Las interminables quejas sobre la actitud de las autoridades frente a los casos de corrupción casi siempre pasan por alto un detalle fundamental que le otorga una dimensión desconsoladora: la complicidad de grupos privados en esa práctica viciosa y destructiva. Con frecuencia se pretende justificar la evasión bajo el alegato de que los impuestos se lo robarán en el gobierno. Lo curioso es que la evasión, especialmente la de algunas modalidades impositivas como el ITBIS por ejemplo, equivale a robarse primero lo que se dice se robarán después los funcionarios públicos.
La evasión de ese impuesto supera miles de millones de pesos, en gran medida amparada por un carnet de exención por donde se cuelan compras y ventas no relacionadas con una gracia impositiva, de la que se aprovechan cientos de empresas, grandes, medianas y pequeñas. Uno de los grandes retos que las nuevas autoridades tendrán a partir del próximo 16 de agosto será la de ampliar y fortalecer la capacidad recolectora del gobierno. Ilógico sería en lo adelante que esa situación continúe sin tomarse las medidas necesarias para ponerle término a una práctica que hemos sufrido por décadas, en detrimento de las arcas públicas.
Conscientes del problema, se precisa de un abarcador acuerdo nacional que permita a la nación salir airosa del impostergable compromiso de llegar a un sistema impositivo justo, libre de inequidades, que fortalezca la capacidad recaudadora del sector público y dote a los sectores productivos de la estabilidad necesaria para impulsar el crecimiento de actividades económicas que promuevan el desarrollo y la generación de empleos. Solo bastaría un poco de coraje para alcanzarlo.
La evasión del ITBIS constituye a las claras un doble robo. Se le hurta al Estado lo que la ley le atribuye y se le roba al contribuyente a quien se le cobra ese 18% que queda en manos de particulares inescrupulosos.
