La Cancillería dominicana acaba de emitir un comunicado mediante el cual se intenta preparar a la opinión pública nacional e internacional y llevar al gobierno a justificarse, ante nuestra nación y el mundo, de dar un paso político temerario: el traslado a Jerusalén de su embajada en el Estado de Israel.
Asombra que, en medio de una pandemia, de unas inminentes elecciones presidenciales en Estados Unidos, que a todas luces el actual presidente no tiene forma de perpetuarse, y una probable desestabilización del país más poderoso del planeta; cuando estamos abocados, además, a una ineludible crisis económica de magnitud nunca antes vista; en América Latina acaba de aprobarse la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Chile y los golpistas bolivianos han sido derrotados, una vez más, por el pueblo en las urnas, el gobierno, a través de la Cancillería de nuestro país, intente adoptar una postura casi de contrabando en un tema tan complejo y controvertido, como es el de secundar la intención del sionismo israelí de declarar a Jerusalén como su capital. Es una actitud cuando menos fuera de tiempo y lugar que evidencia un intento sumiso de aprovechar la coyuntura en que la mirada de la humanidad, y por supuesto, de los dominicanos, está enfocada en los graves problemas que vivimos, para colarle al país una decisión de alta política y de consecuencias geopolíticas graves, que, por lo menos, hubiese necesitado consultas y diálogos previos.
La política exterior de la nación, en su ejecución, es responsabilidad de la Cancillería, pero en ningún país democrático es solo asunto de esta, por tanto, aunque su incumbente está llamado a jugar un papel frente al Presidente, debemos recordarle al señor Canciller que de acuerdo a nuestra Constitución el Jefe de la política exterior es el Presidente de la República, lo cual, bajo circunstancias alguna, se puede obviar.
Cada paso importante que se de en este sentido, especialmente en temas que ni la ONU ha podido resolver, amerita ser consultado con las principales fuerzas políticas del país, incluso, con especialistas en la materia. Como las decisiones de política exterior conciernen a todos por sus consecuencias, es muy peligroso decidir en temas como este, por sí y ante sí.
Jerusalén es la capital de facto, no por derecho, del Estado de Israel. Es fruto de la fuerza y de una ocupación de territorios que la Asamblea General de la ONU ha criticado y condenado en repetidas ocasiones. Alinearse con el sionismo en este tema no representa los verdaderos intereses nacionales, ni honra a nuestra soberanía, a nuestro nombre y a nuestra imagen ir de comparsa de los Estados Unidos, cada vez que este adopte una posición internacional, como lo fue el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén, que ordenó hacer, no hace mucho, el presidente Donald Trump.
Cuando en 1947 la ONU aprobó la partición de Palestina en dos partes, una judía y una árabe, proclamó en su Resolución 181 que la ciudad de Jerusalén no debía pertenecer a ninguna de las partes en conflicto, mantenerse desmilitarizada y continuar bajo control internacional hasta que, pasados diez años, sus habitantes decidieran su estatus. Nada de esto ha sido cumplido, pero la Resolución sigue en pie.
Tras la guerra árabe-israelí de 1948, la parte oeste de Jerusalén fue ocupada por los israelíes y la este por Jordania. A partir de 1950, y contraviniendo la citada resolución de la ONU, el gobierno de Israel, de manera ilegal, comenzó a trasladar instituciones gubernamentales a Jerusalén. A eso alude el comunicado de la Cancillería, como si la fuerza y el colocarse al margen del Derecho Internacional fuera una justificante a la hora de decidir sobre el tema.
En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel desalojó a Jordania de la parte oeste de la ciudad, ocupándola completamente. En 1980 el Parlamento israelí la declaró su capital. Mediante la Resolución 478 el Consejo de Seguridad de la ONU declaró nula dicha anexión, posición que se mantiene vigente hasta el presente.
¿Acaso desconoce el gobierno dominicano que, de dar ese paso estaremos refrendando, como nación, una violación del Derecho Internacional, y estaremos desafiando una Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU?
En 1993, mediante el Acuerdo de Oslo, 136 de las 193 naciones miembros de la ONU, reconocieron a Jerusalén como capital del Estado palestino.
Llama la atención que el gobierno intente dar un paso de esta naturaleza, al margen del Derecho Internacional, pretendiendo justificar su decisión en la posición del Canciller, de que responde, de ese modo peligroso, al pedido del Centro Israelita en el país, siendo realmente una comunidad pequeña, mucho más pequeña que la comunidad árabe, de la cual forma parte el señor Presidente de la República, en tanto descendiente de libaneses. ¿Acaso esta opinión no le merece atención?
La Cancillería se ha guiado, en este caso, por la manifiesta supeditación que muestra, también en otras decisiones tomadas, a las decisiones norteamericanas en política exterior, olvidando que somos un país soberano, y que antes que ser comparsa de ninguna potencia, debe velar por los intereses estratégicos de la nación.
Somos muchos dominicanos y dominicanas, los que repudiamos esta nueva decisión,y se lo seguiremos expresando, a quienes hoy la dirigen, por todos los medios posibles.
