La gratuidad persigue que todo individuo, independientemente de su condición económica o social, pueda tener acceso a una justicia oportuna en igualdad del que tiene mayor poder adquisitivo, y evitar así la discriminación del ciudadano para que pueda acudir a los tribunales a interponer una acción o defenderse de ella. Ha sido un criterio pacífico que, conforme ese principio, lo que no se paga serían los honorarios y servicios de los jueces, secretarios y demás personal del tren judicial; sin embargo, en términos reales, esos ingresos provienen de los impuestos que todos aportan al Estado para satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema que esperan en cola un resultado. Ahora bien, los procesos -y sobre todo los civiles- están muy lejos de no generar cuantiosos gastos.
Primordialmente, el generado por la imperiosa necesidad de representación de un abogado, sin cuya constitución no podría presentarse ante el juez, conforme el art. 93 de la Ley No. 3-19 del Colegio de Abogados que establece la obligatoriedad de su ministerio. Dependiendo de la estrategia del profesional del Derecho -ejercicio reflexivo que tiene su precio- surgirán cargos generados en copias, impuestos, sellos, registros de documentos, diligencias, traducciones, certificaciones e investigaciones, unidas a la necesidad de contratar a otros colaboradores como notarios, agrimensores, tasadores, intérpretes judiciales… para coadyuvar con el éxito de la gestión. Mientras, el ministerial, por su monopolio como oficial público para notificar actos, va cobrando sus traslados sin tener que esperar el desenlace de la litis, cuyos costos varían según la distancia, complejidad y hasta la estrechez de su bolsillo.
Años después y con las finanzas mermadas, toca la ejecución de la sentencia que conlleva toda una parafernalia de fuerza pública, transporte, asistentes, policías, juez de paz y, de nuevo, el infaltable ministerial que alcanza el culmen de sus ingresos con un desalojo o un embargo. Al final de cuentas, gratis solo es el aire y quién sabe hasta cuándo, porque sin dinero, no hay justicia.