerio, el ministro de Guerra, Eleazar López Contreras, en acuerdo con otros oficiales y funcionarios civiles, ocultó la muerte y siguió haciendo circular boletines médicos en los que anunciaba un pronto restablecimiento del tirano”.
Esta campaña alcanzó el ridículo en su edición del 3 de julio, cuando en primera página El Caribe insertó un pequeño cuadro de una columna por una pulgada con el título “¿Qué fue de Betancourt?”. La nota reproducía un escueto mensaje del diario a las oficinas de la United Press International (UPI) en Nueva York pidiendo un servicio especial fotográfico, con el texto siguiente: “Favor enviar por radio o correo una foto Presidente Betancourt después atentado. Punto. El Caribe” LA-200 El Caribe, Ciudad Trujillo. 02160. No se ha tomado ninguna fotografía de Betancourt desde intento asesinato. Pelletier.
Simultáneamente con estos eventos en la capital dominicana, en Caracas, el Canciller Arcaya convocaba por segunda vez a los diplomáticos acreditados allí para enterarles confidencialmente de los puntos sobre los que Venezuela sostendría su acusación sobe la directa relación del Gobierno dominicano en la conjura contra el Presidente Betancourt. De esa reunión de carácter secreto se emitirían escuetos boletines radiales que los expertos en radio al servicio del Generalísimo captarían en sus monitores y transcribirían para su conocimiento inmediato. Gracias a este servicio al estilo del espionaje clásico de las dos guerras mundiales, Trujillo le ganaba días al menos rápido, pero no por ello menos efectivo análisis de valoración informativo contenido en las valijas de su bien pagado servicio exterior.
A los informes acerca de alerta militar en la isla caribeña, los altos mandos venezolanos respondían señalando que las Fuerzas Armadas estaban listas para repeler cualquier ataque proveniente de la República Dominicana. En respuesta a un cuestionario del diario El Mundo, el contralmirante Luis Crosser, jefe de la Segunda División del Estado Mayor Conjunto, dijo que la soberanía venezolana no sería mancillada por el dictador antillano.
Una Orden del Día leída en las guarniciones de toda la República, las situaba en estado de alerta, “listas para defender la soberanía nacional” amenazada de un ataque extranjero. La orden se refería al peligro que significaba para Venezuela la movilización decretada en la República Dominicana y contenía un listado referente a la misión que en momentos de peligro correspondía a las fuerzas castrenses. El periódico La Esfera, en su edición del día 29, detallaba que las Fuerzas Armadas habían calificado como “intolerable intromisión en nuestros asuntos internos el cobarde y bárbaro atentado” sufrido por el Presidente Betancourt.
Al mismo tiempo, tenía lugar la primera reunión del alto mando militar con el Ministro de Defensa, general Josué López Henríquez, todavía recluido en el Hospital Clínico Universitario a causa de las heridas sufridas en el atentado. A la cama del jefe militar acudieron para una evaluación de la situación general del país en el aspecto castrense, el general Régulo Pacheco Vivas, jefe del Estado Mayor Conjunto y el general Pedro José Quevedo, Comandante General del Ejército. Inmediatamente después, los generales se dirigieron a Miraflores donde se celebró una reunión de los jefes de los distintos cuerpos armados de la nación, a la que asistieron también el general Antonio Briceño Linares, jefe la Fuerza Aérea; el contralmirante Carlos Larrazábal, comandante en jefe de las Fuerzas Navales y el coronel Carlos Luis Araque, jefe de las Fuerzas Armadas de Cooperación.
Según distintas versiones, en las dos reuniones de jefes militares celebradas ese día, la primera en el Hospital Clínico y la segunda en el Palacio de Miraflores, llegó a discutirse seriamente la posibilidad de un ataque de represalia contra la base aérea de San Isidro y otros objetivos militares de Ciudad Trujillo. La opción fue descartada por entenderse que arrastraría a una confrontación sangrienta con grandes bajas en la población civil. En entrevistas realizadas en Caracas en el mes de agosto de 1994, los ex presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez, dos estrechos colaboradores de Betancourt en 1960, confirmaron al autor que tal posibilidad figuró en agenda, desestimándose por razones políticas y humanitarias. Oficiales militares de aquella época, ya en retiro, con quienes también conversó el autor, dijeron que la versión era cierta.
En medio de la constante y creciente agitación, los agentes de la Estación de Monitoreo del Servicio de Inteligencia Militar del coronel Abbes García, vendrían a proporcionarle a Trujillo una visión clara y anticipada de las posibilidades diplomáticas de una acción en su contra.
La transcripción de un agente identificado sólo por el nombre clave de “Helena”, le ponía al tanto de las gestiones venezolanas frente a otras naciones de la OEA para poner en marcha una reunión especial de los Ministros de Relaciones exteriores que adoptara medidas contra el Gobierno dominicano. El informe extraído de una transmisión radial citaba la posibilidad de una reunión de consulta de los ministros, lo cual parecía sugerida por el procedimiento que estaba siguiendo el canciller Arcaya en sus gestiones ante los embajadores de las demás naciones, a los cuales había entregado copias de un memorándum con la posición de su país.
Aunque no hacía referencia al contenido del documento, la transcripción del agente “Helena” proporcionaba a Trujillo un frío y ponderado análisis del curso que podría tomar la iniciativa venezolana. Existían, en efecto, dos cursos de acción en la OEA. Primero, una reunión de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de conformidad con la Carta de la OEA que contempla tales sesiones para considerar problemas de naturaleza urgente y de interés común a los Estados americanos. La segunda posibilidad radicaba en una reunión de consulta de conformidad con el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, pactado en Río de Janeiro en 1947, que contempla este tipo de reunión en situaciones de peligro para la paz continental.
El conocimiento cabal de la situación resultaba fundamental a los fines de poder trazar una estrategia de defensa de las acusaciones que podrían culminar con una condena que aislara a su régimen del resto de la comunidad interamericana. El informe de “Helena” ayudaba al Generalísimo a encontrar el más confiable de los caminos para enfrentar a su enemigo mortal en el plano que éste había escogido para la confrontación decisiva entre ambos.
En opinión de las fuentes citadas en el informe, la primera de las alternativas señaladas gozaba de mayores posibilidades dado que los senderos preliminares para la segunda serían hechos directamente a la OEA. En cualquiera de los dos casos el Consejo de la organización tendría que convocar la reunión y seleccionar la fecha y sede de la misma. En realidad el camino del nuevo enfrentamiento diplomático había comenzado a ser trazado antes del atentado. En efecto, mucho antes Venezuela había ya dado a entender que preparaba una denuncia contra el Gobierno dominicano por su alegada participación en el abortado complot militar de la guarnición de San Cristóbal, Estado de Táchira, en mayo pasado. De hecho, la Comisión Interamericana de Paz estaba ya apoderada de estudiar la cuestión relacionada con las tensiones en el Caribe. Pero las fuentes en que se basaba el informe del agente “Helena” descartaban que Venezuela recurriera a este grupo para una denuncia tan seria, como la de un intento de asesinato a su Presidente.
En cambio, sostenían que una convocatoria a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, ya fuere de acuerdo con la carta de la OEA o bajo el Pacto de Río de Janeiro, forzaría a la Comisión de Paz a tener que informar a la reunión. Esto permitiría un examen total de las tensiones en la región lo que ulteriormente podría dar cabida a iniciativas dominicanas contra su acusador.
Esta evaluación, como muchas otras obtenidas del mismo modo, sería de un incalculable valor para Trujillo. En algunos casos la usaría para rebatir interpretaciones de sus propios diplomáticos, frente a los cuales sus sorprendentes juicios de intuición de la problemática internacional, lo hacían aparecer ante sus subordinados como el estadista que en realidad no era.
Antes de que concluyera el mes, a menos de una semana de haberse producido el atentado criminal contra el Presidente, las autoridades venezolanas informaban del arresto de todos los nacionales del país implicados directa e indirectamente en la trama, con la sola excepción de uno. Este era el ingeniero hidráulico Luis Cabrera Sifontes, el hombre que había presionado el aparato de control remoto con el cual se había hecho estallar la carga de explosivos escondida en el baúl del viejo Oldsmobile estacionado en el trayecto de la caravana presidencial.
El Gobierno reiteraba los graves cargos formulados contra el régimen trujillista y anunciaba la suspensión de las actividades de la línea aérea privada RANSA, en uno de cuyos aparatos se habían transportado los explosivos desde la capital dominicana. Su principal accionista, Carlos Chávez, a quien Morales Luengo solicitara mediante un breve mensaje escrito de puño y letra un segundo vuelo del “Cabrito”, se encontraba entre los detenidos, 32 en total, confinados en un pabellón especial de la Cárcel Modelo de Caracas.
Para poner en claro todo lo relativo al atentado y la complicidad del dictador dominicano, sólo restaba por apresar a Cabrera Sifontes, declaró el ministro de Justicia Aguilar. Más de treinta y cinco allanamientos en busca de armas y otras pruebas habían ya realizado los agentes de la Policía Técnica Judicial y de la Interpol en toda Caracas y sus alrededores.
Las informaciones reforzaron la convicción del Gobierno antillano de que se avecinaban momentos difíciles; tal vez el comienzo del fin de la Era de Trujillo.
Mientras se daban los pasos para el curso de la acción diplomática, en Venezuela seguía cerrándose el cerco tendido al régimen quisqueyano. El Congreso iniciaba la discusión de medidas propuestas en adición a las que pudiera adoptar Miraflores y las principales compañías petroleras establecidas en el país, la Shell y la Creole Petroleum Corporation, entre otras, informaban de su decisión de mantener suspendida toda venta de combustible a la República Dominicana. Por otro lado, misiones diplomáticas del Gobierno y de trabajadores pertenecientes a Acción Democrática, iniciaban giras por todo el Continente en procura de respaldo a las iniciativas venezolanas contra Trujillo.
La Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV) anunciaba, al mismo tiempo, la celebración en Caracas de un congreso internacional para mediados de julio con el propósito de propiciar la exclusión de las organizaciones laborales trujillistas de todos los organismos y organizaciones laborales de la comunidad hemisférica. La medida estaría avalada en pruebas materiales irrefutables, según la organización, de la complicidad del dictador en el atentado contra el Presidente de Venezuela.
En Bogotá, versiones de un complot trujillista para asesinar al Presidente Alberto Lleras Camargo, revelado por voceros oficiales a la prensa, incrementaron las voces de condena contra el régimen dominicano desde diferentes capitales americanas. “El gobierno (de Colombia) conoce los planes” para atentar contra la persona del Presidente Lleras, añadieron las fuentes, según publicara El Nacional de Caracas. Las amenazas abarcarían también al dirigente de la fracción izquierdista del Partido Liberal, Alfonso López Michelsen. En vista de lo sucedido la semana anterior en la Avenida de Los Próceres en la capital venezolana, el Gobierno colombiano ordenó protección especial para los dos líderes políticos de la nación.
Algunas de las críticas más severas contra Trujillo provenían en esos días de la prensa de los Estados Unidos. En una de las habituales caminatas nocturnas del Generalísimo por la Avenida George Washington, una amplia vía que bordea toda la costa del Mar Caribe de la capital dominicana, tuvo lugar una de las muchas historias dentro del ambiente íntimo del dictador que servían para definirlo. La noche en cuestión, mientras caminaba en compañía de sus más cercanos colaboradores y ayudantes militares, se acercó al “Jefe” uno de los principales responsables de sus Servicios de Seguridad, el mayor Cándido Torres, de fama legendaria por la rudeza con que solía tratar a los prisioneros políticos. El oficial mostró a Trujillo un ejemplar del periódico The New York Times, donde se publicaba un artículo crítico del corresponsal Tad Szulc.
-¿Qué dice ese libelo?-, inquirió el Generalísimo, a lo que el oficial respondió:
-Se trata de un artículo difamatorio contra el Gobierno.
-Bien, le cortó Trujillo con acento severo-, ¿y qué importancia tiene para el Gobierno la opinión del The New York Times ?
El dictador estaba visiblemente molesto por la actitud del oficial de seguridad “en un asunto que no formaba parte de sus atribuciones habituales”. Media hora después, al disponerse abordar el vehículo para retirarse, Trujillo llamó en voz alta al mayor Torres:
-Repítame lo que dice el artículo del The New York Times- le ordenó.
-Nuevas calumnias contra el régimen, señor.
Trujillo puso el acento más áspero a su voz al replicarle:
-Pues bien, acuda a mi cuando usted encuentre en la prensa de los Estados Unidos un artículo en que se diga que Rafael Leonidas Trujillo es un maricón.
Esta anécdota es referida tanto por Robert D. Crasswweller en su obra como por Joaquín Balaguer en La palabra encadenada, publicado algo más de década y media después, ya como Presidente Constitucional de la República. De todos los colaboradores de Trujillo, Balaguer fue uno de los que probablemente mejor le conoció. Fue también, entre los miembros del Círculo íntimos, el que mejor supo afrontar, sin caer en desgracia, los peligros que implicaban para los integrantes de ese círculo de privilegiados las frecuentes iras del tirano y su tendencia a ceder al encanto de la chismografía e intrigas, que él mismo alentaba a su alrededor.
La anécdota citada por Balaguer viene al caso porque la radio controlada por Trujillo solía atacar a Betancourt acusándole de afeminado. Era la forma en que el “Jefe” replicaba el apodo de “Chapita” que la radio y la prensa venezolana usaban para nombrarle. Los venezolanos decían que los vistosos uniformes de Trujillo estaban llenos de las “chapas” de las incontables órdenes que se hacía conferir de gobiernos extranjeros. En realidad, el mote de “Chapita” le vino a Trujillo de su costumbre de niño de colocarse en la camisa medallas, monedas y tapas de botellas como si fueran condecoraciones. Por supuesto, hablar de esto en el país se pagaba con la cárcel o la muerte.
Corría también otra versión según la cual Betancourt habría tenido relaciones íntimas con María Martínez, quien luego sería la esposa de Trujillo, cuando el primero estuvo en Santo Domingo a finales de la década de los años veinte. De acuerdo con personajes de la época, Betancourt solía burlarse de las insinuaciones de homosexual que le hacía la radio dominicana comentando:
-“¡Pregúntenle a María Martínez!”. Un colaborador de Trujillo, Luis Rodríguez Bergés, dijo al autor que esas versiones le encolerizaban a menudo. No está comprobado, sin embargo, que esto fuera el origen de la enemistad entre ambos.
El mes de julio trajo consigo malas nuevas para el Gobierno dominicano. En Caracas, la Policía Técnica Judicial, al informar de la existencia de pruebas contra el dictador, dijo que las evidencias en poder de las autoridades permiten acusarlo “ante cualquier tribunal del mundo y lograr su condena”. La enfática declaración siguió a una sorpresiva reunión del embajador de Venezuela ante la OEA, Falcón Briceño, con el equipo técnico del organismo policial a cargo de la investigación.
En base al uso de reactivos y otros elementos técnicos, la policía había conseguido los seriales del armamento de fabricación dominicana utilizados en el atentado. También se informaba de la recuperación del aparato de microondas que sirvió para detonar a distancia los explosivos y que Cabrera Sifontes, en su huida precipitada de Caracas, había arrojado descuidadamente en una maleza de la antigua carretera a Maiquetía.
Las pruebas estaban siendo obtenidas de confesiones de los detenidos. Los testimonios eran ricos en detalles. Los terroristas, por ejemplo, habían desestimado el robo de un automóvil y optaron por utilizar el viejo Oldsmobile, por temor a que la denuncia de un hurto llevara a la policía a identificar el vehículo antes del atentado. Los investigadores habían encontrado también en el allanamiento practicado al apartamento de Yáñez Bustamante fotografías con pruebas de explosiones de vehículos similares al Cadillac donde viajaba el Presidente Betancourt. En principio, los detenidos habían confesado que se trataba de pruebas hechas en canteras de una propiedad de la madre de Yáñez Bustamante. Pero pronto el testimonio fue cambiado. Las fotografías, tamaño 18 x 24 centímetros y que formaban parte del expediente acusatorio, habían sido tomadas en Ciudad Trujillo con cargas explosivas similares a las empleadas contra el Jefe del Estado.
Basadas en esas pruebas materiales, el Gobierno de Venezuela invocó oficialmente la noche del primer día de julio del Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro y decidió solicitar una Reunión de Consulta “urgentísima” de los Ministros de Relaciones Exteriores. La iniciativa demandaba de la comunidad de veintiuna naciones americanas que el Gobierno de la República Dominicana fuera juzgado por su “participación” en el intento dinamitero en que resultara herido el 24 de junio el (AQUÍ HAY 4 PAGINAS CON FOTOS) Presidente Betancourt. Este hecho entrañaba, además de una “incalificable agresión, la más monstruosa intervención en los asuntos internos de un Estado”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Arcaya al presentar la solicitud.
Conjuntamente, el palacio de Miraflores anunciaba poseer pruebas de que los explosivos usados en el ataque terrorista habían sido embarcados desde un aeropuerto militar dominicano. Tal hecho, en opinión del Canciller Arcaya “no puede ser tolerado por mi Gobierno ni por el resto de las naciones democráticas del Continente”.
Un hecho inesperado vendría a cerrar el último capítulo en el proceso de acumulación de pruebas contra Trujillo, al ser detenido, mientras intentaba cruzar la frontera hacia Colombia, el último y más perseguido de los acusados, Cabrera Sifontes.
Tras conocerse la solicitud de convocatoria de una Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, el embajador venezolano ante la OEA, Falcón Briceño, dijo a la prensa en Washington que “en la defensa legítima de su soberanía”, Venezuela pudo haber declarado la guerra a la República Dominicana. Su país se abstuvo de tal acción, afirmó, por la fe que tiene en el sistema interamericano.
Los dos países estuvieron más próximos de un choque armado de lo que se ha creído siempre. En los primeros días de julio, el Ejército de Trujillo hizo exhibiciones de fuerza que alarmaron seriamente al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Un despacho de prensa internacional publicado en El Caribe y diarios venezolanos, refleja el nivel de tensión en que ambos países se encontraban. La crónica se refería a la fabricación por una planta de armamentos ubicada en la ciudad dominicana de San Cristóbal de torpedos de alto poder explosivo que se podían hacer estallar por microondas para atacar embarcaciones de gran tamaño. Esa planta estaba construyendo armas en cantidades masivas para las tropas trujillistas, con el aparente propósito de atacar a Venezuela. El despacho aseguraba que las primeras pruebas con los torpedos se habían realizado hacía un mes y que Trujillo tenía organizado un cuerpo especial de hombres ranas, especializados en tareas peligrosas para tratar de hundir con esos torpedos al submarino Carite, recién adquirido por la marina venezolana. También hablaba de anuncios atribuidos al propio Trujillo de que su Ejército dispondría de proyectiles teleguiados, información ésta última que había sido descartada, de acuerdo con el despacho mismo. Sin embargo, la información relacionaba ese anuncio con explosiones de origen desconocido que habíanse estado escuchando desde hacía días en los alrededores de la capital dominicana.
El 4 de julio, el Presidente Betancourt hizo su primera aparición pública desde el atentado, al recibir en el Palacio de Miraflores por treinta minutos a representantes de diversos sectores del país. Las versiones de los testigos de esa entrevista indicaban que el Mandatario se encuentra en “franca mejoría”. Habló con “lucidez y con dominio perfecto de todas sus facultades”. La emisora “La voz de Carabobo” dijo en su boletín informativo de las cinco de la tarde que Betancourt hablaba con “cabal naturalidad”, aunque su rostro presentaba todavía los efectos de las quemaduras, pero muy superficial, hasta el punto de dar la impresión de ser producidas por una fuerte insolación. El Presidente se había dirigido a sus visitantes con “vigor” y respondido con firmeza a preguntas acerca de la complicidad de Trujillo en el acto de terrorismo de la Avenida de Los Próceres.
Los reporteros tuvieron acceso a esta entrevista, no los fotógrafos. Los funcionarios del Palacio justificaron la medida en el hecho de que el Presidente no quería ser fotografiado aún, hasta tanto no se encontrara totalmente restablecido de las quemaduras sufridas en las manos.
Otra vez la estación rastreadora del coronel Abbes García llevó ante el “Jefe” la información, que venía sólo a acentuar su frustración por el fracaso del plan terrorista. Sin embargo, en los días siguientes, El Caribe y las emisiones de La Voz Dominicana continuarían la campaña de desinformación poniendo en entredicho esta clase de noticia.
Naturalmente, las argucias informativas de Trujillo carecían de validez para un público en el extranjero bien al tanto de los acontecimientos en el Caribe. Obviamente, su esfuerzo en el ámbito del periodismo estaba dirigido a los súbditos de su Era, educados bajo una propaganda tenaz que había conseguido, desde hacía ya muchos años, su propósito de amoldar a los dominicanos a los dictados de una “verdad oficial” que lo proyectaba a él como un “paladín de la justicia y de la democracia en el Continente”.
