Ayer vimos muchas manifestaciones de alegría por celebrar el Día Internacional de la Juventud. Esto se magnificó un poco con las noticias del regreso de Marileidy Paulino, la campeona olímpica, al país. Sin embargo, la juventud dominicana presenta una cantidad importante de barreras que les dificultan una participación plena, en condiciones de igualdad.
Así, se estima que más de la mitad de la población entre 15 y 29 años de nuestro país pertenece a hogares en situación de pobreza. De igual manera, más del 54 por ciento de los jóvenes estudian, mientras que más del 43 por ciento no lo hacen. A la vez, el 51.4% trabajan.
Aquí cabe destacar que la principal causa para abandonar los estudios es la falta de recursos económicos. Conviene señalar que en estos datos no se contempla a la población joven que vive con alguna discapacidad.
Cuando se suma esta condición, los niveles de vulnerabilidad aumentan radicalmente. Por ejemplo, entre la población que vive en situación de pobreza, nueve de cada 10 personas con discapacidad no asiste a la escuela y ocho de cada 10 carece de empleo. En el caso de las mujeres jóvenes con discapacidad el escenario es mucho más preocupante.
Y claro, para superar estos obstáculos cada sector social, productivo y político tiene una responsabilidad material y moral. Es muy fácil hablar de que tenemos por delante grandes oportunidades con carreras STEM, mucha innovación y fomento de emprendimientos acordes con las tendencias globales. Lo difícil es generar las condiciones para subsanar desigualdades acumuladas por generaciones y generaciones de pobreza a todos los niveles.
En el caso de la Fundación Francina, impulsamos acciones concretas y modestas para saldar parte del rédito social que la falta de garantías de derechos le ha cobrado a la juventud con ceguera y baja visión. En ese sentido, impulsamos todo tipo de alianzas, con universidades, con empresas, instituciones públicas y recientemente con Fondos Canadá. En cada uno de los casos, el fin es ejecutar proyectos de formación y de gestión del talento que reduzcan las brechas educativas y de generación de ingresos.
Pero esta es sólo una parte de lo que estamos haciendo. A partir del próximo viernes 16 de agosto, tras la toma de posesión del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, nos queda por delante la tarea de validar, con el plan de gobierno en la mano, cada una de las acciones programadas en materia de juventud.
Y nos hemos planteado este objetivo, con dos enfoques esenciales: primero, porque nos corresponde verificar que la población joven que tiene alguna discapacidad cuente con las garantías de participación esenciales para edificar entornos de igualdad. Segundo, porque históricamente, en nuestro país, los planes de gobierno funcionan como documentos que se presentan en campaña ante la Junta Central Electoral, pero de los que luego se sabe poco y nada.
Entendemos que esta labor de veeduría es parte del ejercicio democrático que nos empuja a fortalecer la institucionalidad del país. Y por supuesto, implica asegurarnos de que cada una de las acciones que ejecutamos con aliados como Fondos Canadá sean sostenibles en el tiempo, en el marco de un contexto institucional que garantiza la dignidad, la participación y la igualdad de oportunidades a las poblaciones vulnerables, con una perspectiva de género.
Por eso, que en estos días estemos celebrando el orgullo por los logros de Marileidy, la alegría del Día Internacional de la Juventud y el patriotismo del 16 de agosto son excusas perfectas para insistir en la necesidad de accionar con más energía en favor de todas las poblaciones. Es el contexto idóneo para resaltar que cada persona precisa de un Estado garante, que va más allá del gobierno de turno, que se corresponde con la responsabilidad moral y material de todos los dominicanos y dominicanas, desde la posición o el sector en el que se encuentren.
