Entre las patas de los caballos

Todos estamos de acuerdo en que salud y educación son dos cosas esenciales, la primera porque sin ella no hay bienestar ni nada, y la segunda porque es la herramienta indispensable para el desarrollo humano, para que cada uno pueda generar los ingresos que son necesarios para afrontar el costo de la vida, y para que colectivamente un país en vías de desarrollo como este pueda superar las inmensas desigualdades y disminuir los niveles de pobreza.

La frustración por los bajos niveles de nuestra educación, principalmente la pública, y los bajos porcentajes de recursos humanos debidamente educados, hizo que gran parte de la sociedad civil organizada abrazara el tema de la lucha por el 4% para la educación, conquista que luego de alcanzada ha generado una profunda decepción, al constatar que nuestro sistema educativo sigue siendo un enorme elefante blanco que engorda cada año al ritmo del crecimiento del PIB y se hace más pesado y lento para moverse hacia su transformación, pero sin que eso se traduzca ni en aumento de la calidad, ni en solución de los problemas básicos que siguen casi iguales, pero con más difícil solución, pues el dinero ha aumentado los apetitos políticos y fortalecido el pulso del gremio de maestros para conseguir una tajada cada vez más grande del pastel.

La población dio un salto con el inicio del Seguro Familiar de Salud del Sistema de Seguridad Social, porque los afiliados del régimen contributivo pasaron todos a gozar de un seguro de salud sin exclusiones discrecionales, lo que a su vez impulsó un enorme crecimiento del sector salud, al tener un número mayor de pacientes asegurados para facturarle los servicios. Desafortunadamente también aquí los intereses económicos particulares han primado sobre el interés general, y como al inicio con tal de iniciar su aplicación se dejaron de lado aspectos nodales del sistema, como lo es la puerta de acceso a través de un primer nivel de atención, en la práctica el sistema ha quedado enredado en la continua lucha entre los miembros del Colegio Médico y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), sin que las autoridades del sistema hayan jugado un verdadero rol de regulador.

El mayor logro que representaba el inicio del seguro de salud del sistema era que su cobertura era similar sin importar la contribución individual de cada quien, lo que empezó a distorsionarse desde el inicio pues las ARS fueron diligentes en convencer a los ejecutivos de empresas de contratar planes complementarios para garantizar mayor cobertura, lo que fue creciendo e hizo que erróneamente los afiliados se concentraran en requerir a sus empleadores coberturas complementarias, dejando de lado el enfoque en el cumplimiento de la ley. A la postre lo que ha sucedido es que los problemas fundamentales no se han solucionado y las ARS aprietan cada vez más la llave para denegar servicios aunque se tenga un plan complementario, mientras la mayoría que no los tiene, porque no pueden pagarlos o porque las ARS no los aceptan por tener condiciones de salud, ya no solo ven limitados sus accesos a los servicios por denegaciones basadas en nomenclaturas que se han convertido en un ilegítimo filtro, sino que se ahonda cada vez más la diferencia entre unos y otros afiliados, pues las ARS pretenden que la gran masa que solo cuenta con el Plan de Servicios de Salud reciba no solo menos atenciones, sino de peor calidad, imponiendo distinciones no previstas en la ley, en cuanto a calidad, lo que deriva en mayores problemas de salud.

Mientras se dan las luchas de temporada, unas protagonizadas por la Asociación Dominicana de Profesores y otras por el Colegio Médico Dominicano, la triste realidad es que la buena educación es privilegio de unos cuantos que pueden pagarla, y el acceso a la salud se ve cada vez más constreñido y presionadas las arcas públicas, porque de estas deben salir los fondos para cubrir atenciones incosteables para muchos, que a pesar de tener un seguro su salud, dependen de la asistencia estatal. La población yace atrapada entre las patas de sus caballos, y solo una firme voluntad de hacer cumplir la ley, podría sacarla de su indefensión, pero para eso tenemos que sacar la política de la ecuación, así como el temor al costo que acarrea tomar decisiones que sirvan al interés general.