El aborto, que rechazo, y la despenalización de la interrupción del embarazo bajo determinadas circunstancias, con lo que estoy de acuerdo, son temas muy sensibles de salud pública. El país es uno de los pocos de Latinoamérica en el que el aborto está prohibido de forma absoluta, sin importar las causas del embarazo.
Según estadísticas de la década anterior, el 66% de las embarazadas por violación en Chile, por ejemplo, eran menores de edad y muchas de ellas morían antes y durante el alumbramiento. En un elevado número de casos, según estadísticas, también fallecía la criatura. Las estadísticas son muy similares en otras naciones. El fenómeno es más grave en los núcleos de bajos ingresos, donde las violaciones son más frecuentes y el mal cuidado y alimentación de las víctimas de violación las pone en peligro de muerte.
En los países en que se prohíbe el aborto el 90% de las violaciones a menores proviene de familiares o conocidos. En agosto del 2016, el caso de una niña de 11 años embarazada por su padrastro escandalizó a los chilenos y revivió el debate sobre una ley, congelada entonces en el Congreso, que despenalizaba el aborto bajo tres causales, precisamente las que han motivado la observación del Código Penal en este país.
En Chile, con un nivel de educación superior al promedio en la región, se daban en la fecha señalada alrededor de 70,000 abortos clandestinos, a causa de la prohibición. La mortandad era elevadísima. La prohibición sigue siendo un típico caso de hipocresía. Se sabe de muchos casos de gente muy opuesta a la despenalización que se han visto obligadas a enviar a parientes embarazadas por familiares, o extraños enfermos de VIH, a abortar en el extranjero.
El tema de las tres causales debe dar a paso a una discusión despojada de todo prejuicio moral y religioso que garantice el derecho a la elección en un tema fundamental de derechos humanos.
Más de opiniones
Más leídas de opiniones
Las Más leídas
