Las condiciones de hacinamiento en que viven miles de personas en la República Dominicana, constituyen un caldo de cultivo para la reproducción del círculo de la pobreza y la marginalidad. Esta situación, influye considerablemente en el aumento de la delincuencia y la criminalidad en nuestro país.
Por las razones expuestas, como sociedad debemos abocarnos a diseñar una política criminal integral, que tome en consideración los factores que se han identificado en este y los artículos anteriores. En ese sentido, si queremos avanzar como nación en la reducción de la pobreza, el hacinamiento, la marginalidad y fortalecer la lucha contra la criminalidad, hay que tomar en consideración todos los factores que inciden de manera directa e indirecta.
Desde el Estado se debe procurar el establecimiento de políticas públicas, tendentes a establecer controles eficaces de natalidad, programas de educación sexual en las escuelas públicas y privadas, con la finalidad de reducir la deserción escolar en las y los adolescentes por tema de embarazo, un posible aumento de madres solteras y la proliferación de núcleos familiares monoparentales.
Partiendo de las consideraciones externadas precedentemente, históricamente se ha creído que, para reducir la delincuencia y la criminalidad, en el país se requieren medidas populistas, como el aumento de las penas. En ese orden, se ha comprobado que aumentar las sanciones por hechos delictivos, no influye en la reducción de la criminalidad.
En este contexto, hay que atacar el problema desde las raíces tomando como referencia los elementos que inciden de manera directa e indirecta, como los que se han descrito precedentemente, los cuales regularmente son obviados, al momento de establecer acciones para enfrentar el fenómeno de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana.
En síntesis, el aumento de la pobreza y la criminalidad tiene muchas aristas, las cuales influyen de manera preponderante. Esto implica que, como país, debemos establecer políticas públicas preventivas, ya que, se ha demostrado que los mecanismos coercitivos tradicionales que utiliza el Estado no funcionan de manera eficaz.
En ese tenor, la situación descrita anteriormente requiere el establecimiento de una política criminal integral, donde se analicen de manera objetiva los factores que inciden en la comisión de hechos delictivos. Además, que se procure la participación de la sociedad civil, a través de las juntas de vecinos, las iglesias, los clubes deportivos, y otros sectores que sí conocen la realidad de nuestros barrios.
