La llamada regla de oro, que obliga a los regidores a elegir en la presidencia de la Sala Capitular a alguien del mismo partido que el alcalde o la alcaldesa, ha evitado que se repitan incidentes de triste recordación. Esa es la parte buena de ese acuerdo, ratificado año por año desde hace tiempo. Pero también tiene sus partes malas. De hecho, en una nación con suficiente desarrollo institucional no sería necesario aplicar una norma como esa. Cuando aquí no se necesite, podremos decir que nuestra democracia ha avanzado.
Imposición consensuada
Los actores políticos han reivindicado este acuerdo en aras de preservar la paz, aunque implique sacrificar de algún modo la democracia. La imposición, que en este caso es consensuada, no permite un proceso libre y democrático. Se prohíbe que dos o más fuerzas construyan una mayoría y derroten a la fuerza predominante, que muchas veces tiene mayoría relativa, pero no absoluta. Es decir, que se impide una acción propia del juego democrático. Lo otro es que se rompe la posibilidad de equilibrio y de fiscalización, cuando se determina que obligatoriamente, los titulares de la Sala Capitular serán compañeros de partido del alcalde o la alcaldesa. La regla de oro es un mecanismo válido por lo que logra resolver, pero al igual que otros inventos similares, como la cuota femenina, por ejemplo, dejará de existir si nos desarrollamos lo suficiente.
Alcaldes del GSD
A propósito de alcaldes, las rendiciones de cuentas, específicamente las presentadas por los titulares de los cabildos del Gran Santo Domingo tenían aroma reeleccionista. Repetir en el cargo parece ser el objetivo de casi todos, por difícil que parezca, en algunos casos. Curiosamente, la excepción se da en el Distrito Nacional, donde Carolina Mejía no quiere seguir, y tiene todas las posibilidades de hacerlo, si se lanza. Eso lo saben en el PRM y en los otros partidos.
