La atención nacional está pendiente de que se produzca una reunión del comité político del partido de gobierno, puesto que no es un secreto para nadie que los conflictos entre los dos principales líderes del mismo mantienen inusitadamente en suspenso la discusión y aprobación de los proyectos de ley de partidos políticos y de régimen electoral en el Congreso Nacional.
Luego de que ante el conflicto por la forma de la celebración de las primarias en la última reunión de dicho comité celebrada en octubre del pasado año, se decidiera designar una comisión de juristas para que dictaminara sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas, a pesar de que ya existe un fallo declarando su inconstitucionalidad, quedó demostrado que intentar buscar una solución jurídica a un problema político, no era la salida, pues no solo no han podido ponerse de acuerdo en cuanto a la conformación de dicha comisión, sino que ni siquiera dicho órgano se ha podido reunir nuevamente.
Peor aún, la comisión bicameral que estaba discutiendo dicho proyecto de ley y el de régimen electoral que durante algún tiempo estuvo muy activa, no volvió a reunirse, los resultados de sus avances no han sido socializados y se desconocen los textos supuestamente consensuados y el presidente de la misma y senador de la República no volvió a ofrecer sus otrora halagüeñas declaraciones sobre los avances de los trabajos de dicha comisión, las que sustituyó por una muy conflictiva propuesta de modificar el artículo 124 de la Constitución para eliminar el “jamás”.
Es mucho lo que está en juego por un conflicto que tiene más de rivalidad personal que de posiciones encontradas, pues no solo se trata de si las elecciones podrán ser adecuadamente organizadas con la vigente ley electoral, sino de que el peligro que representa la infiltración de dinero sucio en las campañas y en la selección de candidatos es una alarmante realidad que requiere de inmediatas respuestas.
Y es que el telón de fondo de la posposición de la aprobación de estas leyes es la candidatura presidencial por el partido oficial, la cual la facción del presidente prefiere escoger en primarias abiertas, no para asegurar un mayor grado de democracia como alegan algunos de sus voceros, sino para lograr imponer de esa forma un candidato a la medida del presidente impedido de reelegirse, lo que anticipan más difícil en unas cerradas.
Como si esto no bastara, la prolongada espera tiene en vilo también otro asunto al que pocos están prestando atención, y es la necesidad de convocar al Consejo de la Magistratura para seleccionar los sustitutos de los cuatro jueces del Tribunal Constitucional que fueron electos el 21 de diciembre de 2011 por un período de seis años para garantizar la renovación gradual de su matrícula, conforme disposición transitoria de la Constitución.
Es evidente que el cambio de cuatro jueces de un tribunal conformado por trece y que hace mayoría con nueve, puede querer ser manejado para pretender controlar las decisiones del mismo, como podría ser la de decidir sobre la constitucionalidad de las restricciones al mandato presidencial, peligroso camino que ya han transitado otros países de la región.
Por eso debemos prestar mucha atención a la selección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y exigir que la misma se haga asegurando la mayor transparencia, así como la independencia y probidad de sus miembros, para evitar que dicha alta corte pase de ser la que garantiza la supremacía de la Constitución a la que interprete que la misma diga, lo que quienes tengan su control quieran.
