Hace hoy una semana la prensa digital subió la versión policial de que Jorge Gabriel Báez Abreu, el interno fugado de un centro hospitalario de Nagua, había sido abatido en un intercambio de disparos.
Esa misma tarde fue difundido un comunicado de la PGR, dándole pábulo a la especie policial al precisar que “…en el marco de las pesquisas llevadas a cabo para la captura del interno Jorge Gabriel Báez Abreu, dicho privado de libertad fue localizado este viernes en la ciudad de Santiago, donde resultó muerto tras enfrentar a tiros a los agentes policiales en momentos en que trataban de apresarlo”, consigna el parte oficial (subrayado mío, NM).
Cualquiera que conozca las frecuentemente desmentidas versiones policiales, habría razonado que antes de apuntalar lo que decían los grises sobre la criminal faena de sus agentes en Villa González, debía conocerse los detalles.
Sólo había que preguntar en el lugar de los hechos cómo había sido el “enfrentamiento” entre los policías y los caídos… pues parece que en el mismo escenario resultaron mortalmente heridos Jesús Peralta y Quintero Amparo Paredes.
El mismo viernes 28, escribí en mi cuenta de Twitter: “Le dieron pa´bajo a Jorge Gabriel Báez Abreu y a Jesús Peralta (aún no había fallecido Quintero). Hay un tercer herido en un “enfrentamiento con la PN”. La PGR apoya la versión. Nadie explica las circunstancias. No nos quejemos si esas opacas versiones policiales son calificadas de ejecuciones extrajudiciales.”
No hubo que esperar un reporte de Amnistía Internacional para confirmar que el caso fue una ejecución extrajudicial. Gracias a un nuevo ejercicio de periodismo ciudadano, al día siguiente circuló un video en el que se observa a un oficial policial matando y rematando a quien en vida fue Jorge Gabriel Báez Abreu.
Ahora la PN y la Procuraduría informan la apertura de investigaciones, cuando ambas instituciones primero deben pedirle perdón al país por haberle mentido al afirmar previamente que los fallecidos “enfrentaron a tiros a los agentes policiales”.
Ese desmentido debió ser lo primero, ya que la sinceridad, la transparencia y la confianza son cimientos del respeto entre gobernados y gobernantes.
Desde antes de que el video grabado en Moca tumbó el falso expediente de narcotraficante que se le quiso instrumentar a Guanchy, el activista de Marcha Verde, los ciudadanos vienen aportando un valioso periodismo con sus teléfonos celulares.
Aportan los ciudadanos testimonios objetivos que desmontan las versiones “oficiales” con que el gobierno del PLD, las acciones de algunos de sus policías, su ministerio público y su omnipresente dictadura mediática pretenden marear todo el tiempo a toda la gente.
Gracias a los ciudadanos vemos los casos de un senador del PLD dando rienda suelta a su prepotencia gobiernista, y a una angustiada señora camino al aeropuerto implorando a unos agentes policiales detener el atropello contra su familia.
Al convertir al estado en un aparato político-partidista para beneficio de su cúpula dirigente, el gobierno del PLD tiene al país suelto en banda, en un gran vacío de autoridad que origina su irrespeto a la Constitución y las leyes que debieron cumplir y hacer cumplir, y no hacen porque lo de ellos es otra cosa.
Justo cuando el gobierno del PLD suelta en banda al pueblo, dejándolo desamparado ante los ataques de la delincuencia y los atropellos de algunos policías, es que adquiere su gran valor un periodismo ciudadano que actúa como auxiliar de la prensa.
