La semana comenzó con dos noticias que llamaron poderosamente mi atención. De un lado, la vicepresidenta de la República informó que los centros educativos del país contarían con servicios de salud preventiva. Del otro, Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), informó que el presupuesto de esa institución en 2024 será de RD$43,000 millones.
Ambas noticias tienen relevancia por lo que implican para la comunidad estudiantil. El programa de salud escolar, aplicado con un enfoque integral, es una oportunidad única para abordar retos como la ceguera y la discapacidad auditiva evitables.
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, en el mundo hay alrededor de 2200 millones de personas con algún grado de discapacidad visual. De estas, por lo menos mil millones pudieron haberse evitado o se podrían tratar, cerca del 50 por ciento.
En los centros educativos esta proporción, a juzgar por la falta de datos disponibles, podría ser mayor. En distintas ocasiones he visitado comunidades en las que me presentan a jóvenes diciéndome que tienen discapacidad visual o auditiva y al evaluarles, resulta que, con unas lentillas o auriculares, se superaba la condición.
En ese sentido, Inabie tiene los servicios de salud entre sus responsabilidades y Víctor Castro acaba de decir que junto a la entrega de útiles escolares y el Programa de Alimentación Escolar, continuarán la inversión en servicios de salud. Si se considera que, sólo en 2023 esta entidad benefició a 2.2 millones de estudiantes del sistema de educación pública, equivalentes a 715,000 familias de todo el país, es enorme el potencial de respuesta que tiene en sus manos esta institución para:
- Primero, abordar las demandas de recursos didácticos del estudiantado que tiene algún tipo de discapacidad. Cada año, las familias de estudiantes con alguna condición física, cognitiva o sensorial hacen una inversión al menos cinco veces más grande que la realizada en un estudiante sin discapacidad, lo que representa una carga mayor para los hogares que viven en condiciones vulnerables.
- Segundo, evitar el desarrollo de condiciones de discapacidad mediante operativos de detección temprana. En este momento hay distintos kits de optometría móvil que permiten evaluar y diagnosticar in situ, agilizando la capacidad de respuesta y prevención.
Lo que me ha extrañado es que el anuncio de la vicepresidenta y el de Víctor Castro, teniendo cierta semejanza, parecieran no estar vinculados. La articulación de esfuerzos en esa dirección elevaría la calidad de vida del estudiantado dominicano, con los resultados consecuentes en su desempeño escolar.
El otro aspecto importante de las inversiones que hará el Inabie tiene que ver con la identificación y la facilitación de servicios a estudiantes con discapacidad. En 2023, esta entidad destinó RD$29,000 millones a la contratación de servicios múltiples, entre los que se encuentra la distribución de útiles escolares. Convendría saber cuántos de estos materiales fueron destinados para las y los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad.
En el caso de que se haya destinado una línea presupuestaria para la adquisición de materiales braille, lupas u otros recursos, sería pertinente dar a conocer estos datos. Uno de los desafíos que tienen las organizaciones de sociedad civil que trabajan con esta población es la falta de data actualizada y objetiva que permita afinar las decisiones. Y el Inabie, así como el Ministerio de Educación, tienen la posibilidad de levantar un flujo inmenso de información útil y actualizada en torno a esta población.
Ahora es momento de la nota dura: el 92.4% de las personas con discapacidad entre 5 y 21 años, registradas en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), no asiste a la escuela y el 35.7% de esta población que tiene entre 15 años o más no sabe leer ni escribir.
Y si consideramos que, de acuerdo con la Enhogar 2021, el 11.3% de los niños y adolescentes de cinco a 17 años en nuestro país tienen alguna discapacidad, quiere decir que hay una cantidad exagerada de niñas y niños que están fuera del sistema educativo o que no están aprovechando lo que les ofrecemos como país. Y esto se confirma cuando vemos que solo cinco de cada 10 personas con discapacidad de entre 15 y 27 años se inscribieron en el año escolar 2021-2022.
Esta es la tercera razón por la que celebro el incremento en el monto presupuestario del Inabie. Me permite estimar que, centrándose en el bienestar de toda la población estudiantil, contará con los medios efectivos para identificar dónde está la población con discapacidad en edad escolar y junto al Minerd interpondrá los medios para que reciban una educación equitativa.
