Gritos por los colegios

La mayoría de los padres de clase media de nuestro país están con el grito al cielo por la gran cantidad de dinero que deben invertir en este inicio del año escolar, como sucede siempre, en pagos del colegio de sus hijos, adquisición de uniformes y de los “renovados” textos educativos. Padres prefieren, a veces, comprar útiles, uniformes y pagar la odiada reinscripción de los centros educativos privados sin hacer los cálculos para “no volverse locos”. Algunos obtienen financiamiento para poder brindar una educación de calidad mediana a sus hijos.

De forma abierta o enmascarada, los colegios continúan cobrando las famosas reinscripciones, sin que ninguna autoridad haya podido controlar esa situación, bajo la dura consecuencia de la anhelada ley o de la conciencia de “esos negocios”.

Además de la reinscripción, los “negocios educativos” se inventan una serie de subterfugios para sacar dinero a los padres de los estudiantes. Algunos solicitan, previo a la conclusión del año escolar, el pago de una cuota para asegurar el cupo del estudiante, la cual debería ser reembolsada o acreditada, si el alumno permanece en el centro educativo.

Sustentados en la conveniente modalidad de un costo por el año escolar, “los negocios educativos”, previo al inicio del primer mes de clase, exigen un pago equivalente a la doceava parte del costo total del año lectivo.

Pero no satisfechos con los pagos fijos a realizar por los padres en un plazo determinado, so pena de incluir moras por atrasos, “los negocios educativos” cobran por “actividades culturales y recreativas”, que deberían ser incluidas como parte de su proceso de enseñanza. “Los negocios educativos”, como acuerdan un pago total por el año escolar, no una mensualidad, como deberían ser, tienen la cara dura de cobrar el primer mes de clase, aunque hayan impartido solo dos días de docencia. Pero al final del año escolar, también imparten clase unos días para “justificar” el cobro total de ese mes.

El grito de los padres se escucha más triste y alto cuando reciben la información del aumento hasta en un 10% del pago del colegio de sus hijos cada año, en violación a la Ley 86-00, la cual autoriza al Ministerio de Educación a fijar y regular las tarifas mensuales o anuales que cobran los colegios privados de educación.

Por ser la educación un sector de prioridad nacional, el Congreso Nacional debe conocer y aprobar una legislación para un mayor control del “negocio de la educación”; no solo para prohibir el cobro por reinscripción, como se ha pretendido desde ese órgano legislativo en varias “fallidas” ocasiones, con lo cual se ayudaría a la relegada y cargada clase media desde hace muchos años.