Gracias al nuevo mandato reglamentario de que sean públicas las entrevistas a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) objeto de evaluación de desempeño, el proceso de evaluaciones en curso que hubiera pasado casi desapercibido salvo para algunos interesados, y dada la bochornosa situación acontecida en relación con la magistrada Miriam Germán, ha concitado la atención de gran parte de la sociedad y ha ocupado una principalía raras veces vista en los medios de comunicación.
Era obvio que esta repulsa de la sociedad ante la violación del debido proceso, del derecho de defensa, de los reglamentos y de la ley, no solo en la forma en que se realizó la entrevista sino en cuanto a los elementos que han trascendido derivados de la misma; no quedaría tan fácilmente disuelta.
La lectura por el Procurador General de la República de una declaración de supuestas disculpas y de decisión voluntaria de no participar en la deliberación y votación de la confirmación o no de la magistrada Germán, pudo haber contribuido a disiparla, pero al este afirmar justificando sus actuaciones que no fue violada ninguna disposición del reglamento, que los planteamientos vertidos eran legales, que la forma en que se condujo era un ejercicio responsable de transparencia y que la controversia se generó por no haber precedentes previos, lo que hizo fue acrecentarla.
Esta declaración no solo reavivó la llama del rechazo, sino que colocó aún más al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el centro de la atención, pues el proceso apenas empieza y aunque las deliberaciones para decidir la confirmación o separación del cargo no son públicas, sus resultados si lo serán y las decisiones deberán estar sustentadas en los motivos de ley de conformidad con la Constitución.
La mayor parte de la sociedad estaba ajena a este proceso, que sí era seguido por instituciones de la sociedad civil y algunos opinadores, pero como no hay mal que por bien no venga, el atropello cometido contra la magistrada ha hecho que el público súbitamente esté al tanto de los reglamentos dictados por el CNM, que se hayan revivido momentos importantes de su historia haciendo que personas que no la conocían ahora conozcan su trayectoria, y que se haya despertado un gran interés en la suerte del proceso.
También ha servido para reabrir el debate sobre la inconveniencia de las modificaciones efectuadas por la reforma constitucional realizada en el 2010, rechazadas por buena parte de la sociedad civil, entre estas el atentado a la inamovilidad al establecer períodos de siete años para los jueces de la SCJ al cabo de los cuales serían sometidos a evaluaciones de desempeño y la conflictiva inclusión del Procurador como miembro del CNM.
El temor a que nuevamente las evaluaciones fueran desnaturalizadas por la discrecionalidad y convertidas en actos de retaliación que atentaran contra la inamovilidad, como aconteció en el proceso anterior celebrado en el 2011, se ha acrecentado no solo por las violaciones cometidas en la entrevista señalada sino por la poca rigurosidad y hasta laxitud en otras entrevistas, que hacen sospechar que no se medirá a todos con la misma vara.
El CNM y particularmente su presidente han sido colocados en una encrucijada, pues están en la obligación de evaluar las supuestas denuncias y pruebas de los alegatos contra la magistrada y de concluir sobre sus méritos, lo que debería determinar la decisión de su confirmación o no como juez, dando así la razón a una de las dos partes envueltas, lo que deberán esmerarse en fundamentar. Quienes quisieron empedrar el camino de su confirmación jamás imaginaron que eso solo haría más difícil no hacerlo.
