Fiscalización y control de los fondos públicos, una tarea pendiente

Uno de los puntos luminosos logrado en el proceso de modificación de la Constitución dominicana en el año 2010, fue la ampliación de las funciones de fiscalización y control de los fondos públicos. En ese sentido, en la Ley Suprema se establecen dos tipos de controles. Por un lado, el control interno, que ejerce la Contraloría General de la República, y el control externo colegiado, que recae sobre la Cámara de Cuentas, el Poder Legislativo y la ciudadanía.

En lo referente al control interno, en el artículo 247 de la Ley Sustantiva, le atribuye estas funciones a la Contraloría General de la República. Con relación al control externo, en el artículo 246 de la Constitución, al describir las instituciones que tienen la responsabilidad de realizar el control y fiscalización de los fondos públicos, se postula que:

“El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.

Es importante destacar que, el referido artículo incluye dos figuras nuevas encargadas de la fiscalización y control de los fondos públicos, que son: el Poder Legislativo y los ciudadanos. En el caso del Congreso Nacional, estas funciones se suman a las establecidas en el artículo 93.3, referente a las atribuciones de este primer poder del Estado en materia de materia de fiscalización y control.

En lo concerniente al control ciudadano, la asignación de la facultad para convertirse en veedores de los fondos públicos, significa un importante paso de avance por dos razones, primero: permite que los ciudadanos se integren al control externo, el cual antes de la reforma a la Constitución solo le era concedido a la Cámara de Cuentas, y segundo: ayuda a mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción administrativa.

En síntesis, la Constitución nos ofrece la oportunidad de contribuir con la transparencia; fortalecer la institucionalidad y mejorar la lucha contra la corrupción. En ese orden, si queremos avanzar hacia la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, tenemos el deber y la obligación de convertirnos en artífices de nuestro propio destino. La idea, es dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos.