En este momento, hay un joven que se está preparando para tomar su examen de solicitud de admisión para estudiar ciencias de la computación en una universidad de Estados Unidos. Hay una joven que está cursando sus últimas asignaturas de la carrera de administración hotelera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También hay una estudiante que está concluyendo la carrera de derecho en la universidad APEC.
Al mismo tiempo, la semana pasada, jóvenes de Monción, Batey Quisqueya, Herrera y otras partes del país empezaron a formar parte de la Escuela de Liderazgo y Autonomía para Jóvenes con Discapacidad Visual que tenemos en Fundación Francina. Estos y otros estudiantes han empezado un recorrido bastante denso, con barreras de todo tipo y altísima escasez de recursos.
Y las experiencias de cada uno de ellos coinciden con una nueva celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Hoy, como cada año, vemos mensajes de instituciones públicas, de empresas, de organizaciones de distinta índole. Si entramos a las redes sociales, probablemente encontraremos el #DíaInternacionalDeLaDiscapacidad. Es decir, la inclusión, como parte del espectáculo de las redes sociales.
Y está bien, porque se visualiza una población que por mucho tiempo ha sido invisibilizada, a pesar de que la Ley 05-13, sobre derechos de las personas con discapacidad cumplió más de 10 años, que hace casi 20 años formamos parte de los estados que se adhirieron a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a pesar de esto, todavía los avances en nuestro país siguen siendo mínimos.
Por citar algunos datos, 12.43% de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad. Eso quiere decir que, más de 1,160,000 familias de la República Dominicana tienen algún miembro con condición sensorial, física, cognitiva o psicosocial.
Y en cada uno de estos hogares, los gastos relacionados con la discapacidad se triplican, en ocasiones incluso se cuadruplican. A la vez, es esta la población con mayores niveles de pobreza en el país, casi siete de cada 10 personas con algún tipo de discapacidad carecen de ingresos formales o informales.
La violencia femenina se incrementa. De hecho, en un país con una tasa de feminicidio tan alta, como la nuestra, las mujeres con alguna condición asociada a la discapacidad, afirman que han sido agredidas por un miembro de la familia, una pareja o expareja e incluso los médicos.
Sigue habiendo esterilizaciones forzosas, continúa la idea de que una persona con discapacidad no puede tomar sus propias decisiones. Y hay una larga lista que va más allá de poner rampas en la entrada de un edificio, de utilizar la palabra inclusión en los mensajes organizacionales o de tener una visión centrada en que somos simpáticos.
Si lo vemos desde el punto de vista económico, cada tanto el Banco Central realiza una encuesta que mide la fuerza de trabajo de nuestro país. Esa encuesta no permite saber cuál es el impacto de las personas con discapacidad en la fuerza de trabajo o la actividad económica de la República Dominicana.
Aunque en nuestro censo de población existen módulos que permiten detectar cierto grado de condiciones de discapacidad, el país no cuenta con una encuesta real o un censo que determine quiénes son las personas con discapacidad, donde viven, como viven, cuál es su situación. Y eso se extiende entonces hacia el sistema educativo, sabemos que hay una cantidad de estudiantes registrados en la educación formal, pero la mayoría está fuera.
Dónde están las niñas y niños con algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es su situación académica? ¿Por qué no están en los centros educativos?
Y esta no es una cuestión que dependa directamente de este gobierno o del que pasó. Se trata de un mal sistémico, estructural, integral y alargado en el tiempo. La cuestión es que, todavía seguimos percibiendo a quienes tienen una discapacidad como mutantes, personas especiales, individuos con capacidades diferenciadas; y extendemos ese muro que nos impide asumir que:
Una persona con discapacidad que carezca de autonomía económica y de acceso a servicios básicos; se convierte en una carga económica para el gobierno completo. Hay que subsidiarle el seguro, hay que garantizarle una tarjeta de subsidio alimenticio, bono luz, bono gas. A la vez, condena a sus familias estar completamente dedicadas al cuidado de una persona que, perfectamente pudiera estar generando ingresos, construyendo una vida en plena autonomía y autorealizarse.
José Beltrán, hace un tiempo, diseñó el concepto de cadena de valor de autonomía. Según él, así como Michael Porter planteó los principios de las cadenas de valor y las cadenas de producción, la autonomía de una persona, tenga o no una discapacidad, sigue un ciclo muy similar; empieza por el núcleo familiar, continúa hacia la parte de los aprendizajes básicos, las destrezas técnicas y sociales y posteriormente su inserción en el aparato social, que conlleva tanto la productividad como las redes de contacto que pueda construir esta persona.
En ese sentido, el Día Internacional de la Discapacidad sigue apareciendo como un evento que presenta uno de los más grandes desafíos de nuestro país: que cada individuo pueda construir de forma efectiva la cadena de valor de su autonomía, de lo contrario, la falta de participación plena de al menos 12 de cada 100 dominicanos seguirá significando un retraso para más de 1 millón de familias, con lo que eso implica en costos para el Estado. Pero por el otro lado, a nivel individual, seguiremos teniendo ciudadanos con serias barreras para participar de forma igualitaria, con derechos garantizados y sobre todo, con los medios y herramientas para vivir de forma autónoma.
En Fundación Francina, trabajamos sobre la base de que cada individuo, con la formación y las herramientas adecuadas, pueden encaminar su cadena de valor de autonomía. Eso significa que, con proyectos como el que estamos ejecutando con Fondos Canadá, podemos hacer que un estudiante pueda plantearse ingresar a la universidad, adquirir formación técnica y construir un proyecto de vida centrado en la autovaloración, la autorrealización y obviamente, la autonomía en todos los sentidos necesarios para vivir de manera digna.
La gran pregunta es: ¿cómo podemos hacer que el Día Internacional de la Discapacidad deje de ser un día para los actos protocolares y se convierta en un momento para pasar balance a los avances reales y tangibles que hemos tenido en nuestro país en materia de garantía de derecho, equidad, y claro, autonomía de todas y todos?
