La situación de la inmigración haitiana a República Dominicana ha tomado más espacio en la opinión pública luego de la convocatoria a una marcha en el Hoyo de Friusa, en donde vive un gran número de nacionales del vecino país, en su mayoría ilegales, pese a trabajar en empresas formales de esa zona.

Indiscutiblemente, los haitianos ilegales son un peso para la economía dominicana, que aún es débil para enfrentar los problemas ancestrales de carencia de una gran parte de la población de la República Dominicana, no obstante al crecimiento que ha experimentado en los últimos años.

Alrededor del 35% de los partos registrados en el sistema público de salud de República Dominicana en los últimos años corresponde a haitianas, con el consecuente costo para el Estado dominicano, porque ese proceso humanitario es gratuito para ellas.

Además, los miles de haitianos residentes en República Dominicana, pese a que realizan trabajos formales e informales, aportan muy poco a la economía dominicana, debido a que por su ilegalidad no son registrados en los sistemas formales, como la Tesorería de la Seguridad Social y otros.

En medio de la sinceridad de muchos por la situación de la inmigración haitiana, el racismo de algunos y el figureo de otros con este tema, las autoridades y los empresarios dominicanos deben tomar una decisión sobre los nacionales haitianos ilegales en el país que aportan su fuerza de trabajo a empresas privadas.

No se puede permitir que empresarios dominicanos de la construcción y de hoteles, así como comerciantes chinos continúen aprovechándose de la contratación de haitianos ilegales a muy bajos costos en comparación con la mano de obra dominicana.

Y para que no “se les vea el refajo”, algunos “nacionalistas” deberían incluir en su discurso la reglamentación o deportación del país de otros extranjeros ilegales en República Dominicana, entre ellos sudamericanos y centroamericanos, así como europeos que se esconden en este país por tener situaciones pendientes con la Justicia.

Además, “nacionalistas”, dejen de tratar de matar la gallina de los huevos de oro del país, como es el turismo, haciendo desórdenes en Punta Cana, principal destino turístico de la República.

Necesitamos utilizar los recursos establecidos en la Constitución y las leyes para hacer mayores esfuerzos por detener la inmigración ilegal, sin hacer caso a organismos internacionales, que se deberían preocupar por lograr la paz y la convivencia en Haití, porque nuestro país no puede seguir cargando con el peso económico y social de la situación haitiana, por el bien común.

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