Tan pronto Leonel Fernández fue elegido presidente el 16 de mayo de 2004 me informó que como vicepresidente me correspondería organizar y poner en práctica un sistema de protección social en beneficio de los hogares pobres del país.
Ni corto ni perezoso no esperé juramentarme el 16 de agosto y comencé mi tarea de inmediato. Estructuré un equipo de especialistas y técnicos en la materia, buscamos un local para reunirnos y procedimos a investigar y debatir cuál sería el mejor esquema para establecer este escudo de protección social. Nos enfrentábamos a ingentes desafíos, no solo por el imperativo de montar un sistema confiable, despojado de clientelismo político, sino también por los altos riesgos de corrupción que estos subsidios han generado en el país y en el resto de América Latina.
Fue un trabajo arduo, diario, a tiempo completo, que pudimos concluir antes del 16 de agosto gracias a la colaboración que nos ofreció la CEPAL en la persona de un excelente técnico, don Fernando Medina, quien quedó tan satisfecho del resultado que entendió que el presidente podía iniciarlo el mismo día de su juramentación, pero este juzgó prudente realizar su acto inaugural a mediados del mes de septiembre.
Desde luego, entre las ideas vertidas en un papel y su ejecución práctica puede haber un abismo que conduzca al fracaso, de modo que fuimos muy prudentes y cautelosos en la ejecución del programa. Lo iniciamos con un plan piloto que se circunscribió a uno de los barrios ubicados en la orilla occidental del río Ozama, con un número restringido de hogares y limitado a una transferencia condicionada para la compra de alimentos, que recibió el nombre de Comer es Primero. Paulatinamente el programa fue extendiéndose a todos los hogares pobres del país, aumentándose su monto e incorporando nuevas transferencias de incentivo a la escuela y de personas envejecientes hasta poder dar a conocer al país el programa Solidaridad.
El programa fue concebido para ejecutarse sobre una estructura de tres pilares: el Gabinete Social, que se encargaría de mantener el contacto con sus beneficiarios por conducto de una red de enlaces, quienes mantenían una interacción permanente con los hogares para alentarlos a cumplir con sus obligaciones y escuchar sus quejas y necesidades; el Sistema Único de Beneficiarios, al cual se le confió la tarea exclusiva de seleccionar los beneficiarios, lo que hacía mediante censos periódicos ejecutados por encuestadores escogidos por iglesias, clubes barriales y organizaciones populares; y la Administradora de Subsidios Sociales, encargada de mantener el contacto con las entidades bancarias que expedían las tarjetas de débito y de seleccionar los colmados de los barrios que expenderían los alimentos.
Este trípode fue la clave que nos permitió evitar que el programa pudiera desviarse hacia el clientelismo y su politización, que incurriera en actos de corrupción y fraudes, y que se produjeran escándalos, favoritismos, adulteraciones de tarjeta y finalmente cayera en el descrédito público.
Este freno que preservaba la naturaleza del programa ha sido finalmente desmontado por el gobierno. Este, debido a su ignorancia y su incompetencia, nunca se tomó la molestia de indagar las razones que justificaban esta triple garantía y ni siquiera consultó los documentos que avalaban su razón de ser.
Lo primero que hicieron fue cercenarle al Gabinete Social el contacto directo con sus beneficiarios; posteriormente transfirieron el Sistema Único de Beneficiarios al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sin percatarse de que aquella institución no solo era un organismo para medir la pobreza, sino que además está obligada a identificar los titulares de los hogares pobres del país; y finalmente, en estos días han disuelto la Administradora de Subsidios Sociales y traspasado sus funciones al programa Supérate, que se encargará en lo delante de lidiar con la banca y la red de establecimientos de expendio de comida.
Los balances y contrapesos creados para evitar que se entregara una tarjeta o se escogiera un colmado barrial a cambio de una prebenda han desaparecido. La selección del beneficiario o del colmado dependerá de la voluntad del jefe o jefa del programa, con todo lo que esto implica y significa.
Pero no hay que sorprenderse de lo sucedido, pues ya en la práctica, desde hace un buen tiempo tales controles habían desaparecido. A lo largo de estos cuatro años de gobierno los medios de comunicación han denunciado continuamente los escándalos en que ha incurrido el programa Supérate.
Tarjetas al portador, pues desaparecieron las tarjetas con el nombre del beneficiario; su clonación por expertos informáticos; funcionarios públicos que han recibido tarjetas; mafias que se han visto en supermercados comprando alimentos con cientos de tarjetas en sus manos; y el etcétera es bien largo.
Una verdadera lástima. La protección social destruida por un gobierno insensible que no le duele la pobreza de su pueblo y los programas de transferencia condicionadas convertidos en instrumentos de clientelismo en favor de las autoridades y el partido oficial.
