Es indiscutible que el cumplimiento a partir del presupuesto del año 2013 con el mandato de la asignación del 4% del PIB al sector educativo preuniversitario, dispuesto por la Ley General de Educación desde el año 1997, es un logro de nuestra sociedad y un activo del presente gobierno.
No obstante, debemos entender que dicho cumplimiento era apenas un primer paso y que resta todo el trabajo por hacer para garantizar la calidad de la inversión en educación, de forma que al cabo de unos años se haya producido la transformación esperada en el sistema educativo y en su principal producto, el nivel de los educandos.
Lo primero que debemos admitir es que si bien para reformar cualquier sector los recursos económicos son necesarios, una reforma no consiste en dotarlo de mayores ingresos; por el contrario esto podría profundizar los problemas de no realizarse las acciones adecuadas, pues mayores recursos traen consigo más peligros de corrupción, clientelismo, dispendio, de uso como plataforma y para fines políticos y de atrincheramiento de los maestros, prestos a percibir más ingresos pero no a asegurar mayor rendimiento.
El Ministerio de Educación (MINERD), que desde antes era el mayor empleador del país, se ha convertido en el detentador del mayor flujo de recursos del erario, pues por efecto de la asignación del 4% su presupuesto se vio aumentado en un 70%, pasando de RD$58,590 millones en 2012 a RD$99,628 millones en 2013, monto que será de RD$153,900 millones en el 2018.
La gran pregunta que debemos hacernos es si estamos haciendo todo lo necesario para garantizar que estos recursos sean eficientes, adecuada e inteligentemente administrados, de forma que se produzca el salto cuántico que necesitamos se opere en nuestros deficientes niveles educativos.
Lamentablemente el Pacto Nacional para la Reforma Educativa suscrito el 1 de abril de 2014 no logró los compromisos fundamentales para convertirse en un instrumento idóneo de garantía de la reforma, entre otras razones, porque los propios actores que debían ser reformados eran parte del mismo, como es el caso de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Afortunadamente existen instituciones privadas como EDUCA que realizan invaluables aportes por la calidad de nuestra educación, que evalúan, analizan y realizan importantes observaciones para la calidad del gasto educativo.
La reciente decisión de congelamiento de las cuentas de nóminas de maestros que de conformidad con auditoría practicada por el MINERD no estaban cumpliendo funciones, luego de acuciosas investigaciones periodísticas realizadas por programas de gran incidencia, si bien es una buena señal pone en evidencia que existen fugas importantes, que algunos expertos estiman en un 10% de la nómina, lo que hace presumir que existen otras.
La reacción de la ADP de defensa a ultranza de sus miembros ratifica que la misma se concibe a sí misma únicamente como protectora de su membresía y no de los mejores intereses del sistema, como debería ser.
Han transcurrido 5 años desde la asignación del 4% y aunque se ha avanzado en algunos aspectos, lo esencial es que no son los planteles escolares inaugurados visibles a simple vista, sino que el cambio en el nivel cognoscitivo de los alumnos constituye todavía un reto a superar, y para lograrlo es indispensable que los profesores sean capaces de producir ese cambio, lo que requiere capacitaciones, evaluaciones y purgas, independientemente del costo político que esto conlleve.
Si queremos que los recursos invertidos en educación generen los resultados esperados, como sociedad tenemos que estar vigilantes, involucrándonos, exigiendo, midiendo, dando seguimiento, pues de lo contrario sería esperar que la ADP o los políticos que ocupen el Ministerio, por mas buena voluntad que algunos pudieran tener, sean los que realicen las transformaciones necesarias, las cuales exigen controles, recortes y supervisiones que ni los políticos ni el gremio desean.
