Durante el pasado año 2020, no obstante el duro impacto económico mundial generado por 9 meses de dura pandemia de coronavirus, la República Dominicana recibió 8,219 millones de dólares en forma de remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior, mayormente desde Estados Unidos desde donde llega alrededor del 80 % de las remesas totales, reflejando un incremento total de un 16 % con relación al anterior año 2019, lo que conforme a los registros estadísticos del Banco Central de la República Dominicana representa el mayor crecimiento de las remesas en los últimos 10 años, incremento que contradice las proyecciones de caídas que habían sido estimadas en abril 2020 por el Observatorio Político Dominicano, y contrasta con la paralización parcial del aparato productivo mundial a causa de una pandemia que ya ha provocado 100 millones de contagios a nivel global, de los cuales 25 millones se concentran en los Estados Unidos de América y 200 mil se concentran en la República Dominicana, sugiriendo que los dominicanos impactados por la pandemia en los Estados Unidos se esforzaron en aumentar sus apoyos económicos a sus familiares impactados en la República Dominicana, y eso se llama solidaridad familiar.
De ahí que la publicación de esa información motivó que el cónsul dominicano en New York, desde donde viene la mayor parte de las remesas, sugiriera públicamente aplicar un impuesto de un 1 % a esos 8,219 millones de dólares anuales de remesas, para que los consulados dominicanos dispongan de 82 millones de dólares anuales para planes sociales en el exterior, lo que de inmediato generó la irritación de gran parte de la población, pero mayormente de los dominicanos residentes en el exterior, quienes entienden que si ellos tuvieron que emigrar para buscar mejores oportunidades laborales en otros países, principalmente en los Estados Unidos, y mensualmente, por razones de solidaridad familiar, ellos tienen que segregar una parte de sus ingresos para enviarla a sus familiares que siguen viendo en la República Dominicana, no es justo que un funcionario del servicio exterior, que sabe cómo ellos trabajan duramente en medio del invierno, plantee públicamente un gravamen en lugar de plantear un incentivo.
El disgusto colectivo fue tan extenso, que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, tuvieron que declarar, por separado, que el Gobierno dominicano en ningún momento había considerado la posibilidad de gravar las remesas, porque ello sería impracticable, declaraciones que devolvieron la tranquilidad a nuestra sociedad, pues la gente consideró como una imprudencia plantear públicamente un impuesto a las remesas en medio de la peor crisis económica de los últimos 100 años, la cual ha sido creada por una crisis sanitaria global de la cual ningún país ha podido escapar.
En ese sentido, planteamos a través de nuestra cuenta de Twitter que los dominicanos residentes en el exterior esperan recibir algún tipo de incentivo por sus grandes esfuerzos económicos en favor de sus familiares residentes en nuestro país, y en favor de nuestra economía, pues una inyección monetaria que ya supera los 8 mil millones de dólares anuales contribuye a la estabilidad cambiaria, contribuye al bienestar de quienes reciben esos recursos, contribuye al incremento del circulante, y contribuye al fortalecimiento de nuestra economía, porque las remesas han sido uno de los pilares que han ayudado a que nuestra economía sea una de las dos economías de mayor crecimiento en Latinoamérica, por lo que un incentivo oficial a considerar podría ser presentar, conocer, aprobar y promulgar una ley mediante la cual el Gobierno dominicano, a través del ministerio de Hacienda, asigne 10 puntos por cada 100 dólares de remesas enviadas a la República Dominicana, de forma tal que esos puntos tengan valor monetario y puedan ser canjeables por bienes o servicios de todo tipo.
Pero la parte de nuestra propuesta que mayor impacto positivo generó durante todo el fin de semana fue la posibilidad de que al momento de acumular 5,000 puntos, o más, el dominicano remesador pueda optar por una vivienda tipo C, o tipo B, o tipo A, donde el inicial de la vivienda tipo C quede cubierto por el Estado con 5,000 puntos acumulados, el inicial de la vivienda tipo B quede cubierto con 10 mil puntos acumulados, y el inicial de la vivienda tipo A quede cubierto con 15 mil puntos acumulados, pudiendo el interesado comprar y completar en cualquier momento los puntos faltantes para optar por cualquiera de los tipos de viviendas, idea que el Estado puede materializar a través de programas de viviendas estatales, o a través de programas de viviendas construidas en alianzas público-privadas, como escoja el interesado, lo cual, además de incrementar las remesas que fortalecen nuestra economía, ayudaría a reducir el alto déficit habitacional nacional, estimado en casi 2 millones de viviendas, ayudaría a fortalecer al sector construcción afectado por la pandemia, aumentaría el circulante, crearía más fuentes de empleos para levantarnos del colapso económico dejado por la pandemia, y devolvería a los dominicanos remesadores parte de lo tanto y tanto que ellos le han dado a nuestro país durante décadas de envíos de remesas sin recibir nada de los diferentes gobiernos, siendo un buen momento para que el Congreso y el Gobierno asuman la propuesta.
