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A partir de 2004 y hasta 2012 las cifras oficiales de hechos delincuenciales en el país crecieron de manera alarmante.
El indicador universal que se toma de referencia para medir la criminalidad es la tasa de homicidios. En los años 2011 y 2012 llegó a 27 por cada 100,000 habitantes, equiparable a los países más violentos de la región como Nicaragua, Venezuela y Colombia, por lo que esos años fueron los más sangrientos para la República Dominicana, lo que indica que los planes que se ejecutaron en ese entonces para mejorar la seguridad no funcionaron.
Esto comenzó a cambiar desde 2013. La tasa de homicidios fue bajando varios puntos cada año, siendo de 20 en 2013, 13 en 2018, llegando a 10 en 2021 y se ha mantenido en 10 en lo que va de 2022, cuando la media en América Latina es 21, lo que constituye un descenso importante que saca al país del listado de los más peligrosos del área de acuerdo a Insight Crimes y otras auditoras internacionales. También, investigaciones de medios como la BBC excluyen al país de los lugares inseguros del mundo, pues de las 50 ciudades más peligrosas 42 son latinoamericanas y no hay una sola de República Dominicana.
Lo anterior no significa que la situación no debe mejorar pues cierta sensación de inseguridad se mantiene debido a que con otros tipos delincuenciales todavía está costando trabajo la lucha, como el asalto y el robo a mano armada que por su naturaleza mantienen a la población en alerta y agudizan la percepción generalizada de que la delincuencia es alta, aunque los números indiquen otra cosa.
Por lo anterior, las autoridades aún tienen retos por enfrentar, como continuar con cada uno de los aspectos específicos discutidos en la necesaria reforma policial, terminar de instalar las cámaras en los destacamentos policiales, agregar las cámaras de cuerpo o “body cams” en los agentes y otros puntos como completar la implementación del sistema estadístico Compstat para mayores controles.
También, hay que considerar la necesidad de modificar las partes del Código Procesal Penal que hacen más fácil al delincuente retornar a las calles, comenzando por establecer prisión preventiva automática para los casos de reincidentes.
Sin embargo, carece de fundamento decir que la delincuencia ha empeorado, en especial si quienes lo dicen ocuparon posiciones de poder justamente en los años en que la misma alcanzó los peores niveles en la historia del país y todos sus intentos por lograr algún cambio fracasaron.
