El análisis del acontecer nacional conduce indefectiblemente a la conclusión de que hay temas que no se solucionan por caprichosa falta de voluntad de las autoridades, funesta mala práctica que continuará en la medida que dichas acciones sigan sin tener consecuencias y contrariamente resulten útiles a los intereses particulares del momento.
Nuestro sistema electoral ha sido víctima de esa falta de voluntad, la cual resulta paradójica actualmente, pues la única modificación que ha tenido la ley electoral la propició el partido oficial siendo oposición en el año 2003, sin embargo luego de catorce años continuos de gobernar y de tener control del Congreso desde hace más de diez, no ha tenido la voluntad de impulsar su modificación ni siquiera la de aprobarla bajo la iniciativa de la JCE.
Pero la voluntad que ha faltado para aprobar un nuevo régimen electoral y una ley de partidos políticos, sí existió para imponer una JCE integrada de forma parcializada y conducida autoritariamente por su pasado presidente, quien impuso malas y costosas decisiones como la del voto electrónico y compras de equipos, las cuales no hicieron colapsar las pasadas elecciones gracias a la intervención, apenas días antes de las mismas, del jefe de la misión observadora de la OEA de que se permitiera el conteo manual, a lo que se había irracionalmente negado con el aparente apoyo de su partido. Como resultado tenemos unos equipos que costaron aproximadamente 35 millones de dólares que no sirvieron a los fines adquiridos, no sirven para ser utilizados en las próximas elecciones como ha declarado públicamente la actual JCE y cuesta un dineral tenerlos almacenados deteriorándose.
Y no ha habido voluntad para aprobar una ley de partidos porque lo cierto es que el partido oficial y los otros que en su momento controlaron el Congreso han preferido seguir transitando sin la misma, manteniendo estructuras de papel que languidecen ante los poderes hegemónicos de sus eternos líderes que deciden y reparten posiciones antojadizamente y apoyan y hasta encubren a los suyos a pesar de la irracionalidad o ilegalidad de sus posiciones, en aras de mantener una cohesión, que solo tiene como punto de real unión preservar el poder, la cual, por tanto, se resquebraja cuando algunos de sus líderes se disputan a lo interno el ejercicio del poder.
Aunque nuestras autoridades pretenden hacer lucir un interés de priorizar su aprobación, realmente no la desean y la mejor prueba es que en vez de haber iniciado con la discusión de la modificación al régimen electoral que era lo más lógico y fácil así como de continuar el camino que se supone había avanzado la comisión bicameral en cuanto al proyecto de ley de partidos, a pesar de que el contenido de sus avances es hasta ahora secreto; han provocado que las dos cámaras del Congreso designen comisiones para revisar paralelamente ambos proyectos, lo que aleja la posibilidad de su aprobación, la cual solo será posible mediante el consenso.
La modificación a la ley electoral y la aprobación de la ley de partidos debieron suceder hace tiempo y urgía que fuera el año pasado, pero para poder ser implementadas por la JCE en las elecciones del 2020 deben ser aprobadas antes de que finalice la presente legislatura. No hay forma de contabilizar los perjuicios que ha ocasionado y seguiría ocasionando al país su falta de aprobación, pero lo que sí podemos afirmar es que por esto hemos perdido todos, los ciudadanos, los partidos y la democracia, y la culpa de esas invaluables pérdidas hay que empezar a hacérselas pagar a los responsables que nos quieren seguir engañando, tirando la piedra y escondiendo la mano.
