En la pastoral de censura a la nueva Constitución promulgada el 29 de abril de 1963, el Episcopado llamaba a la población a oponerse a ella, en los términos siguientes: “No podemos terminar, sin hacer un llamado vehemente a nuestro pueblo, profundamente preocupado ante la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos; ideologías que siembran la agitación, el terrorismo, y que augurarían el caos moral, social y económico, y finalmente la esclavitud”. El 31 de julio, la Iglesia reanudó sus ataques al gobierno.
En una declaración dirigida a la autoridad pública, dirigentes políticos, laborales y patronales sobre la situación del país, los obispos manifestaban “su profunda preocupación ante la realidad amarga del momento”, signada por “la incertidumbre y la desconfianza” que ponían en peligro las aspiraciones genuinas de la familia dominicana. Era el más duro y directo de los ataques de la jerarquía católica contra el régimen, en el que se hablaba del tortuoso camino que había tomado el gobierno, haciendo mención nuevamente a la ideología comunista que atribuía a la administración de Bosch.
El presidente entendía que toda esa prédica tenía el propósito de hacerlo saltar del poder y que esa intención venía arrastrándose desde mucho antes de asumir el gobierno. En su libro sobre el golpe, señala: “Al día siguiente de las elecciones, el capellán de la Fuerza Aérea pidió a los oficiales de la base de San Isidro que me vigilaran estrechamente. Según él, yo era comunista y tan pronto moviera el primer hombre de las fuerzas armadas debía ser derrocado porque si no acabaría destruyéndolas por completo”. Ese capellán era el padre Rafael Marcial Silva, inspirador y principal dirigente de los cursillos de cristiandad, que sirvieron de plataforma a la oposición anti-boschista creándole un ambiente de animosidad.