Si ayer se decía que Haití es un Estado fallido, hoy se puede afirmar sin temor a equivocación que es un Estado colapsado. En la vecina nación no gobiernan sus autoridades, sino bandas criminales que impiden el suministro de carburantes, que secuestran a extranjeros, que incendian hospitales, que paralizan los servicios bancarios y que con su accionar hunden su economía, hasta el punto de que se vaticina que este año tendrá una contracción del 2.3 %.
El caos que vive Haití afecta ineludiblemente a la República Dominicana, pues con el hambre y la inseguridad que sufre su población es de temer un éxodo masivo que traspase la frontera con el consiguiente peligro para la integridad territorial y la estabilidad democrática del país. No se trata de un problema de xenofobia ni de racismo, sino de la presión demográfica que ejercerá ese flujo intempestivo y excesivo de nuevos migrantes sobre la densidad poblacional del territorio nacional, que en el pasado 2020 ya se situaba en 223 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que provocará, en adición, un deterioro de los servicios de salud, educación, protección social y vivienda que con limitaciones para sus nacionales ofrece un Estado de renta media.
La situación es preocupante y el gobierno ha informado de un conjunto de medidas que ha adoptado para evitar que la disolución del Estado haitiano repercuta sobre el país. En ese sentido se ha anunciado un reforzamiento de la frontera con el incremento de efectivos militares y la presencia de aviones, helicópteros y drones que la resguardan, pero también se dijo que se revisarán las visas de los estudiantes haitianos en el país y que se negará el acceso a los hospitales públicos a migrantes embarazadas, lo que afecta la imagen del país ante la comunidad internacional.
Nadie niega el derecho que tiene un Estado soberano de repatriar a los extranjeros que ingresan ilegalmente a su territorio. Los Estados Unidos semanalmente nos envían decenas de dominicanos arrestados en situación irregular. En Polonia la policía usa cañones de agua y gases lacrimógenos para contener a los migrantes y en Francia se desmantela un campamento de migrantes. La Unión Europea, por su parte, respalda a Polonia en el cierre de su frontera con Bielorrusia para impedir la llegada de miles de migrantes, pero, cuando se burla la vigilancia, Polonia ingresa en sus hospitales a los enfermos y devuelve al resto de los recién llegados.
Se está ante un tema muy sensible porque roza el ámbito de los derechos humanos, y como es de esperarse, habrá protestas a nivel nacional e internacional que debilitarán el objetivo fundamental de proteger al país, que no es otro que el de evitar que la crisis haitiana recaiga sobre la República Dominicana. A lo interno ya se han escuchado protestas, incluso de dos obispos, y a lo externo, las Naciones Unidas y la Unicef han emitido su reprobación.
Es verdad que el gobierno ha encaminado sus pasos ante los países amigos y las Naciones Unidas, sin que hasta ahora haya logrado una respuesta positiva. Francia centrada en sus próximas elecciones presidenciales, descuida por el momento los asuntos internacionales; la Unión Europea se olvida de América Latina, en palabras de Josep Borrell, su representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; y los Estados Unidos, por conducto de un portavoz del Departamento de Estado, han declarado que corresponde a Haití resolver por sí misma sus problemas.
Pero, más tarde o más temprano será inevitable la participación internacional, especialmente si la crisis de Haití, como es previsible, desemboca en una toma de poder por las bandas criminales que hoy mantienen en jaque al débil gobierno haitiano. Resulta muy difícil que los Estados Unidos puedan mirar con indiferencia una situación de turbulencia e inestabilidad política en pleno Caribe, aunque hoy expresen su preferencia por una política de no intervención, que acaba de ser desmentida con el viaje a África del secretario de Estado norteamericano, preocupado por la violencia desatada en uno de sus países que altera los equilibrios de la región.
Mientras tanto, la República Dominicana debe sellar su frontera y controlar la expedición de visas en Haití. Todo el mundo sabe que una mafia binacional controla el tráfico de personas y el contrabando de mercancías. Los servicios de inteligencia del país conocen sus miembros, y con voluntad política, determinación y persistencia se puede combatir. Una lucha de esta naturaleza genera simpatía y apoyo. Se enfrenta al lucrativo negocio de la explotación de seres indefensos que, sumidos en la pobreza, son cruelmente engañados por estos traficantes de la vida humana. Su aplicación efectiva puede comenzar de inmediato y sus resultados se obtendrán en breve tiempo porque desde sus inicios disminuirá el número de inmigrantes ilegales, atenuará la presencia de indocumentadas embarazadas a los hospitales y fortalecerá la nacionalización del trabajo.
