El mes pasado, mediante una sentencia que aplaudí, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), ordenó al Ministerio de Educación disponer y garantizar la enseñanza de la Constitución, del medio ambiente y la educación vial en todas las escuelas públicas y colegios privados del país.
En este artículo solo me referiré a la educación vial, y resalto que, en este aspecto, el tribunal ordenó al Ministerio de Educación realizar las diligencias y gestiones de lugar frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Hoy escribo en momentos de pesar por el aparatoso accidente ocurrido en Azua hace días, donde hubo muchos muertos y heridos, algo que pudo evitarse si conductores y transeúntes comprendieran mejor sus derechos y deberes. Allí hubo imprudencia general, hasta de buena fe, pues quizás pocos estaban conscientes del peligro que corrían y más entre música y alcohol.
A esto se agrega unas recientes estadísticas sobre el tema que son altamente preocupantes y que no deben pasar por alto, independientemente de su rigurosidad, porque la realidad es evidente. De acuerdo con World Statistics, nuestro país lidera el ranking mundial en muertes relacionadas con accidentes de tránsito, con una tasa de 65 muertes por cada 100,000 habitantes.
En ese tenor, leí un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde, desde el año 2000 hasta 2019, nos sitúan entre los primeros cinco países con la tasa más elevada de fallecimientos por accidentes de tránsito, y que desde el año 2010 ocupamos los dos primeros puestos en mortalidad por ese motivo.
Al respecto recibí un informe del Defensor del Pueblo titulado “Institucionalidad y Gobernanza en la Eficacia de las Políticas Públicas de Seguridad Vial”, que señala, entre otros puntos, que el incumplimiento de la Ley 63-17, que regula el tránsito terrestre, es una de las principales razones de accidentes y muertes en nuestras carreteras.
Aunque lo importante son los muertos y heridos ocasionados por los accidentes de tránsito, esto por igual conlleva enormes gastos para los familiares de los afectados, para el Estado que muchas veces cubre la salud de las víctimas, especialmente por medio del Seguro Nacional de Salud, (Senasa), y para las empresas privadas a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Aunque el Ministerio de Educación tiene un año para ejecutar la sentencia del TSA (ahora queda menos de 11 meses), pienso que debemos iniciar cuanto antes, pues es un problema de vida o muerte que solo la educación vial impartida a nuestros estudiantes ayuda razonablemente a solucionar. Naturalmente, no olvidemos la enseñanza en las aulas de la Constitución y del medio ambiente.
