La revelación del ministro de Educación, Ángel Hernández, de que lo amenazan con “darle un tiro”, y otras intimidaciones perpetradas por personas que son investigadas por corrupción, constituyen un claro desafío que el pueblo no debe pasar por alto.
Además de la amenaza a la vida del ministro Hernández, dos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez han proferido amenazas contra integrantes del Ministerio Público que los investigan por el caso Antipulpo.
El primero en amenazar de manera pública, clara y precisa, al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, fue el señor Alexis Medina Sánchez, quien en video que se hizo viral advirtió, a propósito de la indagatoria por corrupción que se le sigue, que unas veces se hace “de espalda”, para recibir latigazos de castigo, y otras “de látigo”, que lacera.
Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, precisó que en el contexto de una salida de audiencia la señora Magalys Medina Sánchez “salió molesta, diciendo a los miembros del Ministerio Público que la íbamos a pagar, que esto no se quedaba así”, según reportes periodísticos del pasado 28 de octubre.
Los tres casos citados de manera tan concreta, y el antecedente del asesinato de Orlando Jorge Mera en el cumplimiento de sus funciones, deben dejarle claro a la sociedad dominicana, al pueblo, que la gente que se siente pasible de ser condenada por apropiarse de manera ilegal de fondos públicos está enviando señales peligrosas, que no deben ser echadas en saco roto.
La coincidencia en el tono amenazante de los hermanos Medina Sánchez, agregan la implicación de tratarse de gente que diligencia retornar el poder, para lo cual tienen ya candidato presidencial y están dejando bien claro que si ocurriera la desventura de que volvieran a ejercer el poder, están advirtiendo que lo harían en plan de retaliación, de dar guerra, lo que sería de gravísimas consecuencias para el país.
Es importante ahora advertir que estamos en un punto de inflexión en el que debemos redireccionar el rumbo desde la pasividad con que asistimos al inicio de la independencia y el saneamiento del sistema judicial, empezando por el ministerio Público, a una actitud activa.
Esas amenazas deben motivarnos a respaldar proactivamente y armados de coraje cívico al ministro Ángel Hernández, y a todos los miembros del sistema judicial que están recibiendo amenazas y presiones para que no cumplan el mandato a que los obligan la Constitución y las leyes.
Respaldar también la determinación del presidente Luis Abinader de hacer efectivo el por tanto tiempo reclamado anhelo de construir, por fin, un sistema judicial independiente que sea zapata de la institucionalidad y la democracia que sustentan el pleno desarrollo humano.
Quienes buscan enriquecerse de manera ilegal y rápida es gente de cuidado. Ya este gobierno y el PRM fueron víctima del asesinato de su funcionario y dirigente Orlando Jorge Mera, por no prestarse a servir a acciones ilícitas. Estamos prevenidos.