La preocupación por la desigualdad y la exclusión está creciendo en todo el mundo, en parte porque ha habido consecuencias políticas significativas como el proceso del Brexit en el Reino Unido, la elección de Trump en Estados Unidos y el retorno del peronismo en Argentina o reacciones violentas como las observadas en Francia, Líbano, Ecuador, Chile y Haití en semanas recientes.
Al igual que el resto de América Latina, la República Dominicana es un país muy desigual. Esto se expresa de múltiples formas y ocurre en varias dimensiones.
Salarios y empleo
La remuneración por hora del 10% que recibe ingresos más altos es casi 17 veces la que recibe el 10% con menores remuneraciones, las que recibe el 20% más rico es más de nueve veces más alta que la que recibe el 20% más pobre, los gerentes o administradores del 10% más rico perciben 11 veces más ingresos laborales que el 40% más pobre de los trabajadores de los servicios, los patronos o socios del 10% más rico perciben 18 veces más ingresos que los trabajadores del Estado del 10% más pobre y 11 veces más que el 40% de menores ingresos, y los trabajadores del sector financiero ganan, en promedio 3.6 veces más que los de la agricultura.
En materia de empleo, una mujer entre 15 y 24 años tiene más de cinco veces más probabilidad de estar desempleada que un hombre de 25 años o más, una mujer indigente tiene 9 veces más probabilidad de no encontrar trabajo que un hombre no pobre, cualquier joven entre 15 y 18 años, hombre o mujer, tiene tres veces más posibilidades de estar en esa situación que el promedio de la población dispuesta a trabajar de todo el país, y cualquier persona adulta en pobreza extrema tiene cuatro veces más probabilidad de no tener empleo que una persona no pobre. Más aún, el 40% de todas las personas desempleadas son del 20% más pobre.
Salud y educación
La población sin educación tiene más de ocho veces más probabilidad de vivir con VIH que la población con educación secundaria, los niños y las niñas menores de cinco años del 20% más pobre son afectados por enfermedades diarreicas agudas un 60% más que los del 20% más rico, la prevalencia de desnutrición infantil crónica es tres veces mayor entre niños del quintil más pobre que entre aquellos del quintil más rico e igual relación hay entre hijos de madres sin educación comparado con aquellos de madres con educación secundaria.
De igual manera, el bajo peso al nacer es el doble entre hijos de madres sin educación que, entre madres con educación superior, y entre el 40% de los hogares más pobres la mortalidad en la niñez (menores de cinco años) es el doble de la observada en el 20% de hogares más ricos.
En educación preprimaria, la matriculación entre niños y niñas de hogares no pobres es 81% más alta que entre los de hogares indigentes y entre el 20% más rico es casi un 70% mayor que entre el 20% más pobre. De manera similar, en educación secundaria, la matricula neta es 32% más alta en hogares no pobres que en indigentes. En educación superior es el doble, la matriculación entre hogares del 20% más rico es 3.3 mayor que entre el 20% más pobre y entre mujeres es un 87% más alta que entre hombres.
Así mismo, los y las jóvenes entre 20 y 24 años del 20% más rico tienen un 87% más de probabilidad de terminar la secundaria que aquellos del 20% más pobre, los no pobres tienen un 60% mayor probabilidad que entre los que viven en pobreza extrema, y aquellos que viven en zonas urbanas tienen un 33% más de probabilidad de lograrlo que quienes viven en zonas rurales.
Vivienda
Estimaciones oficiales indican que un 43% de los hogares en pobreza extrema viven en condiciones de hacinamiento. En contraste, entre hogares no pobres es 11%. Entre los hogares del 20% más rico, el hacinamiento en las viviendas es de menos de 6%, pero entre los hogares del 20% más pobre es de más de 30%.
En materia de saneamiento básico de la vivienda, mientras en la Región Metropolitana el 81% de los hogares tiene servicios básicos (agua y sanitario) aceptables, en la Región Enriquillo (Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales) este porcentaje es de apenas 52% y entre hogares en pobreza extrema fue de 55%. De igual manera, mientras en la Región Metropolitana los hogares con piso de tierra representan 0.3% del total, en la Región El Valle (San Juan y Elías Piña) alcanza casi 11% y entre hogares en pobreza extrema la proporción es el triple de la observada en hogares no pobres.
La dimensión política
La inequidad también tiene una dimensión política la cual refuerza y es reforzada por la desigualdad y la exclusión económica. La población pobre, las personas trabajadoras, las mujeres, los habitantes de las zonas rurales, los cuentapropistas, y los y las jóvenes están excluidos del poder. En contraste, quienes participan con mucha efectividad en el ejercicio del poder son los grupos económicos de mayor peso quienes logran legislaciones y política públicas favorables a sus intereses en la forma de exenciones, regulaciones laxas o inefectivas y proyectos financiados con recursos públicos que les benefician.
En general la participación de los excluidos está restringida a ser objeto de clientelismo político, esto es, una relación entre grupos políticos y gente mediante la cual los primeros proveen favores (o promesas) individuales a las personas que son comúnmente pagados con recursos públicos a cambio de su apoyo. De esta manera, esos grupos suelen llegar al poder sin mandatos duros en materia de política pública que busquen garantizar el ejercicio de derechos básicos de esa población y por los cuales deban rendir cuentas. De esa manera, los derechos (medicamentos, protección social, empleo) son reemplazados por favores individuales.
Los fundamentos de la inequidad
En la República Dominicana, la inequidad tiene largos antecedentes. Empezó a aparecer de forma clara a finales del S. XIX con la irrupción del capitalismo de la mano de la industria azucarera, primera actividad económica con capacidad de generar excedentes de manera sistemática y que permitió a unos pocos acumular riqueza sobre la base del despojo de tierras de mucha calidad a campesinos pobres y de importar trabajadores caribeños y haitianos y explotar su fuerza de trabajo en condiciones extremas. Esta dinámica continuó y se profundizo durante la dictadura de Trujillo, y se combinó con el despojo de propiedades a sectores empresariales pequeños y medianos.
A partir de 1968, el esfuerzo de industrialización por sustitución de importaciones también se fundamentó en la exclusión. El azúcar, que sobreexplotaba trabajadores haitianos, era la fuente de financiamiento del crecimiento industrial y se combinó con una política de contención salarial y de protección y subsidios gubernamentales que comprometieron la capacidad del Estado de proveer servicios sociales. Eso significa que los costos de la industrialización y del alto crecimiento de la época fueron pagados la población pobre en la forma de salarios muy bajos y denegación de servicios públicos. Las protestas fueron aplastadas por la fuerza. Unos pocos se hicieron ricos a costa del resto y la desigualdad se profundizó. Paradójicamente, la exclusión y los bajos salarios fueron un factor importante en el colapso del modelo en la medida en que los mercados se quedaron pequeños y las industrias no tuvieron posibilidades de crecer.
En el nuevo modelo de servicios, que se cuajó desde finales de los ochenta en adelante, también se fundamentó en la inequidad porque la competitividad de los nuevos sectores de exportación descansó en los bajos salarios y en las exenciones fiscales. La contención salarial fue retomada como política activa para garantizar la rentabilidad de las zonas francas y el turismo, aunque también contribuyeron a beneficiar a otros en la industria y los servicios. En parte como resultado de las exenciones, la presión tributaria, aunque fluctuante, se ha mantenido baja y ha continuado limitando la calidad y el alcance de los servicios públicos básicos (educación, salud, energía, agua potable, infraestructura, seguridad pública, justicia). En otras palabras, el nuevo modelo continúo fundamentándose en la inequidad y la exclusión. Ellas continuaron siendo clave para el crecimiento y la acumulación en sectores específicos de la economía, y el grueso de los beneficios del crecimiento continúan estando concentrados.
En la época contemporánea, sin embargo, el uso discrecional de los recursos públicos, la corrupción y el clientelismo de alto nivel parecen haber adquirido un mayor peso y han emergido como una nueva fuente de acumulación, y por tanto, de inequidad y de exclusión de quienes deberían ser beneficiaros de los servicios públicos. Al tiempo de crear nuevas empresas y grupos económicos sobre la base del uso ilegítimo del dinero público, alimentan los propios proyectos políticos que les han servido de sustento. El resultado, combinado con otros factores, ha sido una incapacidad prolongada del Estado de garantizar derechos básicos y una exacerbación de la inequidad. Mientras los sectores medios y altos son capaces de adquirir servicios privados de alta calidad mientras, el resto no tiene más opción que no disfrutarlos u obtener los estatales de baja calidad.
Mientras el funcionamiento económico y político se fundamente en la inequidad y la exclusión, los resultados sociales continuaran siendo decepcionantes, la fractura social se ahondará y los riesgos de consecuencias políticas impredecibles continuará presente.
