El partido Podemos puso de vuelta y media a las iglesias y a más de media España con su propuesta no tan reciente al Parlamento contra lo que llama discriminación por orientación sexual y de igualdad social del colectivo LGTB. La Federación de Entidades Evangélicas y la jerarquía católica pusieron el grito al cielo advirtiendo que la iniciativa rompe con las tradiciones españolas imponiendo normas contrarias al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores.
Según el Episcopado la propuesta podría promover la “destrucción de libros que vayan contra la ideología de género” e imponer un “pensamiento único”, calificándola como una “ley totalitaria y adoctrinadora”, que culminaría con la instalación de “una agencia estatal con capacidad punitiva”. La propuesta, según creo, no ha sido aprobada todavía pero la influencia creciente del colectivo LGTB tiene a gran parte de la sociedad española en ascuas.
Los obispos han llamado la atención sobre la gravedad de esa propuesta de ley y las consecuencias que supondría su imposición en el ámbito educativo si llegara a convertirse en pauta legal sobre el sistema de enseñanza. Sostienen que se pretende negar que la identidad sexual, nacida de ser hombre y mujer, es el resultado de la realidad biológica, no de un contrato social pasible de cambio. Si llegara a aprobarse la ley, advierten los obispos, nadie se podrá mover “sin que confiese, con fe religiosa, la ideología de género”.
La pretensión de hacer obligatorio en la enseñanza en las escuelas, como parte de los programas infantiles educativos, que los niños pueden cambiar de sexo, como un derecho natural, es una peligrosa y bárbara idiotez. Para que se tenga una idea, la Universidad de Granada llegó a publicar un calendario con los nombres de los meses en femenino: enera, febrera, marza, abrila, maya, junia, julia, agosta, septiembra, octubra, noviembra y diciembra. Y no se trata de una broma.
