¿Es lo mismo?

La reacción inmediata de la Dirección Política ante los sometimientos judiciales contra los acusados de la “Operación Calamar” fue la de que la actuación judicial se sujetara al debido proceso que establecen la Constitución y las leyes. Ese es el marco jurídico para respetar los derechos.

A su vez, desde la cúpula dirigencial del PLD su presidente declaró que se trata de una persecución política. Esa reacción obligaba a poner mayor atención al proceso de apoderamiento iniciado para que se sujetara a los procedimientos establecidos, tal y como se había requerido.

Este sábado pasado la prensa trae titulares que disipan hasta ahora esos temores, y parecen hablar bien de la actuación del Ministerio Público, encabezado por la doctora Miriam German, procuradora general de la República, Wilson Camacho y Yeni Berenice, cuando esos titulares dicen : “Festín de delaciones en la audiencia del caso Calamar. Diez de 20 imputados en ese proceso admitieron los hechos…” (elCaribe).

“¡Se declaran culpables! Diez imputados de la Operación Calamar se declararon culpables en el tribunal que conoce las medidas de coerción” (periódico Hoy). Por su parte “Diario Libre” titula: “Camacho : Es ‘asombroso’ que la mitad de los imputados en la red Calamar hayan admitido los hechos”.

Las confesiones de los 10 de 20 imputados que han declarado, hace incomparable este proceso con la judicialización política que se hizo en el Brasil contra Lula, quien nunca admitió los hechos que se les atribuían y sobre los cuales fue finalmente descargado por los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo de Brasil.

La judicialización de la política y la politización de la corrupción fueron dadas a conocer avanzado el 2013, en una reunión del CP del PLD, cuando informé sobre la decisión del sector conservador del continente y estadounidense de llevar el debate político a los tribunales, y las acusaciones de corrupción al debate político, y no a los tribunales. Esa decisión fue acordada por los conservadores del continente en una reunión celebrada en Atlanta, en el segundo semestre del 2012, porque buscaban frenar las fuerzas progresistas que venían ganándoles en las urnas; el guión se iniciaría por Brasil con Lula.

El compañero Manolo Pichardo, quien se había enterado, me suministró los datos, hizo saber a organizaciones de Sur y Centroamérica, denominándola Plan de Atlanta, por haberse realizado en esa ciudad. La reunión de los conservadores. De ahí que en Brasil acusaron a Lula y dieron un golpe de Estado blando al gobierno a Dilma Rousseff (2011 a 2016), quien gobernaba llevada por el PT y el apoyo de Lula.

Entonces no entendí el poco interés del presidente Medina. Su posición marcó el rumbo, pues siendo el presidente de la República, por razones de Estado, conducía la política internacional.

Tres años después, diciembre 2016, acompañando al Dr. Leonel Fernández a los funerales de Fidel Castro, en Santiago de Cuba, coincidimos con Lula y Dilma a quienes les expresamos solidaridad.

¡Obvio, no es lo mismo! Lula sostuvo su inocencia y ha sido desagraviado por tribunales y elegido presidente; en cambio, en “Operación Calamar” 10 de 20 que han hablado al tribunal confiesan culpabilidad.

¡No es lo mismo! Por eso Lula es presidente y Leonel lo será en 2024; son liderazgos, expresiones de causas e ideas de sus pueblos, para hacer valer la libertad.