Sin que nadie se lo esperara llegó un nuevo virus que ha puesto de cabeza al mundo cambiando las formas de hacer las cosas, amenazando la salud y vida de las personas, y por caprichos del azar esta crisis sanitaria ha coincidido en nuestro país con los procesos eleccionarios que ya de por sí habían sido afectados por situaciones inusitadas de posposición, lo que la convierte también en una crisis política.
Amparándose en la Constitución el presidente mediante el decreto 134-20 solicitó la autorización del Congreso para declarar el estado de emergencia al inicio del contagio en nuestro país, lo que hizo para poder establecer restricciones a los derechos fundamentales de libertad de tránsito, asociación y reunión, así como para adoptar las medidas necesarias para garantizar la provisión de los centros de salud y para apoyar a los diferentes sectores económicos para proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores.
A la fecha se han aprobado tres prórrogas que han generado discusión en cuanto a su extensión con los congresistas de la oposición, los que a pesar de sus recriminaciones por acciones que han denunciado como irregulares se han visto forzados a aprobar, porque al final no quieren cargar con la responsabilidad de los riesgos, y actualmente se solicitó una nueva extensión por 25 días, habiendo de antemano la bancada opositora anunciado que se opondría a esta.
La solicitud de nueva extensión del estado de emergencia se limita a mencionar como en ocasiones anteriores las justificaciones para su extensión, pero no dice nada respecto de hasta cuándo el plan de reinserción gradual presentado por el gobierno e iniciado el pasado 20 de mayo exige que haya toque de queda, y por ende estado de emergencia.
Es hora de que se empiecen a hablar claramente los temas y se defina exactamente qué es lo que se necesita en cada etapa contrastando la realidad con los límites legales. Por eso el gobierno debe aprobar el plan de reinserción y el protocolo a observar mediante decretos para darles la fortaleza necesaria para seguir siendo aplicados fuera de un estado de emergencia y debe aclarar un sin número de situaciones que bajo la emergencia han quedado en zonas grises vía decretos o resoluciones, para evitar conflictos legales en el porvenir.
Igualmente debe informar cuál es su pretensión en relación con el estado de emergencia y el plan en ejecución, pues si la fase 4 del plan inicia el 1 de julio, esto podría significar que el estado de emergencia y el toque de queda se extiendan hasta esa fecha, es decir hasta 4 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales, o si se tiene que prorrogar la duración de estas fases más allá de lo previsto, o si porque una parte de las actividades no podrán iniciar hasta el 24 de agosto, se necesitaría estado de emergencia hasta esa fecha, lo que implicaría su permanencia durante la transición y la toma de posesión de las nuevas autoridades electas, lo que sería indeseado. Por eso es indispensable que se debata cómo debería manejarse la situación fuera de un estado de emergencia, implementando el plan y el protocolo sanitario en base a las facultades de protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, particularmente en emergencias sanitarias, y cuáles autorizaciones debería tener el Presidente en la nueva extensión si todas las solicitadas al inicio, o únicamente la de restringir el libre tránsito.
Y también debe visualizarse como operaría esta implementación en caso de no haber un toque de queda, y evaluar de forma sincera la necesidad de esta medida, pues el temor por regresar a la casa dentro de ese horario termina provocando más aglomeraciones en transportes públicos, que lo que sucedería si no hubiese esa restricción o fuera más reducida, y todos sabemos que el toque de queda y el confinamiento se viven de muy diferentes maneras en los distintos sectores sociales, y que al fin y al cabo por más que se quiera hacer, la protección depende sobre todo del accionar individual de cada persona, la cual de estar debidamente informada tenderá a buscar su protección, aunque no dejará de actuar conforme a su naturaleza.
