En todo el fin de semana estuve bombardeada por informaciones de personas en situación de depresión y otras afecciones de salud mental. El hijo de alguien a quien aprecio bastante se quitó la vida, un preadolescente de mi familia está diagnosticado con depresión en escala de riesgo, y así varios conocidos conviven con casos similares en su entorno. De manera silenciosa, la salud mental se ha convertido en una emergencia sanitaria a la que hay que prestar atención de forma prioritaria.
En nuestro país, los datos del Ministerio de Salud Pública indican que aproximadamente el 20 por ciento de la población dominicana tiene algún trastorno mental. Eso significa que, en una reunión de amigos o familiares donde haya 10 personas, probablemente haya dos que enfrentan algún trastorno. Sé que la estadística no funciona de ese modo, pero es una manera de ilustrar la gravedad de la situación.
En 2014, las autoridades dominicanas en temas de salud señalaban que uno de los principales problemas para abordar este asunto tenía que ver con la falta de datos. Una década más tarde, ese sigue siendo parte del problema.
Vemos las noticias de feminicidios, violencia vial, suicidios, conductas agresivas en los centros educativos y todavía carecemos de una encuesta nacional sobre salud mental. Tenemos un plan de salud mental que debió aplicarse hasta el 2022, pero desconocemos su estatus.
En cambio, sí conocemos que la depresión afecta a 464,164 personas, lo que representa un 4.7% de la población. Y sabemos que, de 2012 para acá, la tasa de suicidios ha ido incrementándose de forma continua. En 2023 la tasa de suicidios era de 6.4 por cada 100,000 habitantes. Los datos apuntan a que, anualmente, 620 personas consiguen quitarse la vida, equivalente al 33 por ciento de quienes lo intentan.
Y a pesar de que se ha hablado de la importancia del tema, seguimos estando entre los países que menos invierten en salud mental. Una familia de clase media o en condiciones de vulnerabilidad tiene escasas opciones de asistencia.
Por ejemplo, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Ampary Reyes, decía el año pasado: “Las consultas psiquiátricas y psicológicas son cubiertas por las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARS) y los internamientos se cubren solo en casos agudos o de agudización crónica, prestación que se realiza en el segundo nivel de atención”. En mi caso, por citar un ejemplo, un seguro de alta gama me cubre 40 consultas psicológicas o psiquiátricas en el año, pero estas no pueden exceder cuatro consultas en un mes.
En cambio, los planes del resto de mi familia y algunos amigos cubren apenas una pequeña fracción del costo de las 20 consultas permitidas en el año para salud mental. Y si a esto le agregamos que una consulta puede costar entre RD$5,000 y RD$10,000 pesos, y que un tratamiento contempla al menos 12 sesiones, se trata de un presupuesto inalcanzable para los hogares de clase media.
Y la red pública tampoco es una alternativa demasiado asequible. Esto, considerando que el 80 por ciento de los psiquiatras del país se concentran en Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, y una proporción similar en el caso de los psicólogos. Dicho de un modo más sencillo, de un lado tienes una creciente emergencia de salud mental mientras que del otro te encuentras con un sistema de salud sin capacidad operativa para atender las necesidades del país.
Mientras 20 de cada 100 personas precisan de atención psicológica o psiquiátrica, la respuesta a estos temas sigue careciendo de la atención determinante que precisa. La Organización Mundial de la Salud ha advertido en más de una ocasión de la amenaza que es a nivel sanitario la depresión y otros trastornos. Ha alertado, sobre todo tras la Covid-19, de la necesidad de adoptar prácticas inmediatas para prevenir epidemias.
Y aunque como país se ha asumido el plan integral de salud mental que propuso la OMS y las consecuentes herramientas, lo cierto es que seguimos en pañales en ese sentido. Espero no ver un día algún caso mediático, que ocupe decenas de titulares y hashtags en redes sociales, para que se adopten medidas definitivas.
Y lo digo porque sería absurdo e ineficiente reaccionar solo por esa causa. La salud mental no se aborda con efectismo sino con programas integrales, asumidos a todos los niveles y con el involucramiento de todos los sectores posibles.