Con cierta expectación la ciudadanía tomó la noticia que sugiere que la delincuencia organizada transnacional vinculada a la operatividad de las bandas criminales haitianas tiene presencia en territorio nacional.
El hecho está relacionado con el desmantelamiento en Santiago de una banda de haitianos que se vestían de agentes para asaltar camioneros en la autopista Joaquín Balaguer, a quienes sustraían mercancías que luego trasegaban a su nación de origen, y que estaba integrada, entre otros, por el pandillero Pierre Peguy (Joni), integrante de “Los 400 Mawozo”, considerada una de las bandas criminales más grande y peligrosa de Haití, cuyo radio de operaciones se ubica sobre todo en los sectores de la capitalina ciudad de Puerto Príncipe.
Era cuestión de tiempo para que en el país de detectara la presencia de miembros y posiblemente células de las organizaciones criminales haitianas, más cuando se ha conocido del combate de las mismas por parte de las tropas kenianas, que las obliga a replegarse o buscar nuevos horizontes para mantener su operatividad.
Aunque el Gobierno dominicano se ha empeñado en invertir en el reforzamiento de la seguridad fronteriza terrestre, la línea limítrofe es demasiado extensa y porosa, características que la convierten en un área vulnerable, de mucho riesgo a todos los niveles.
Si bien el evento puede calificarse de aislado por el momento, tiene el potencial suficiente para generar temor e incertidumbre en la sociedad dominicana, que se ha venido documentando a través de los hechos noticiosos del grado de letalidad de estas bandas criminales.
Cada país invierte en su seguridad y defensa nacional de acuerdo a sus riesgos y amenazas, conforme al criterio de Luis Herrera Lasso, exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional de México, en un su libro Análisis de Inteligencia, publicado en 2010.
Desde la perspectiva dominicana, la situación aconseja mantener la prudencia en la frontera, con la inversión oportuna y permanente de recurso humano, tecnología e infraestructura, porque a raíz de sus vulnerabilidades la misma se mantendrá como un desafío importante para las autoridades nacionales.
Es por igual apremiante, reforzar la labor de la inteligencia delictiva a cargo de la Policía Nacional, un soporte estratégico en la identificación de perfiles sospechosos y el levantamiento de información útil, importantizando por igual la llamada Mesa de Seguridad y Género que funciona por localidad, también a cargo del citado cuerpo del orden, como un espacio de diálogo y coordinación entre las autoridades policiales, políticas y los líderes comunitarios, creando la confianza necesaria y mejorando los canales de comunicación para que estos últimos puedan hacer los aportes que se requieren.
Esto así, porque en la frontera inicia y termina la soberanía nacional y entran en juego una serie de riesgos y amenazas que pueden afectar la tranquilidad de la ciudadanía, hasta convertirse en un problema de carácter político.
