Hace unos días se celebró la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en Argentina. Hubo todo tipo de opiniones al respecto, desde que en los años de existencia que tiene este organismo no ha logrado ningún gran avance, hasta que el principal aporte de esta cumbre fue darle un espaldarazo político a Alberto Fernández, el presidente argentino, de cara a sus aspiraciones reeleccionistas para noviembre.
A pesar de ello, no deja de ser un instrumento de integración que reúne a todos los países de la región, salvo Estados Unidos y Canadá. A la vez, se trata de un escaparate que permite medir un poco el pulso de Latinoamérica y el Caribe ante los desafíos comunes que poseen.
Con todo, la cumbre sirvió para que jefes de Estado como Philip Davis, primer ministro de Bahamas, y Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, expusieran sus preocupaciones por la crisis haitiana. Davis dijo lo siguiente: “La trágica situación de Haití sigue planteando una amenaza sustancial no sólo para los haitianos, sino también para Bahamas y los países vecinos, los cuales están experimentando un aumento significativo de la migración irregular y a menudo peligrosa”.
Y en esa misma dirección, Abinader, como viene manifestando en distintos foros, planteó la necesidad de que la Comunidad Internacional acuda en defensa de Haití. Resaltó los desafíos que representa la crisis haitiana para los países de la región, a la vez que indicaba que el 70 por ciento de Puerto Príncipe está controlado por las bandas.
La delegación diplomática dominicana, encabezada por Roberto Álvarez, señaló que es necesario que la Comunidad Internacional acuda a Haití, en respuesta a lo establecido en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que creó un comité para sancionar a quienes financien a las bandas haitianas. Estas posturas fueron legitimadas por las declaraciones de António Guterres, secretario general de la ONU, quien a principio de semana señaló la necesidad de intervenir Haití.
¿Cuál fue la respuesta de la cumbre? En su documento final se habla de salud alimentaria, crisis medioambiental, intercambio cultural en educación, empoderamiento de la mujer, recuperación económica pospandemia. El documento de Buenos Aires planteó posiciones sobre el bloqueo a Cuba, la defensa de la democracia, los riesgos de la desinformación, lenguas indígenas y el conflicto de argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas.
Es poco probable que exista una respuesta más evidente de parte de la Comunidad Internacional a las demandas de soluciones a la crisis haitiana. Pareciera que existe un acuerdo no escrito de decirle a la República Dominicana: “Háganse cargo”.
A la vez, no deja de despertar una sensación de doble discurso, cuando escuchamos que ante los foros internacionales hablamos de los roles del multilateralismo para el desarrollo de los países y luego exigimos respeto a la soberanía de estado. Ha habido quien incluso ha citado la Constitución dominicana en cumbres de Estados para pedir que no opinen respecto a las políticas migratorias adoptadas por la República Dominicana.
Ante ese desdoblamiento, no dejo de preguntarme si moralmente nuestro país tiene la legitimidad para demandar intervención de la Comunidad Internacional en Haití, cuando ha desatendido amonestaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos vinculados a haitianos. Y podrán decir que una cosa no es vinculante con la otra, tal vez no en términos prácticos, pero es bueno recordar que parte del crédito que los países obtienen por parte de los mecanismos de integración tiene que ver con el modo en el que se manejan sus políticas internas. Este punto tiene sus salvedades, como los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en el contexto específico de la Celac.
En fin, parece claro que tampoco en esta ocasión la capacidad de incidencia de la República Dominicana ha hecho posible que el resto de países de la región adopten una postura frontal ante la crisis haitiana. Por el contrario, la cumbre estuvo centrada en promover a Lula Da Silva, retomar el discurso de la izquierda contra el mundo y condenar acciones sin mencionar a los condenados (Estados Unidos y organismos como el Fondo Monetario Internacional).